Buscan a exjefe de comisaría para juzgarlo por malversación

El turbulento 2002 estuvo plagado de situaciones graves para la sociedad, que hoy 11 años después parecen increíbles. En los bolsillos de los ciudadanos había bonos federales, una cuasimoneda que reemplazaba al peso y en la memoria las huellas de la represión de 2001: en Paraná fueron asesinadas por la Policía de Entre Ríos tres personas. También había un juicio político en marcha contra el entonces gobernador Sergio Montiel y una crisis económica galopante. Las denuncias contra policías se reiteraban en los tribunales, en especial por el manejo irregular de fondos de la Ley Nº 4.035, una pensión para personas de bajos recursos.

Los funcionarios públicos encargados de la seguridad estaban constantemente en el ojo de la tormenta, no solo en la capital entrerriana sino también en Concordia, La Paz, Santa Elena por nombrar algunas ciudades donde hubo denuncias. El caso de Santa Elena terminó con una condena a un suboficial a dos años de prisión condicional. Los restantes aún están en proceso.

Ausente sin aviso
El lunes a las 9 estaba fijado el comienzo del juicio oral y público contra el exoficial de la Policía entrerriana Diego Martín Carrizo, quien está acusado de falsificar firmas para quedarse con dinero de la Ley Nº 4.035 cuando estaba a cargo de la comisaría 15ª de la ciudad de Paraná en 2002.

El funcionario no se presentó al debate. Por tal motivo, los camaristas de la Sala II de la Cámara del Crimen, Marcela Davite de Acuña , Ricardo Bonazzola y Marcela Beatriz Badano ordenaron la detención y traslado a la Unidad Penal Nº 1 del procesado, quien no estaba en su domicilio cuando la Policía lo fue a buscar el lunes. Hasta anoche todavía se desconocía su paradero.

Carrizo dejó de pertenecer a la fuerza en mayo de 2006, cuando se dispuso su retiro obligatorio, con goce de haberes, según el Decreto Nº 2102 del Ministerio de Gobierno. El funcionario pidió su alejamiento cuando el sumario administrativo todavía no había culminado. El resultado de la investigación interna es desconocido, ya que no ha sido publicado en Internet como la mayoría de los sumarios.

Según la acusación, el exjefe de la comisaría está sospechado de haber retenido los fondos que estaban destinados a personas carenciadas.
Según informaron a UNO fuentes judiciales, en el expediente consta que el imputado como titular de la seccional falsificaba la firma de los beneficiarios y se quedaba con la plata. Esto provocó quejas de las personas que concurrían a cobrar y se volvían de la seccional con las manos vacías. Al parecer, la situación salió a la luz por las quejas de los afectados y terminó en una denuncia penal.

Pensiones Ley Nº 4.035
En la actualidad, según la información que existe en la página de la Subsecretaría de Programas Especiales del Ministerio de Desarrollo Social, la Pensión Ley Nº 4.035 es el Fondo de Integración de Asistencia Social mediante el cual acceden a sus beneficios aquellas personas que no reciban un ingreso mayor a 400 pesos mensuales, que sean ancianos entre 55 a 65 años; madres solas con tres hijos a cargo, o personas que presenten invalidez total y permanente. En todos los casos, quienes quieran contar con los beneficios de la Ley Nº 4.035 deben certificar residencia de cinco años en alguna localidad de la provincia de Entre Ríos.

Los beneficiarios de esta ley pueden recibir subsidios por casamiento (150 pesos), nacimiento (150 pesos ) y fallecimiento (1.000 pesos). También se pone a disposición una cobertura en caso de necesidad de trasplante de órganos.

Datos
* El Decreto Nº 2102 de mayo de 2006 informa que Carrizo pidió el retiro de la Policía.
* Los beneficiarios de la pensión cobran en las seccionales de Policía.
* El acusado no fue encontrado por la Policía en el domicilio declarado en el expediente.