El juicio oral y público a la exmadre superiora del Convento de las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Luisa Esther Toledo, dejó al descubierto un entramado de violencia y de abuso de autoridad, según expuso la acusación pública durante varias jornadas de debate. A la hora de valorar las pruebas documentales y testimoniales se puede llegar a la conclusión de que el relato de las víctimas resultó contundente, a los fines de poder establecer la responsabilidad de Toledo en los hechos denunciados. Aunque, claro está, eso quedará a criterio de la Justicia.
Carmelitas: "Tan solo con escucharnos se reparó parte del daño"
En una carta que tomó estado público ayer una de las denunciantes, Silvia Albarenque, agradeció a los medios de comunicación por el tratamiento “serio y respetuoso” del caso. También se rescató el accionar de los agentes fiscales que intervinieron, tanto en la etapa de investigación como en el desarrollo del juicio.
En el comunicado además se hace alusión a la participación de la Iglesia Católica de Paraná, sin mencionar a ninguna de sus autoridades.
Evitar más casos
A continuación se reproduce en forma textual la carta enviada a la prensa local y de la provincia, en relación al caso que tendrá su adelanto de sentencia el viernes.
En primer lugar, Albarenque se encargó de realizar varios agradecimientos: “A la prensa en general por el trato serio y respetuoso a un asunto complejo y delicado.
Al Ministerio Público Fiscal, por ser el motor de corrección y cambio de situaciones gravísimas e injustas. En particular a los fiscales Uriburu, Molina y Taleb por su calidad técnica, pero más por su calidad humana.
A muchas personas –dentro y fuera de la Iglesia– que nos acompañaron en el dolor y la reconstrucción de nuestros proyectos de vida”.
En cuanto al accionar de la jerarquía eclesiástica manifestó que “luego de intentar –durante años– por canales eclesiásticos, optamos por informar a la prensa lo sucedido, con el único objeto de evitar que otras chicas sufrieran vejaciones similares a las nuestras: no podíamos estar tranquilos sabiendo que puertas adentro seguía todo igual”.
“Llegamos al juicio oral y público –sin constituirnos como querellantes– para permitir que sea la Justicia la que determine si las conductas endilgadas a la imputada se subsumen o no en el delito de privación ilegítima de la libertad”, confió en el escrito.
“Más allá de una sentencia condenatoria o absolutoria, sabemos –y la inmensa mayoría de la opinión publica sabe– que lo que relatamos es veraz y bien intencionado”.