Apoyan la nulidad del acta con los policías acuartelados

Jorge Campos sostuvo “la nulidad de los acuerdos surgidos de la presión y el desorden”. Dijo que la actitud de los uniformados encuadra en “figuras delictuales contra la democracia”.
4 de enero 2014 · 08:54hs

Para el abogado constitucionalista entrerriano y ex-Fiscal de Estado, Jorge Campos, el gobierno puede invocar “la nulidad de los acuerdos surgidos de la presión y el desorden”, en referencia a la decisión de considerar nula el acta suscripta en Concordia por el gobernador Sergio Urribarri y los policías acuartelados de esa ciudad en medio de una ola de saqueos y asaltos provocados por la inacción policial, que dejó un saldo de tres muertos y decenas de heridos en esa ciudad.

Campos es un reconocido abogado constitucionalista que fue Fiscal de Estado durante la primera gestión de Sergio Montiel como gobernador y senador provincial por el Departamento Paraná durante el segundo mandato del caudillo radical.

El constitucionalista sostuvo que lo ocurrido en Concordia se podría encuadrar “en figuras delictuales contra la democracia y el orden público”. Y explicó: “Es probable también que hayan existido violaciones a la Ley Orgánica de la Policía, lo que constituye otro motivo para declarar la nulidad de los acuerdos surgidos de la presión y el desorden y que claramente por estas horas constituye la voluntad de la autoridad administrativa y del Ministerio Público”.

Vale recordar que el Procurador General del Superior Tribunal de Justicia, Jorge García, anunció que una vez finalizada la feria judicial denunciará a unos 70 efectivos policiales por una serie de graves delitos, entre ellos el de sedición.

Campos sostuvo que “la aceptación de acuerdos bajo presión (como el acta que firmó Urribarri con los policías autoacuartelados) además pueden generar un efecto en cadena de los demás organismos que tienen a su cargo funciones esenciales, como la Salud o la Educación, lo que implica un gran riesgo institucional si no son garantizados y confluyen conjuntamente en la posibilidad que le asiste a la administración para desconocerlos, nulificarlos o renegociarlos posteriormente”.

Explicó luego que por las particularidades que la Ley reconoce al organismo encargado de la seguridad y de la prevención y represión del delito, cualquier reclamo por vía de hecho “constituye una situación de mucho malestar social y de gran presión a las autoridades para consensuar y lograr los acuerdos”.

Asimismo dijo a APF que para “al ejercicio regular y constitucionalmente reconocido del Derecho de Huelga o del paro se requiere contar con una organización gremial que cuente con personería gremial, cosa que la institución policial carece, por lo cual no tendría en primer término posibilidad de invocar este Derecho laboral para reclamos salariales”.

De esta forma, “cualquier manifestación efectuada en este sentido se transforma irremediablemente en un hecho de fuerza o alzamiento”, precisó el exlegislador por el radicalismo, quien sin embargo apuntó que en algunos países existen los sindicados de policías. “Pero de igual manera nunca se les reconoce el derecho de huelga, en virtud de los factores esenciales que protegen como la preservación del orden y la colaboración en la prevención y represión del delito”.

También remarcó que a esta situación técnica, se suma que para lograr sus fines “la Ley le reconoce a este organismo el derecho de portar armas, lo que genera un gran factor de presión para la firma de acuerdos y un gran malestar social que condiciona la voluntad del empleador”.

Respecto a los hechos en sí mismos, el abogado remarcó que el brote de protesta “fue muy importante por los niveles de intensidad en las distintas provincias como en Córdoba, Gran Buenos Aires, Tucumán y para nosotros particularmente en la ciudad de Concordia”, a lo que agregó que los disturbios “podrían encuadrar en figuras delictuales contra la Democracia y el Orden público”, tipificados en el Código Penal.


“Con la pistola al cinto”


Por otra parte, el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, consideró que “cuando se negocia con la pistola al cinto, es sedición” al referirse al encuadramiento de la conducta de los cabecillas policiales durante la asonada.

