El gobernador chaqueño, Jorge Capitanich, anunció que promoverá una "ley de ética periodística" que obligue a los trabajadores de los medios de comunicación a presentar declaraciones juradas de sus bienes para establecer "un control popular" sobre la prensa, según justificó.

El mandatario reveló sus intenciones durante su defensa de la reforma judicial impulsada por la Casa Rosada. Según Capitanich, la normativa es "necesaria para evitar operaciones, engaños o ardides perfectamente determinados".

"Todos lo que tenemos que ver con un sistema de comunicación con la opinión pública, tenemos que estar sujetos a un control popular", afirmó el gobernador chaqueño, quien durante su mandato recibió distintas denuncias por corrupción.

Para el gobernador de Chaco, cercano a la Casa Rosada, las declaraciones juradas de bienes de los periodistas deben ser públicas como las de los integrantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y ahora, Judicial. "El Poder Judicial nunca ha sido independiente de las corporaciones mediáticas y económicas", señaló el mandatario, que también es integrante del directorio de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca).

"Si vamos a plantear una democracia plena, hay que decir las cosas como son y así como hay políticos y jueces honestos, hay políticos y jueces deshonestos y así como hay periodistas honestos, hay otros corruptos", indicó Capitanich, según consignó el Diario Chaco.

Enseguida, agregó: "Nosotros nos sometemos a elecciones democráticamente, la gente nos vota o no y nos sigue o nos persigue, y eso nos parece perfecto porque eso es parte de la transparencia, pero tenemos que ser transparente todos".

Capitanich se mostró en sintonía con el deseo expresado el año pasado por la presidenta Cristina Kirchner, quien pidió la aprobación de una ley de ética pública para los periodistas que, entre otras cosas, los obligue a declarar su patrimonio, como hacen los políticos.

Tras el pedido de la jefa del Estado, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) advirtió que no es posible imponer conductas éticas en el ejercicio del periodismo profesional, por más deseables que ellas sean, y que hacerlo mediante una norma legal, de cualquier rango, implicaría casi penalizar comportamientos no delictuales, poniendo en riesgo el derecho a la libre expresión.