El ataque a balazos contra Marcos Daloia, chofer de la línea K, en Rosario expuso que lo que se transita va contra la sociedad en su conjunto y no contra un sector. Este chofer de 33 años y padre de tres niños pequeños continuaba al cierre de esta edición internado en grave estado. Sus compañeros, en asamblea, decidieron que el paro de colectivos se mantenga al menos hasta este sábado cuando se realizará una nueva reunión de delegados de UTA.

El contexto del ataque al chofer estuvo más ligado a lo ocurrido el sábado 2 de diciembre, el asesinato del conductor César Luis Roldán de la línea 116, que a los homicidios de los taxistas Héctor Figueroa y Diego Celentano, ocurridos esta semana. En el crimen de los tacheros se utilizó una misma arma y munición calibre 9 milímetros de las provistas por el Estado provincial. En la escena del ataque al chofer de la K se recolectaron dos vainas calibre 380.

Desde el área de difusión de prensa del gobierno provincial se precisó que, en el marco de la investigación de los asesinatos de los choferes de taxi Figueroa y Celentano, 18 personas fueron demoradas en una serie de allanamientos a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI).

Los procedimientos se realizaron en los domicilios de Teniente Agneta al 1800, Uruguay al 5900, Belgrano y avenida Argentina, Flammarión al 5000 y Lamadrid al 400 bis, donde agentes de la PDI secuestraron 15 teléfonos celulares, una motocicleta y 65 municiones de distintos calibres.

En la vivienda de Teniente Agneta al 1800, los residentes al advertir la presencia policial intentaron huir del lugar y arrojaron al patio de una casa vecina tres armas de fuego y municiones, las que luego fueron secuestradas por personal del Comando Radioeléctrico. Se hizo lo propio con una escopeta calibre 12,70; un revólver calibre 22; una pistola semiautomática; un cargador de 9 milímetros y municiones varias. Pero nada se informó sobre identidades de los demorados y tampoco desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) se precisó qué temperamento judicial se tomó sobre las personas.

Los demorados quedaron a disposición de los fiscales Patricio Saldutti (Homicidios), Schiappa Pietra (Agencia de Delitos Complejos), Marisol Fabbro (Crimen Organizado), Fernando Dalmau (Investigación y Juicio) y Franco Carbone (de Balaceras). Una unidad creada por la fiscal regional, María Eugenia Iribarren, que fue desempolvada para investigar los últimos ataques a balazos.

Otro mal día

El jueves terminó como comenzó. Arrancó con la noticia del asesinato del taxista Celentano, pasó por la movilización enardecida de los taxistas clamando por el crimen de dos de sus compañeros en menos de 26 horas, y cerró con el ataque a balazos sobre el chofer del interno 12 de la línea K, alrededor de las 19, en Mendoza y México.

Tras el ataque, la UTA no dudó y sacó a los colectivos de la calle generando un corte del servicio. Cabe recordar que, además, minutos antes de la medianoche del jueves el interno 251 de la línea 122 bandera roja fue baleado cuando circulaba por Cerrito entre Brasil y México por parte de dos sujetos que se movilizaban en una moto Honda Twister.

En ese contexto, el gobernador Maximiliano Pullaro convocó de urgencia a un comité de crisis en OJO, la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito, de la que participaron el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, el intendente Pablo Javkin, el subsecretario de Intervención Federal de la Nación, Federico Angelini, las jefas de fiscales, María Cecilia Vranicich (general), e Iribarren (regional), y todo el comando operativo de las fuerzas de seguridad.

El viernes a primera hora Cococcioni, en rueda de prensa, precisó que "se llevaron a cabo allanamientos vinculados a estos hechos", y agregó: "Hubo resultados positivos, vamos a dar con los responsables y llevarlos a la cárcel a la brevedad". Cococcioni confió: "Esperamos que la propia Fiscalía pueda dar cuenta pronto de imputaciones". Luego, dijo: "Estamos ante un estado de cosas ante el que ninguna medida puede parecer excesiva", advirtió.

"Todo lo que se pueda hacer para recuperar el control de la calle para los santafesinos hay que hacerlo. No hay que retroceder en las medidas que se están adoptando", remarcó. "Se hará todo lo que haya que hacer, en el marco de la decisión política de no negociar con las mafias, no vamos a sentarnos con la ranchada a negociar nada, seguiremos con una política estricta y firme contra las organizaciones criminales, les vamos a demostrar que el Estado puede mucho mas que ellos", planteó.

