Miradas
Domingo 26 de Agosto de 2018

Derechos vulnerados

Hace unos días, directivos de Apana, San Francisco de Asís y la Obra Don Uva, tres instituciones con extensa trayectoria que brindan atención a chicos y adultos con discapacidad, expusieron que desde el programa Incluir Salud –que depende de la Agencia Nacional de Discapacidad y supuestamente permite el acceso a los servicios de salud a los titulares de las Pensiones No Contributivas– hace seis meses no les pagan, que el último pago que les hicieron en febrero correspondía a conceptos del mes de octubre 2017, y que la deuda pone en serio riesgo el servicio.

Por este tema hay una alarma en todo el país, ya que son numerosas las entidades que trabajan para este fin que se están viendo afectadas por esta realidad. No pueden pagar el transporte tercerizado ni reponer el combustible en el caso de que sea propio; tienen miedo de no poder pagar a los proveedores de alimentos y como consecuencia no poder brindarles a quienes concurren a estas instituciones el desayuno, el almuerzo y en algunos casos la merienda; muchos ya restringieron la compra de insumos que permitan un óptimo funcionamiento y debieron utilizar dinero que reunieron con otros fines, como arreglar los establecimientos, para cumplir con los sueldos del personal, sin el cual no se podría llevar adelante la encomiable tarea de brindar contención a quienes más lo necesitan, porque en la mayoría de los casos no se valen por sí mismos y precisan la atención permanente de docentes, capacitadores, maestros especiales, psicopedagogos y especialistas de otras disciplinas que trabajan para mejorar la calidad de vida de quien padece algún tipo de discapacidad.

Son unos 200 chicos y adultos los que se verán afectados si debe interrumpirse la prestación. Quedarán sin dudas vulnerados sus derechos si no se puede garantizar la continuidad de sus tratamientos, su educación y su integración. Además, son cientos de trabajadores los que están expuestos a perder su fuente de trabajo por esta cuestión. Al incumplimiento de Nación se suma la indiferencia de organismo provinciales. Que los recortes se efectúen siempre sobre los sectores más débiles sin dudas agudiza una grieta insondable, y más allá de los números, de los presupuestos que no se ajustan a las realidades y la restricción de los fondos que deben ser destinados a programas vitales para la gente, existen historias particulares de personas a las que la desidia y la insensibilidad terminan por afectarles su calidad de vida.

Se trata de una población que indefectiblemente necesita atención y como sociedad no deberíamos permanecer indiferentes frente al retroceso que significa cercenar este tipo de derechos. Se torna imprescindible apoyar a los integrantes de estas instituciones, que a pesar de estar atravesando un momento tan crítico no bajan los brazos y cada día brindan lo mejor de sí mismos, con el compromiso intacto para que las personas con discapacidad tengan su espacio –el que el Estado no es capaz de brindarles– y puedan progresar.

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