Marcelo Medina/ De la Redacción de UNO

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Lanata se enojó y entonces el juez Ariel Lijo llamó al vicepresidente Boudou a indagatoria para que dé explicaciones por el supuesto delito de negociaciones incompatibles con la función pública, en relación a su accionar en la denominada causa Ciccone. Los dirigentes opositores exigieron que el presidente del Senado pida licencia o renuncie, algo que no pidieron para el jefe de gobierno de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mauricio Macri.

El expresidente de Boca Juniors está procesado –incluso la causa que lo tiene como imputado está más avanzada que la del exministro de Economía–, pero nadie desde la oposición dice nada. Por el contrario, el sábado escuché una entrevista al jefe de gabinete de Ciudad Autónoma, Horacio Rodríguez Larreta, quien aseguró que no es comparable la situación judicial de Macri con la de Boudou. Así como utilizan la información con claras intenciones políticas los funcionarios oficialistas, también lo hacen los que militan en la oposición.

Larreta fue contundente: “No tiene nada que ver una causa con la otra; en el caso de las escuchas telefónicas quedó claro que esa fue una causa movida políticamente, como lo dijimos desde el primer día”, manifestó intentando instalar que la investigación que se le sigue a Boudou solo tiene motivos judiciales y la de su jefe no.

El socio político de Macri no dice qué juez firmó una resolución diciendo que se trata de una operación política. Es más, Macri sigue procesado y muy comprometido. El fiscal federal Jorge Di Lello requirió la elevación a juicio por el delito de asociación ilícita para el jefe de Gobierno porteño y para los otros acusados en la causa por las escuchas telefónicas ilegales. Por si Larreta no sabe, el requerimiento de elevación a juicio dice que “Macri conoció y prestó su consentimiento para instalar en el Gobierno de la Ciudad un aparato de inteligencia prohibido”. El ciudadano que, despistado u ocupado en otros menesteres no prestó la debida atención a la nota radial, jamás se enteró de que Macri está más cerca del banquillo que de la Casa Rosada.

Hablando de poca difusión, hace pocos días el diario Tiempo Argentino informó sobre los vínculos entre Elisa Carrió y el fiscal Campagnoli, y el CEO de Clarín, Héctor Magnetto, y el juez Lijo. Algo que nadie conocía. Campagnoli “parece” ser la persona más honesta del mundo, al menos es lo que se desprende de numerosas notas de medios identificados como opositores, y se dice que investigó mucho; pero lo concreto es que la Justicia lo apartó por duplicar un expediente. La investigación contra Lázaro Báez la siguen el fiscal Guillermo Marijuán y el juez Casanello. Él, Campagnoli, se entrometió en la causa. Para que se entienda mejor, es como si un juez dicta un fallo en una causa que está investigando otro magistrado.

Según Tiempo Argentino, Gabriel Cavallo, abogado de Clarín y excuñado de Lijo, fue el que filtró el rumor de que la Sala I de la Cámara Federal apartaría al magistrado de la causa Ciccone. Este rumor impulsó a Lanata a pedir el escrache público de los hijos de los camaristas. Pero como lo pidió Jorge está bien. ¡A los hijos de los jueces hay que atacarlos por los actos de los padres! Esto es una terrible burrada que podría tener consecuencias peligrosas. A los que hay que cuestionar por los carriles institucionales es a los hombres en tanto magistrados y por sus actos. Creo que todos vamos a coincidir en que pedir que se ataque a un niño es grave. De todos modos, Lanata es el mejor por lejos. No en vano hace poco recibió el Martín Fierro. Sin embargo no informó que Marcela Campagnoli, hermana del fiscal reconoció vínculos con la diputada Carrió. Marcela es dirigente de la Coalición Cívica y “amiga personal” de la líder de Faunen. Ahora Campagnoli, el fiscal perseguido, quiere ser diputado.

En caso de que Boudou sea culpable ojalá que pague. ¡Pero basta de tomarnos de punto a los ciudadanos! Cuando los jueces o fiscales hacen algo que a Lilita o a Jorge no le gustan, los maltratan.

Dicen que para muestra solo basta un botón: el diputado radical Oscar Aguad se cansó de atacar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Hace poco tiempo la Corte revocó un fallo que ordenaba proseguir una causa penal en su contra por presunta administración fraudulenta cuando fue interventor de la Municipalidad de Corrientes. Aguad fue procesado por causar un supuesto perjuicio al municipio por una cifra estimada en 60 millones de dólares. Esos billetes estadounidenses fueron canjeados por bonos Cecacor (certificados de cancelación de deudas) y nunca se rindieron. De esa ayuda a Aguad nadie dijo nada. Es más, el cordobés tuvo resguardo mediático. Sin embargo, en algo tiene razón Aguad, y usted y yo vamos a coincidir. Como suele decir cada vez que va a la tele: “La corrupción está destruyendo el país”. Ahora, lo que no aclaró Aguad es la corrupción ejercida por quién o quiénes es la que está destruyendo al país. Si es una corrupción de izquierda, de derecha o de centro. Aunque pensándolo bien, a usted y mí nos interesa tener funcionarios honestos y comprometidos con el país y su gente, ya sean aquellos de derecha, de izquierda o de centro.