Miradas
Lunes 09 de Abril de 2018

Disciplinar al opositor

Cada vez que se conoce un escándalo grave que afecta al gobierno nacional, los operadores mediáticos –que se jactan de ser independientes– ponen al aire en programas radiales o televisivos charlas telefónicas privadas de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con sus colaboradores, en especial con Oscar Parrilli, como una maniobra de distracción que pretende sustituir un grave hecho con otro, aunque este no tenga importancia o interés público.
Con aquellas maniobras o conductas, queda claro el poder de fuego que tiene el Gobierno para amedrentar a cualquier tipo de oposición. Por ejemplo, al día siguiente que Página 12 publicó los datos de los grandes contribuyentes –la mayoría familiares de integrantes de la Alianza Cambiemos– que habían ingresado al blanqueo de capitales, se inició una cacería de brujas en la AFIP.
El juez federal Rodolfo Canicoba Corral, que estaba en la mira de Cambiemos, logró con su cintura política, que también lo benefició en el menemismo y en el kirchnerismo, encabezar la caza en la AFIP. Detuvo a siete empleados que presuntamente filtraron los datos. Además dijeron que los arrestados integraban una banda que vendía información. Ahora parece que no es tan así, pero igual a la gente le queda siempre lo primero.
La inmediatez con la que actuó la Justicia es muy diferente a lo que sucede en la causa por la difusión ilegal de escuchas telefónicas privadas entre Cristina y Parrilli. Hace pocas semanas, la Corte Suprema de Justicia le pidió al titular de la AFI, Gustavo Arribas, que entregue información sobre sus "actuaciones" en el marco de las escuchas que trascendieron públicamente y contenían conversaciones privadas. El tribunal solicitó "que ponga en conocimiento las actuaciones que hubiera iniciado en razón de las filtraciones referidas". El pedido firmado por el Alto Cuerpo cayó en saco roto y los audios que debían haber sido destruidos se siguen escuchando en programas radiales como el de Majul por Radio Berlín.
Esos audios son parte del espionaje ordenado por el juez Ariel Lijo, en el marco de la causa contra Parrilli por el supuesto encubrimiento del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, pero que en realidad nunca aportaron información sobre este caso sino que fueron la llave para intentar exponer mediáticamente a la expresidenta. Es más, se probó que las escuchas se iniciaron una vez que Corradi estaba preso.
Como en todos las casos de las escuchas –reveladas en cuotas y filtradas desde la propia Justicia– los audios no revelan cuentas en paraísos fiscales, maniobras de empresarios con actividades públicas o maltrato en relación de dependencia. Solo aparecen algunos insultos en una conversación cotidiana de estrategia política, incluso que muestran a la exjefa de Estado intentando lograr una renovación de su espacio de cara a 2019.
A Parrilli le espían el teléfono y lo graban conversando con Cristina para ver si les encuentran algo ilegal, de lo cual no aparece nada. Pero publican la conversación (que debería ser reservada), porque en alguna parte dice "pelotudo". Y estos periodistas hacen hincapié en la palabra para hacer quedar mal a la expresidenta. Pero no ponen el acento en que es ilegal difundir escuchas privadas, sin el consentimiento de la Justicia o de quienes están conversando. En otras palabras, son cómplices de un delito, para exhibir una "mala palabra". Y los opositores a los K se fijan en la mala palabra, y no en los delitos que se cometen desde el Gobierno, e incluso, desde la misma Justicia. Así estamos, indefensos ante un poder que no trepida en jaquear los protocolos de intervención de los organismos de seguridad, que se enfocan hacia opositores y cuanto ciudadano resulte molesto. Esto tiene nombre y es inseguridad jurídica. Pero no es la que exigen erradicar los "inversores" para garantizar la rentabilidad de sus inversiones, sino que es la que pone en crisis y resquebraja todo un sistema de funcionamiento de las instituciones, que no por débil o lábil deja de ser perfectible, deja de proteger a los ciudadanos de los excesos y atropellos del Estado. Reaccionar a tiempo ante estas situaciones es una forma de aportar a fortalecer aquellas instituciones republicanas, que tanto ha constado sostener.

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