Piden que en la reforma del Código Civil se supriman beneficios a la Iglesia Católica

Una campaña de la Coalición Argentina por un Estado Laico busca que los legisladores también modifiquen el artículo 33, que otorga un estatus excepcional a esa institución, entre éstas, la inembargabilidad de sus bienes.

En los próximos días, una comisión bicameral conformada por 30 diputados y senadores nacionales empezará a discutir el proyecto de reforma al Código Civil y Comercial enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, y cuyas principales innovaciones, que procuran modernizar las leyes que regulan muy diversos aspectos de la vida de los argentinos, podrían llevar a redefinir el lugar del culto católico en la sociedad argentina.

Propuestas como la incorporación de la filiación por métodos de fertilización asistida o la agilización de los trámites de divorcio ya han generado un significativo rechazo dentro de la Conferencia Episcopal Argentina, varios de cuyos representantes salieron a combatirlas pública y sistemáticamente.

En este marco, la Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) emprendió una campaña para que la reforma incluya también un debate sobre el vínculo entre la Iglesia y el Estado argentino, y la modificación del artículo 33 del Código Civil, donde se define a esa institución como "una persona jurídica de carácter público", lo que le otorga un estatus excepcional y diversos beneficios, entre éstos, la inembargabilidad de sus bienes.

"Este privilegio contradice a los principios de igualdad ante la ley y libertad de culto plasmados en la Constitución y en los tratados de Derechos Humanos que ha suscripto la Argentina. Además, este artículo deriva de una modificación que introdujo el dictador Juan Carlos Onganía en el año 1968.

Es curioso que cada una de las normas que benefician a la Iglesia hayan sido dictadas en tiempos dictatoriales, cuando la Constitución se suspendía", explicó Fernando Lozano, referente de la CAEL en Mar del Plata.

En la Cámara Alta, la ex senadora Adriana Bortolozzi presentó en tres oportunidades, la última en el año 2010, un proyecto para reformar el artículo 33 y para establecer el carácter privado de la Iglesia Católica. Asimismo, busca que las entidades religiosas reconocidas "no subsistan exclusivamente de asignaciones del Estado y obtengan autorización para funcionar".

En paralelo, una iniciativa de la exdiputada Cecilia Merchán, con apoyo de varios bloques y que conserva estado parlamentario, apunta a la necesidad de avanzar hacia el laicismo y establecer una mayor "libertad de conciencia y equidad institucional".

En el país, la relación con la Iglesia está determinada por el artículo 2º de la Carta Magna, que establece que "el gobierno federal sostiene el culto católico". Cómo interpretar ese sostenimiento es un tema que genera controversias, pero de acuerdo con diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia, suele limitarse a su aspecto económico.

El organismo responsable de las partidas del Presupuesto nacional destinadas a los religiosos es la Secretaría de Culto de la Nación.

El embajador titular de esa área, Guillermo Oliveri, informó que esa cifra asciende a los 40 millones de pesos anuales. El sueldo de un obispo ronda en la actualidad los 10.000 pesos. Ninguno de los purpurados paga aportes, cargas sociales o Impuesto a las Ganancias. Pero más allá de estas cifras, el verdadero aporte viene del apoyo económico a las escuelas confesionales o en concepto de mejoras edilicias de colegios y templos. Es difícil de estimar en su conjunto, pero la CAEL asegura que el número final trepa a 2 ó 3 mil millones de pesos al año.

"Está bien que los diputados lo discutan y lo ideal es que la Argentina avance hacia una cada vez mayor separación entre el Estado y la Iglesia. Pero son temas que hay que tomar con seriedad y considerar la realidad de cada provincia", subrayó Oliveri.

Sin imágenes en edificios públicos
Los legisladores porteños María José Lubertino y Rafael Gentili presentaron un proyecto que promueve el retiro de símbolos religiosos en los edificios públicos de la Ciudad de Buenos Aires, "para garantizar la laicidad del Estado porteño". De aprobarse, las imágenes y motivos del culto católico existentes “deberán ser removidos en el plazo de dieciocho meses” desde la puesta en vigencia de la norma.

La propuesta alienta la neutralidad en la ornamentación de los lugares públicos, para que sólo haya símbolos patrios nacionales, “que nos unen a todos".

Según Lubertino, los sitios más delicados son aquellos donde se imparte justicia y educación. "Una cosa es su escritorio, donde un funcionario puede tener cosas de sus afectos y creencias, y otra cosa son las salas y espacios públicos; en el lugar donde se va a impartir la función pública, es allí donde queremos guardar el espacio laico", explicó.

El 13 de agosto próximo se realizará la tercera jornada de discusión, organizada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura, donde se trata el proyecto en cuestión.

 

Fuente: Tiempo Argentino