Lucila Tosolino / De la Redacción de UNO
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El abuso sexual a menores de edad es un delito y grave. Constituye una de las tragedias más dolorosas y escondidas de la sociedad. Todo niño, niña y adolescente tiene el derecho de tener una infancia feliz y recordarla por siempre. Ninguno merece pasar por este tipo de situaciones traumáticas que dejan una cicatriz de por vida.
Es injusto que un pervertido, pedófilo y pederasta abuse de alguien y salga con las manos limpias, como si nada. No, debe ser condenado. Además se tiene que “romper” con la idea de que el violador o la violadora no son tales porque no estén casados o no vivan en pareja, sino que lo son por profundas anomalías psicológicas, muchas veces difíciles de detectar y complejas de tratar.
El abuso sexual se da en muchas instituciones de la vida social, sin excluir a las familias. Son conocidos los casos del abusador padre, tío, esposo de la madre, maestros o maestras de jardín de infantes. También por parte de miembros de un internado, de un club, de una institución militar o de una penitenciaría. A estos delitos, se le suma uno tan oscuro como aberrante, y es el cometido por ministros religiosos.
Estos crímenes en manos de sacerdotes son inaceptables. Siempre de connotaciones perversas, resultan doblemente graves. Primero porque en el medio confesional el adulto domina a la víctima en la esfera íntima, con argumentos y recursos que apelan a una supuesta vida interior o de naturaleza espiritual. Y, segundo, porque esa conducta daña irremediablemente la credibilidad de la institución y echa sobre todo el clero una sombra de duda permanente.
Frente a esta grave problemática, la Iglesia tomó medidas a partir del pontificado de Benedicto XVI. El caso del cura mexicano Marcial Maciel, fundador de la asociación seglar Regnum Christi y de la congregación católica Legión de Cristo, sirve para ilustrar los primeros pasos de el Vaticano frente a los abusos sexuales por parte de religiosos. Fue en 2006, durante el gobierno del alemán Joseph Ratzinger, que se indicó el retiro de Maciel del ministerio sacerdotal.
En esa línea prosigue el argentino Jorge Mario Bergoglio, quien asumió el cargo el 13 de marzo de 2013 con el nombre de Francisco. Según informó la prensa italiana, al día siguiente de su elección, el Sumo Pontífice mantuvo un encuentro en el templo de Santa María Maggiore con el cardenal estadounidense Bernard Law, arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Boston, acusado de encubrir numerosos casos de sacerdotes pedófilos. El Papa le habría exigido al norteamericano no verlo más por allí.
A partir de ese momento, la intención del papa Francisco de sancionar a los religiosos vinculados con abusos sexuales continúa. Se vislumbra una clara política en la Iglesia en el sentido de colaborar con la justicia para castigar a los culpables y así éstos van a la cárcel.
Respecto a esta problemática, en la actualidad, el ambiente en Entre Ríos está caldeado, es debido a dos procesos judiciales que hacen perder la confianza en los religiosos, en particular, y en el clero, en general. Hablo del procesamiento al sacerdote Justo José Ilarraz y las denuncias al cura payador Marcelino Moya.
La opinión pública muchas veces tiene razón cuando denuncia los casos de abusos por parte de los clérigos y se enfurece con los superiores que callaron -y siguen callando- los escándalos para esconder a los culpables, pero no se deberían descuidar los muchos otros ámbitos donde se dan estos delitos atroces.
Curas abusadores
22 de julio 2015 · 06:05hs