Castrillón: los precedentes del escándalo Watergate y Trump

Los legisladores que archivaron la causa iniciada al vocal del Superior Tribunal Emilio Castrillón recordaron los juicios a dos presidentes de EE.UU.
15 de mayo 2021 · 20:46hs

La Comisión de Investigación que inició el juicio político al juez Emilio Castrillón fundamentó en nueve páginas el archivo de la causa, porque devino abstracta en el momento en que el denunciado se jubiló por voluntad propia.

El enjundioso texto, con la adhesión de la totalidad de los miembros de la Comisión de Investigación, es generoso en citas y antecedentes para el caso, y entre esos argumentos llama la atención la apelación de dos juicios de fama en los Estados Unidos: uno, el que provocó hace medio siglo la renuncia del presidente Richard Nixon, y otro, el que se siguió este año 2021 a Donald Trump, después de que concluyera su mandato.

Richard Nixon

El informe puesto a disposición de diputados y diputadas de la provincia esta semana comienza con un resumen: “la Comisión… ha considerado el expediente número 845 caratulado ‘Solicitud de juicio político al integrante del STJ Emilio Castrillón’, y, por las razones que se expresan a continuación, informa al plenario que considera ha devenido abstracta la cuestión”.

El segundo párrafo sintetiza también la razón única: “el Dr. Miguel Cullen en representación del denunciado Dr. Emilio Castrillón en oportunidad de formular el descargo, informó que a su mandante le fue concedido el beneficio jubilatorio y por esa razón el proceso devino abstracto”.

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Richard Nixon

Richard Nixon

Los legisladores enumeran una serie de casos similares, en que jueces sometidos a juicio político renunciaron antes de que el asunto llegara al Senado. Y entonces pasan a un conflicto de fama en el mundo entero: “No es menor traer a colación el caso conocido internacionalmente como ‘Watergate’, en el cual la Cámara de Representantes de Estados Unidos inició el 28 de julio de 1974 el proceso de ‘impeachment’ acusando al entonces presidente Richard Nixon de obstruir la Justicia, abusar de su autoridad y desoír citaciones del comité. Para evitar que el Senado lo destituyera Nixon renunció el 8 de agosto de 1974”.

La mención del Watergate no es ociosa, dado que el escándalo se originó en investigaciones de los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, y fueron periodistas también los entrerrianos que divulgaron actitudes de Castrillón reñidas con la serenidad, y se presentaron ante la Comisión de Juicio Político.

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Donald Trump

Donald Trump

Donald Trump

Al evaluar la utilidad de continuar la investigación que tenía por objeto “averiguar la verdad de los hechos denunciados”, los legisladores explican que, si hubiera un dictamen acusatorio que derivara en un juicio, y considerando que el resultado de ese juicio podría ser la destitución del juez, todo ello “se tornaría estéril atento que se extinguió el vínculo por un hecho nuevo (su jubilación)”. Es decir, nadie puede destituir a un juez si ya no es juez.

La Comisión se detiene muy puntualmente en el precedente que sentó el procedimiento de juicio al exjuez Carlos Chiara Díaz, que era vocal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, como Castrillón, y renunció ante el avance de un juicio político en su contra. En ese caso también devino abstracto el juzgamiento.

“Los diputados del bloque Cambiemos si bien acompañan la decisión con sustento en el criterio seguido en el citado caso Chiara Díaz, dejaron sentadas sus dudas que surgen a partir de que la propia Constitución prevé además de la eventual destitución su inhabilitación, citando el reciente caso del expresidente Donald Trump a quien el proceso se le continuó a pesar de haber concluido su mandato, basado en la Constitución de ese país que ha servido de fuente para nuestra Constitución Nacional, y que esta a su vez es fuente de la Constitución entrerriana”.

En febrero pasado, el Senado de los Estados Unidos votó a favor de la condena a Donald Trump por incitar a una insurrección cuando faltaban pocos días para que expirara su mandato, y como ya no era presidente le correspondía la inhabilitación, pero los votos no alcanzaron los dos tercios que exige la Carta Magna, y fue absuelto.

El asunto queda nomás planteado entre legisladores entrerrianos, de manera que los diputados avanzan en la decisión final: “esta Comisión concluye que la cuestión ventilada en el presente proceso de juicio político ha devenido abstracta en tanto la separación del cargo del magistrado denunciado ya ha acaecido, aunque por otra causal como es el acogimiento al beneficio previsional”.

Ratifica lo actuado

Reconocen que, en esta instancia, por haberse introducido un elemento ajeno al proceso (la jubilación) no tuvieron oportunidad “de evaluar la prueba ofrecida por el denunciante y el denunciado”. Y no se quedan allí: “Dicho esto, debe sí advertir esta Comisión que ratifica lo actuado en cuanto admisibilidad del proceso respecto de los hechos sobre los cuales se corrió traslado, en tanto no comparte con el letrado representante del denunciado que las actuaciones merecían su rechazo in límine, en particular respecto de las causales que habilitan su tratamiento”.

Y dan un párrafo de Juan González Calderón en Derecho Constitucional: “Se ha dicho con certeza que el juicio de destitución o remoción de los funcionarios o magistrados sometidos a ese control es político, con propósitos políticos, promovido por culpas políticas, cuya consideración incumbe a un cuerpo político y con efectos políticos. Aún en los casos de traición y soborno el juzgamiento es político y nada más”.

Por eso siguen: “en oportunidad de ser admitido este proceso se tuvieron presentes hechos que podían encuadrar en supuestos de mal desempeño”. Y luego: “El resultado indefectible de este proceso (el archivo por abstracto) deriva de la actitud asumida por el Dr. Castrillón quien voluntariamente instó su trámite jubilatorio apenas reunidos los requisitos para ello, de forma tal que, si pretendía el resguardo de su buen nombre y honorabilidad, pudo ser en el marco de este proceso donde obtenerlo”. Y reiteran: “ha sido el denunciado quien solicitó su jubilación y quien pidió se declare abstracta la cuestión por esa circunstancia, todo ello con prelación a los términos de su descargo”.

Como un dato accesorio, y en respuesta a otros comentarios del abogado del juez, recuerdan que en la Cámara de Diputados “no se aprobó y por tanto no se encuentra vigente un reglamento que regule el procedimiento ante denuncias de juicio político”.

El dictamen firmado por el presidente de la Comisión, Juan Pablo Cosso, del justicialismo, y el diputado del Pro Esteban Vitor, recibió la adhesión de la totalidad de las y los demás miembros de la Comisión: Manuel Troncoso, Carina Ramos, Vanesa Castillo, Juan Navarro, María Toller, Gustavo Zavallo, Julián Maneiro, Mariana Farfán, y Jorge Satto.

Cómo empezó

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados había dado curso a una investigación promovida por el periodista Daniel Tirso Fiorotto, mediante una carta al presidente de la Cámara de Diputados, Ángel Giano, el pasado 22 de abril. Allí solicitaba el juicio político contra Castrillón por supuesto mal desempeño, sostenido en diversos testimonios, algunos de ellos divulgados por la prensa.

Castrillón negó las acusaciones, pero pidió la jubilación, que le fue concedida en pocos días. Superado el episodio, en estas horas se prepara en el Ejecutivo el proceso para ocupar el lugar que el juez dejó vacante, ya con la certeza de que se elegirá a una mujer, en virtud de la nueva ley de paridad integral.

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