Cuando se le consultó si consideraba un error la difusión de fotos sobre el estricto tratamiento carcelario, al estilo Nayib Bukele (por el presidente de El Salvador), respondió tajante. "Estoy arrepentido de todo lo que podríamos haber hecho más severo, ahora lo vamos a hacer".

Cococcioni aclaró: "La foto es lo de menos, tenemos que ajustar el régimen penitenciario para que nadie pueda hacer ningún movimiento fuera de lo que la ley establece. Ajustar mucho funcionamiento de la policía en la calle, más proactividad, más detenciones en averiguación de antecedentes, más pedidos de identificación, más secuestros de armas en flagrancia".

Los penitenciarios

Otra cosa que expuso el ataque contra el chofer de la K es que el blanco es la gente de a pie. Si bien se trazó la polémica respecto a las fotos al estilo Bukele de presos santafesinos en la cárcel de Piñero, la oleada de violencia no comenzó con ese hecho simbólico. Comenzó bastante antes.

Y un mojón en esa línea de tiempo puede marcarse en el ataque contra dos colectivos de la empresa Laguna Paiva que trasladaban guardiacárceles desde Piñero a Santa Fe y que fueron baleados desde un auto el sábado pasado sobre avenida de Circunvalación, a la altura de Palliere, barrio Rucci. Hubo tres heridos leves, uno con un roce en la nuca. Pero lo significativo estuvo en lo duro de las manifestaciones del ministro Cococcioni hacia los privados de la libertad: “La van a pasar mucho peor”.

Desde que Pullaro y Cococcioni comenzaron sus gestiones decidieron que sería en los pabellones de las cárceles donde se jugaría la final del mundo. Al menos hasta el momento. Restablecieron la calificación de “presos de alto perfil” y ordenaron a tal fin los pabellones.

¿Fue ahí que involuntariamente gestaron una movida de bandas antagónicas unidas contra un enemigo en común, el Estado? Con el diario del lunes quedó expuesto que a esa decisión tomada y llevada adelante con dureza le faltó, por acción u omisión, la pata de la inteligencia criminal. Desde hace años, y por investigaciones judiciales, se sabe que un movimiento en falso dentro de las cárceles repercute en las calles.

Y es en ese lugar donde hay que marcar la cancha, porque es donde contestan las fuerzas callejeras que responden a los jefes de bandas encarcelados. Hay que ajustar la calle. Pero eso se hace complejo si no se confía en la fuerza policial que se conduce. Y viceversa. Otra vez, como en la escena del ataque a los colectivos con penitenciarios hace una semana, se percibió en Mendoza y México cierta tirantes, o fractura, entre la policía de calle y las PDI. ¿Hay una interna policial detrás de los últimos ataques? ¿Hay policías operando para que las cosas no funcionen como el Ministerio de Seguridad manda? ¿La policía confía en el Ministerio de Seguridad y viceversa?

Este viernes, el fiscal Pablo Socca acusó a Matías Maximiliano C., un muchacho de 22 años, como autor del atentado a tiros contra una unidad de la línea 130 de la empresa Rosario Bus el 22 de enero pasado en Winter y Avellaneda. Este hombre está relacionado con el ex jefe de la barra brava de Newell’s Emiliano Javier “Jija” Avejera, condenado a prisión perpetua por seis crímenes y cuatro tentativas de homicidios ocurridos entre 2016 y 2018, y el juez Pablo Pinto lo dejó en prisión preventiva efectiva por el plazo de cuatro meses.

Fue detenido en medio de cinco allanamientos de la División de Balaceras de la Policía de Investigaciones, cuatro de ellos en un pasillo de Sabattini al 3100 y otro en La Vincha al 3800. Lo aprehendieron junto a otro joven con una escopeta calibre 12, una bicicleta, dos celulares y media docena de cartuchos calibre 9 milímetros con la inscripción “PSF”, provistas a la policía santafesina por el Estado provincial. El mismo tipo de munición con el que asesinaron esta semana a los taxistas Figueroa y Celentano.

Leo Graciarena/La Capital