Integrantes de la Asamblea Ambiental Gualeguaychú se reunieron ayer con el intendente Martín Piaggio, y avanzaron en una serie de peticiones que desde hace un tiempo vienen reclamando tanto por las consecuencias de la pastera exBotnia, como el impacto que traerá UPM 2, actualmente en construcción en Durazno, en la República Oriental del Uruguay.
Con UPM 2 en litigio en Uruguay, Asamblea Ambiental se reunió con Piaggio
“Hablamos y presentamos algunos problemas que ya le habíamos planteado por escrito. Uno de ellos fue el cambio de digesto de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), cuyas modificaciones dispuestas hace un año, establecen parámetros distintos a los existentes, más favorables a Botnia, al permitir niveles de mayor contaminación”, indicó a UNO el histórico dirigente ambientalista Juan Veronesi.
Sobre ese punto, la idea de la Asamblea Ambiental es tener una reunión con el presidente de la CARU, José Lauritto.
Otro punto conversado fue la posibilidad de contar con un medidor de contaminación de aire, que se ha venido gestionado desde hace mucho tiempo. El equipo para evaluar el nivel de gases en el aire había sido utilizado para la presentación ante La Haya, y pertenece a la Comisión Nacional de Energía Atómica (Conea).
“Queremos su ubicación en la zona sur de Gualeguaychú, porque es un lugar que favorece el flujo del aire que pasa por Botnia. Pretendemos brindar un informe a Gualeguaychú de lo que se percibe de este lado de la costa, una contaminación transnacional de este lado del río. El intendente también lo tiene como preocupación; creemos que se pueden subsanar los problemas, que había planteado Conea respecto del terreno y el sistema eléctrico. Para ello necesitamos gestiones políticas ante el Ministerio de Interior para que convenza a la Conea para concluir la instalación”, planteó Veronessi.
Y otro punto tratado fue concretar una reunión con Cancillería, que el intendente se comprometió a gestionar.
La situación coincide, justamente, en el marco del litigio judicial en marcha en Uruguay, en el que la Justicia deberá decidir el lunes si frena o no el avance de la obra de UPM 2.
“Nosotros sostenemos que esta nueva pastera afecta al río Uruguay, ya que llegarán los desperdicios provenientes del río Negro”, planteó.
La jueza uruguaya Magela Otero dictará el fallo lunes, a partir de la acción de amparo presentada por el Movus solicitando la detención de las obras de la planta de celulosa de UPM en el departamento de Durazno, mientras no cumpla las condiciones de la autorización ambiental.
En las instancias previas, el colectivo ambiental denunció que se inició la construcción de la planta sin tener definida la Línea de Base, es decir, las condiciones ambientales previas en el área de influencia del proyecto para medir después los impactos en su transcurso. La resolución ministerial del 14 de mayo de 2019 otorgó la autorización ambiental con la condición de que se hicieran esas mediciones al menos un año antes de iniciar las obras, sostuvieron. El planteo de Movus añade que “esa resolución estableció que en un plazo máximo de seis meses debía estar definido y aceptado por la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) el sistema de dilución de los efluentes de la planta en el Río Negro. Con ese fin, UPM requirió un caudal mínimo de 80 metros por segundo en el río pero, a pesar de varios estudios, no ha encontrado hasta el presente una solución aceptable del problema”.
“UPM no pudo demostrar que la denuncia del Movus fuera infundada, pero en su lugar buscó desviar la discusión alegando que la Línea de Base cambia constantemente y se ajusta sobre la marcha de las obras, lo cual es falso, y que el sistema de dilución de los efluentes no se estaba construyendo, por lo que no era necesario que se hubiera presentado el proyecto para su autorización definitiva por la Dinama”.
En la última audiencia, a pedido de UPM, se incorporó un informe donde la Dinama afirma que las obras comenzaron el 5 de octubre de 2019 luego de aprobado el Plan de Gestión de la Construcción y que las actividades cuentan con las aprobaciones ambientales correspondientes. El organismo oficial agrega que en los antecedentes administrativos no se ha constatado daño ambiental o peligro inminente.
“No tenemos grandes expectativas sobre que prospere un freno de la obra, ya que no lo pudo hacer siquiera La Haya. Si vemos como positivo el reclamo ambiental que emergió en Uruguay, que nos da la razón a la lucha histórica de Gualeguaychú”, dijo Veronesi.












