La discusión por el proyecto de reforma del decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 parece haber quedado afuera de la discusión política, y esto se debe obviamente a que la agenda del gobierno nacional está enfocada en las reformas de fondo en materia previsional, laboral y fiscal. Sin dudas que la desaparición del submarino ARA San Juan es otro de los temas que preocupa a Macri y compañía.
La vuelta al manicomio
8 de diciembre 2017 · 09:02hs
Esto no implica que el Ministerio de Salud de la Nación haya decidido dar marcha atrás con la iniciativa, porque, como se planteó desde el principio, fue una medida anunciada a espaldas de los representantes del campo de la salud mental y principalmente de los usuarios. En términos discursivos el nuevo titular de la cartera sanitaria, Adolfo Rubinstein, aseguró que el proyecto no debería haber circulado y se comprometió a abrir una mesa de diálogo, sumando a nuevas organizaciones. En nuestra provincia el polémico cambio por decreto y sus alcances comenzó a ser debatido en un plano de abordaje institucional, entre especialistas que conviven en el día a día con los usuarios, aunque rápidamente se interpretó que esa lucha debía ser visibilizada, llevándola al territorio para que el Estado sea consciente del rechazo a un política que busca reinstalar un viejo paradigma.
Así que fue que se volvió a reactivar la Asamblea Permanente en defensa de la ley Nº 26.657 de Salud Mental, que funciona desde 2016 y donde convergen una amplia suma de voluntades, sin importar el espacio de pertenencia. El espacio fue la primera reacción por la creciente preocupación ante posibles cambios en la normativa nacional que tiene vigencia desde 2010 y cuyos principales artículos fueron reglamentados en 2013. En varias asambleas se analizó la "letra chica" del proyecto, sus implicancias, observadas desde el punto de vista de la comunidad médica y todo el espectro de disciplinas involucradas en la temática. Todos los actores coincidieron en que el diagnóstico era preocupante, porque si se avanza tal como pretende el Gobierno se perderán una serie de conquistas plasmadas en los últimos años.
Desde las organizaciones se rechazan básicamente dos aspectos del cuestionado borrador del Gobierno: en primer lugar el artículo 3, que alude a la concepción de salud mental que se establece en la Nº 26.657 y que cambia en el decreto reglamentario. El mismo señala que "se reconoce a la salud mental como un proceso determinado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona". La fundamentación se completa con otros puntos referidos a la "presunción de capacidad de todas las personas".
El segundo artículo en tela de juicio es el N°7, el cual enumera los derechos, fundamentalmente los humanos. Un cambio radical que plantea el decreto reglamentario es que desde lo conceptual cambia la mirada de abordaje de la disciplina. En vez de tener a un sujeto con "padecimientos mentales" lo cambia por "trastornos mentales o del comportamiento".
En definitiva, se pretende volver a instalar una lógica manicomial, es decir los viejos manicomios disfrazados con un nombre más elegante: hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Sería un grave retroceso en el reconocimiento de derechos humanos y en la calidad de atención de los usuarios.
Así las cosas, la Asamblea intersectorial convocó a una movilización en defensa de la ley de Salud Mental 26.657 el lunes 11 a las 18 en la Plaza 1° de Mayo con un recorrido que incluirá intervenciones en la Municipalidad de Paraná, Casa de Gobierno y la sede local de Gendarmería. La manifestación culminará en la explanada de la peatonal, frente a la plaza Alvear bajo el lema "los derechos conquistados no se tocan".