Clamor por solución pacífica al desalojo en calle Churruarín

Luego de los hechos de violencia sucedidos el martes a la madrugada en calles Churruarín y López Jordán de Paraná, hubo más repercusiones, pronunciaciones, y se aguarda que la Justicia acceda y habilite una instancia de diálogo que aporte racionalidad a los acontecimientos.

A primera hora de la mañana de ayer el Superior Tribunal de Justicia apoyó el accionar del juez Juan Carlos Coglionesse y repudió las acciones de desobediencia de una orden judicial (Ver recuadro Apoyo); y más tarde organismos de derechos humanos repudiaron la represión de la Policía, reclamaron una medida de no innovar para garantizar los derechos de los niños que viven en el predio y dieron a conocer que un bebé de 8 meses afectado por gases lacrimógenos tendrá secuelas de por vida.

Por otra parte, en horas de la tarde aún no había novedades en torno de la presentación de la Defensoría del Pueblo para constituirse como ámbito de negociación y diálogo entre las partes.

“Planteamos la necesidad de resolver estos conflictos como procesos de diálogo y mediación. Entendemos que hay un fallo judicial firme y solo queremos que no haya violencia en el desalojo”, remarcó Luis Garay.

Repercusiones

En conferencia de prensa realizada en la sede de Agmer Central, organismos de derechos humanos de la provincia repudiaron el accionar de la Policía y de la Justicia.

Manuel Ramat, dirigente de ATE y la CTA, expresó: “Exigimos que se investigue y que quienes han sido responsables de este hecho, realmente, asuman esa responsabilidad: desde el empresario, el juez (Juan Carlos) Coglionesse y las autoridades de la Policía que ejecutaron semejante barbaridad”.  

Por su parte, el abogado Marcelo Boeykens explicó los pasos que, junto a sus colegas Sofía Uranga y Lucía Tejera se vienen dando ante la Justicia. “Estamos desarrollando una medida tendiente a resguardar los intereses superiores de los niños que habitan el inmueble”, dijo al referirse a una acción de prohibición de innovar que impulsan para suspender la medida de desalojo hasta que se garanticen los derechos de los chicos. Aclaró que en estos momentos trabajan en la apelación a la resolución del juez que denegó ese pedido.

El abogado –integrante de la Liga por los Derechos del Hombre– dijo que con su orden de desalojo el juez Coglionesse “dejó de lado la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; la Ley sobre protección integral de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la Constitución nacional en cuanto garantiza el derecho a la vivienda digna para los niños”.

“El juez no es un personaje aislado; es parte del Estado que debe garantizar esos derechos. No se puede dejar a la madrugada a niños durmiendo en la calle. Simplemente dio una vista formal a los estados provincial, municipal y al Copnaf, quienes no dieron las respuestas que realmente se necesitan para este tipo de situaciones”, resaltó.

Detalló luego que allí hay seis o siete menores de edad: bebés, niños y adolescentes. “A uno de ellos le ha quedado una secuela que va a tener de por vida por aspirar gases lacrimógenos. Anoche (por el martes) estuvo internado en el hospital San Roque, va a tener que utilizar PAF para toda su vida. Esto es una muestra cabal de lo que veníamos diciendo, que había que resguardar los intereses de los niños, que no se podía poner por encima de sus derechos el derecho absoluto a la propiedad privada, como si realmente existiera tal derecho absoluto”.

Por otro lado, añadió, está la discusión sobre quién es el propietario del inmueble: si pertenece a quienes lo habitan hace 30 años, es decir, aquellos que reclaman la usucapión, o a los empresarios que dicen ser los dueños. “Estamos convencidos de que asiste razón a la familia Petrechelli, la que va a quedarse con la propiedad”, finalizó.

En cuanto a las  denuncias de represión “se radicaron ayer en atención primaria del Ministerio Público Fiscal de la Provincia. “También intervenimos –continuó Uranga– en la detención que consideramos injusta de Emiliano Gómez Tutau, por Lesiones, atentado y resistencia a la autoridad. Fue liberado y tiene que prestar declaración”.

Apoyo

Luego de considerar y evaluar los hechos sucedidos, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos destacó el proceder del juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 1 de Paraná, Juan Carlos Coglionesse, “quien tomó todos los recaudos necesarios a los fines de dar cumplimiento a la medida ordenada”.

En ese marco, la declaración de los vocales del STJ ratifica ese accionar, “llevado adelante su función en cumplimiento de la ley y en el marco del proceso”.

“Del mismo modo –añade el escrito– repudia todas aquellas acciones que, incluso desde algunos medios, han auspiciado la desobediencia a una orden judicial, lo que podría constituir la comisión de un delito, de lo cual se ha debidamente anoticiado al Ministerio Público Fiscal instándolo a llevar adelante todas las investigaciones necesarias”.