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Un inexorable regreso a la tierra

El uso y tenencia de la tierra era un debate atrasado en Argentina. Se abrió ahora sobre un saldo espeluznante tras cuatro décadas de políticas concentradoras

Lunes 26 de Octubre de 2020

“La bolsa de papa está a 700 pesos”, dice el verdulero del barrio Santa Lucía, para explicarle a cada cliente el exorbitante precio del tubérculo más consumido en el mundo. Hay que pensar dos veces si pedir o no cada verdura o fruta de la lista. Ya no hablamos de insumos informáticos ni repuestos de autos. Son los productos elementales para poner cada día sobre la mesa, en la tierra donde supieron abundar los alimentos. El sábado, UNO publicó que solo quedan 36 productores hortícolas en Paraná, dedicados principalmente al cultivo de la verdura de hoja. Casi todo lo demás llega de otras provincias o del exterior. Adjudican el panorama al avance de la frontera urbana sobre las quintas y a la pérdida de rentabilidad.

Con alarmantes cifras de desocupación y pobreza, solo se puede pensar en haber llegado a esta situación por la ausencia de políticas públicas por parte del Estado, en todos sus niveles. Sí, podríamos analizar el panorama macro con la brecha cambiaria a la cabeza. Pero la realidad y la historia muestran que los gobiernos en las últimas décadas apostaron a la especulación inmobiliaria para el destino de las propiedades periurbanas y rurales, cuando no al agronegocio, por encima de la producción con valor agregado para el mercado local. Con loteos, barrios o countries, ganaron quienes apuestan en la mesa de corredores de inmuebles o planifican viviendas a mansalva que luego no cuentan con condiciones urbanísticas elementales, como asfalto o plazas. Tampoco se ha industrializado la ciudad con fábricas y mano de obra genuina. Así, el cordón verde de la ciudad se va extinguiendo, pérdida que tiene su correlato en el Mercado Concentrador El Charrúa, donde cada mes cierra un nuevo puesto bajo las mismas circunstancias.

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Un inexorable regreso a la tierra

Un inexorable regreso a la tierra

Mientras, hay organizaciones sociales que están en uno de los pocos caminos posibles, al menos en este momento, para generar oportunidades inmediatas de trabajo y producción de aquello que es indispensable y a la vez menos accesible. En el barrio El Perejil de Paraná llamaron “El futuro de la vida” a una huerta comunitaria trabajada por una veintena de familias que se anotaron en el Registro Nacional de Agricultura Familiar e integran la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Federación Nacional Campesina (FNC). Podrán bancarizarse y comercializar su producción, además de llevarlas a sus mesas. Sus pares de Bovril tuvieron una iniciativa similar, donde junto a la Asociación Civil Sonido de Esperanza recibieron en comodato un terreno de la Municipalidad. En ese camino están también familias de los barrios Gazzano, El Triángulo, Barranca Oeste y Papa Francisco de Paraná.

Y también sucede en Santa Elena, esa ciudad que siempre regresa a los titulares estridentes por conflictos que tienen en su raíz la desidia gubernamental y la voracidad empresarial, frente al hambre popular: lo fue con la venta y el cierre del frigorífico; en la crisis de 2001 como la capital de la desocupación; con las tierras malvendidas de El Quebracho; con un condenado por corrupción reelecto en la intendencia; y ahora en medio de una disputa en una familia insignia de la oligarquía entrerriana con un final judicial lejano e incierto. A unos 15 kilómetros de donde las cámaras concentran la atención ante el desarrollo de un proyecto agroecológico en tierras que otros señalan como propias, medio centenar de personas comenzaron a desmalezar un terreno de una hectárea que pidieron al Municipio, con la objetivo de crear una chacra mixta.

El problema sobre el uso y la tenencia de la tierra era un debate demasiado atrasado en Argentina y que ningún gobierno quiso ni quiere abrir. Se abrió ahora, sobre un saldo espeluznante que han dejado cuatro décadas de políticas concentradoras: los resultados preliminares del Censo Nacional Agropecuario (2018) indican que entre 2002 y 2018 desaparecieron alrededor de 80.000 explotaciones agropecuarias en el país, la mayoría pequeñas explotaciones menores a las 50 hectáreas. Hay 2.473 terratenientes tienen 57 millones de hectáreas, frente a 125.023 pequeños productores que cuentan con 3,5 millones de hectáreas. Para los expulsados, la propiedad privada no parece un derecho tan sagrado. Según la confederación internacional de ONG Oxfam, son cifras similares al panorama en América Latina, la región más desigual del mundo.

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