Tras la presentación de pedidos formales y distintas gestiones realizadas por la conducción provincial del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos (CAER), el Superior Tribunal de Justicia (STJ) decidió autorizar el ingreso a los edificios del Poder Judicial a las y los profesionales de la abogacía a partir del 15 de octubre.
A pedido del Colegio de Abogacía vuelve la presencialidad a Tribunales
Tras la presentación del Colegio de la Abogacía y otras gestiones, el STJ autorizó el ingreso a los edificios del Poder Judicial a partir del 15 de octubre
13 de octubre 2021 · 17:10hs
Foto UNO/Archivo/Ilustrativa
En la Acordada publicada en el día de hoy también se solicita en la medida de lo posible se otorgue preeminencia a las audiencias presenciales antes que las virtuales.
En el texto, asegura que según “Actuaciones Nº 2648/2021 caratuladas “Presidente Colegio de la Abogacía de E. Ríos Dr. Alejandro D. Canavesio s/Libre concurrencia de Profesionales al Edificio de Tribunales. Paraná”, en trámite ante la Dirección de Gestión Humana, dispuso establecer el siguiente esquema de pautas de funcionamiento del Poder Judicial, a partir del 15.10.21:
a) Autorizar el libre ingreso de los profesionales de la abogacía y de los demás operadores judiciales a los edificios del Poder Judicial; así como a los organismos a recurrir a la atención presencial espontánea. En consecuencia, el control de ingreso deberá ser organizado en cumplimiento de las normas de bioseguridad vigentes, para lo cual se afectará a una persona en la puerta de acceso de cada edificio, quien se encargará de medir la temperatura y de la sanitización de manos
b) Disponer que en la medida en que las audiencias puedan celebrarse de manera presencial, con estricto cumplimiento del distanciamiento y todas las medidas de prevención establecidas en los protocolos sanitarios vigentes, tal modalidad deberá tener preeminencia sobre la virtual;
c) Mantener vigente el sistema de turnos, audiencias programadas u otras citaciones, el que será optativo para cada organismo;
d) Encomendar a la Superintendencia de cada jurisdicción y a la Mayordomía, que arbitre las medidas necesarias a fin de respetar el distanciamiento –dos metros- y el volumen de circulación, conforme la capacidad de cada edificio, así como el control del cumplimiento del uso de barbijo.