Una década de Justicia lenta en Paraná

Las condenas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina ascienden a un total de 523 y las personas condenadas son 441.
14 de septiembre 2013 · 09:48hs

Alfredo Hoffman/ De la Redacción de UNO
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El último informe de la Procuración General de la Nación sobre el estado de los procesos por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado en Argentina, actualizado a julio de este año, indica que las condenas por estos crímenes ascienden a un total de 523 y las personas condenadas son 441 –hay quienes tienen más de una condena. En su inmensa mayoría, son sentencias dictadas desde la reapertura de las causas por la caída de las leyes de impunidad y los indultos. Se trata, sin dudas, del resultado de la larga lucha de las organizaciones de derechos humanos y de una política de Estado ejecutada a partir de la llegada de Néstor Kirchner al gobierno nacional y continuada durante la última década, que implica recursos humanos y materiales volcados a la investigación, el seguimiento de causas y la colaboración de organismos del Ejecutivo con el trabajo del Poder Judicial.


Sin embargo, las estadísticas –que se pueden consultar en internet en el sitio de la Procuración– reflejan también que el “avance de la Justicia” ha tenido hasta ahora un marcado desequilibrio. Hay jurisdicciones del país con decenas de juicios y de represores juzgados y otras donde se cuentan con los dedos. Capital Federal es la que tiene más condenas: 116. Le siguen La Plata, 52; Córdoba, 49; Mar del Plata, 37; San Martín, 36; Mendoza, 34; Rosario, 33.


La jurisdicción Paraná acumula nueve: cinco por sustracción de menores y sustitución de identidad en el Hospital Militar y cuatro por los crímenes de la costa del río Uruguay que se acumularon en la denominada Causa Harguindeguy. Estos juicios se desarrollaron en 2011 y 2012, respectivamente. Es lógico que aquellos lugares donde la represión fue más fuerte, que se corresponden con los grandes centros urbanos del país, estén a la cabeza del ránking. Sin embargo, hay jurisdicciones similares o más pequeñas que la capital entrerriana que ostentan números más altos: 27 en General Roca, 22 en Resistencia, 15 en Corrientes.


No se busca aquí realizar un mero análisis cuantitativo de la situación, sino advertir que estos números son un reflejo del estancamiento de la causa emblemática de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en esta provincia: la megacausa Área Paraná. Allí hay 10 procesados por hechos contra 52 víctimas. El año que viene se cumplirán 10 años desde que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones, Ricardo Álvarez, solicitó el desarchivo de las actuaciones. Eso ocurrió el 11 de mayo de 2004. Cinco años después –luego de una larga discusión jurídica que ganaron los represores, logrando que se realice el trámite por escrito por aplicación del antiguo Código de Procedimientos en Materia Penal– el 7 de julio de 2009, la jueza Myriam Galizzi dictó los cinco primeros procesamientos. El 29 de abril de 2011 el juez Gustavo Zonis declaró el cierre de la instrucción y se abrió la instancia de juicio. En julio de ese año los fiscales Mario Silva y José Candioti presentaron su acusación y luego le siguieron las de las querellas. Luego la causa derivó en una serie de dilaciones generadas a partir de planteos de todo tipo de las defensas de los acusados, especialmente del ex auditor del Ejército y también abogado Jorge Humberto Appiani y del expolicía federal, exagente de inteligencia y –ya en la etapa democrática– exempleado de una empresa seguridad privada paranaense Cosme Ignacio Marino Demonte. Y la posibilidad de una sentencia no se vislumbra en lo inmediato.


La lentitud de la Justicia en este caso se comprueba también cuando se compara con otras causas emblemáticas del terrorismo de Estado y más complejas que ya cuentan con condenas. Por ejemplo: en la primera parte de la causa ESMA, el 26 de octubre de 2011 se condenó a 16 represores por delitos contra 86 víctimas; en la denominada Plan Sistemático, el 5 de julio de 2012 se condenó a nueve por más de 30 hechos de apropiación de menores; en la causa UP 1 de Córdoba, el 22 de diciembre de 2010 se condenó a 23 (entre ellos Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez) por secuestros, torturas y fusilamientos que sufrieron 31 presos políticos.


Mientras tanto, Área Paraná se mantiene en una nebulosa con futuro incierto, donde los imputados se mueren impunes o se los exime del proceso por padecer problemas de salud que les impedirían comparecer ante los tribunales.

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