Domínguez, quien encabeza la comisión de fiscales federales creada por la Procuración General de la Nación para investigar lo ocurrido en diferentes provincias, indicó, en declaraciones periodísticas, que están realizando “el trabajo que dispuso la Procuración General a través de una Resolución que básicamente es, en esta primera etapa, reunir información de todo lo ocurrido en el país en materia de alzamientos policiales”.

El funcionario destacó que la información relacionada con los alzamientos se recaba de “varias fuentes: policiales, periodísticas, judiciales, de organismo de seguridad. La comisión tiene 60 días para reunir la información y eventualmente trabajar junto con la Procuraduría sobre cuál va a ser la postura concreta de la Procuración”.

Ante la consulta sobre la figura del Código Penal Argentino contempladas en las acciones que llevaron adelante los uniformados, Domínguez fue tajante: “Comparto la postura del procurador General de la provincia de Entre Ríos, nos pareció totalmente correcta, que tiene que ver con sedición. Esta figura es la que más se acerca a la conducta policial. Es este delito de exigir, arrancar, una medida al gobierno, que es lo que han hecho estos alzamientos policiales”.

Sin dejar lugar a otras interpretaciones, Domínguez afirmó que “es evidente que los gobiernos accedieron a los reclamos por el alzamiento policial. Basta ver las imágenes que todos hemos visto, leer las crónicas que todos hemos leído”, indicó.

Depositaron el aumento

Fuentes oficiales confirmaron anoche a UNO que desde hoy estará depositado el aumento de sueldo de los efectivos policiales entrerrianos, que va de 1.600 a 2.600 pesos de acuerdo al rango del efectivo policial. El cronograma de pago de haberes de diciembre contemplaba el pago de los haberes el viernes, pero el jueves se decidió además implementar un aumento salarial en línea con lo que se venía hablando antes del acuartelamiento de Concordia.

Ayer, en tanto, en algunas jefaturas departamentales se presentaron petitorios firmados por familiares de policías en actividad reclamando una actualización salarial.


El perfil de los principales referentes de la protesta

El diario El Heraldo de Concordia publicó en su edición de ayer una nota que incluyó el perfil de los principales protagonistas del acuartelamiento del 8 de diciembre.

Allí se señala: “ Uno de los cabecillas, apodado BJ, habría enfrentado una causa penal por violar a una joven. Hay quienes dicen, incluso, que el ataque se produjo arriba de un patrullero. Un esquema sistemático de amenazas hacia la chica y su entorno la forzó a desdecirse y a levantar su denuncia. La causa se archivó y el crimen quedó impune”.

“Otro de los hombres que protagonizaron esas horas trágicas, él que más pantalla tuvo en el canal de noticias TN, fue visto por la prensa tomando del pico de una botella de vodka en la parte trasera de la Jefatura Departamental de Policía de la ciudad. Está de licencia obligada y sancionado por pedir coimas a los automovilistas en la ruta 4”, agrega la nota.

“Un caso emblemático es el del sargento Romeo Valdez. Fue quien habría tomado por detrás al subjefe de la Departamental Concordia, comisario Nelson Vega durante la toma de la sede policial y luego, durante los allanamientos llevados a cabo en las horas siguientes en busca de elementos y productos provenientes de los saqueos a comercios, en casa de su madre apareció un lote de electrodomésticos robados. El detalle: la madre del uniformado estaba fuera de Concordia desde hacía dos meses y él era el único que poseía una copia de la llave de la vivienda”, precisa la crónica periodística.

Luego se añade: “También encabezó la asonada aquel policía que custodiaba el casino de Concordia y nunca pudo explicar por qué abrió la puerta y facilitó el acceso a la banda que perpetró un robo en agosto de 2010 y se alzó con un botín cercano al medio millón de pesos”.

Asimismo señala: “El delito de extorsión figura en el prontuario del oficial ayudante Edgar Villalba, otro de los sediciosos. En el caso del sargento primero Luis Gómez, la lista de delitos es más extensa: violación, amenazas y violación de domicilio. Y Carlos Zaragoza, oficial inspector, está acusado de lesiones y amenazas calificadas”, concluye el informe.

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