Confundir para confundir

Marcelo Medina/ De la Redacción de UNO

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Presos y narcomenudeo fueron los temas de la semana. Dos fallos judiciales coparon la semana informativa. Sobraron las opiniones temerarias, ya sea por desconocimiento, haraganería para leer la sentencia o simple y llana hijaputez. El fin fue confundir a la ciudadanía y generar una visión negativa del Poder Judicial. No quiero defender a los magistrados, pero me parece que en esta oportunidad la solución es política. Igual, no crea lo que yo digo porque es solo una opinión producto de lo que pude leer sobre el tema y hablar con abogados de foro local.

Sobre la ley de narcomenudeo se dijeron muchas barbaridades. Una de las explicaciones más claras que escuché la hizo el abogado Raúl Barrandeguy, exfiscal de Estado, exconvencional y exdiputado nacional. “Esta ley (por la entrerriana) tiene particularidades desde que la adhesión es parcial. Es la única ley provincial cuya adhesión es parcial”, y recomendó: “Adherir lisa y llanamente a la ley nacional”. Así de simple y así de claro. De este modo los entrerrianos nos evitamos más circo y ahorramos tiempo y dinero. El senador Enrique Cresto quiere presentar un pedido de jury para Leandro Ríos. Al planteo lo harán los legisladores nacionales entrerrianos. ¿Sabrán que no prosperará su proyecto? El fallo del juez, lo dicen todos los que saben, se ajusta a Derecho. Que la Provincia no tenga plata para adherir completamente a una ley no es problema de Ríos, es de Urribarri que no administró los fondos para destinarlos a esa materia.

Con la información que dio cuenta de que determinados ciudadanos que están privados de la libertad porque tuvieron problemas con la ley pasó algo similar. La desinformación, que es una forma de informar reprobable y antidemocrática, se adueñó de las mentes de miles de ciudadanos que tomaron como verdaderas las versiones que daban cuenta de que un recluso cobraría más que un jubilado, por ejemplo. El dictamen de los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Pedro David cita doctrina y recorre jurisprudencia. Y basa su decisión en un principio constitucional: “igual remuneración por igual tarea”. Esta decisión alcanza, en principio, a los internos alojados en la Unidad Residencial V del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza.

“El trabajo digno dignifica al hombre”, citó Slokar en su voto. Los detenidos deberán tener derecho a la remuneración y a todos los alcances del trabajo libre. Es decir, asignaciones familiares, obra social, cobertura frente a accidentes de trabajo, capacitación laboral, agremiación. Aunque la cobertura mediática así lo señaló, el texto no habla de vacaciones y aguinaldo. Encima, para demostrar que la sociedad rechaza cualquier tipo de derecho sobre los presos, los medios le metieron el micrófono en la boca a un hombre que acababa de sufrir la peor pérdida de todas. “Que se queden presos para toda la vida; nada de aguinaldos, de sueldos ni esas cosas raras”, dijo Oscar Ramírez, padre del chico de 12 años que murió luego de ser atropellado por delincuentes que huían de la Policía. La declaración fue en la puerta de la clínica donde acababa de morir su hijo. Enseguida se cambió de tema: salidas laborales y familiares de presos. Pero como no prendió se volvió sobre las vacaciones y aguinaldo de los presos.

En definitiva, habrá que reflexionar con respecto a qué tipo de sociedad queremos para nosotros y para las generaciones venideras. Si una en la que una ley poco trabajada o tratada de apuro es la excusa para librar batallas políticas personales, o es la posibilidad de remediar lo hecho y mejorarlo. O si una en la que un preso deja de ser un hombre, que cometió un delito, tal vez aberrante, y lo despojamos de toda humanidad, sí, la misma humanidad que el familiar de una víctima le puede reclamar al victimario de su ser querido. Pero esta es la diferencia entre un ciudadano que se apega a las leyes, por más que estas no sean lo justas que deseemos, y otro que no lo hace.

Debemos acordar que las leyes nunca serán justas, no podrán jamás reparar tantos casos particulares, porque son un acuerdo general para garantizar la paz social pero no son ni serán nunca una solución justa a conflictos tan diversos y complejos. Tal vez tengamos que pensar qué responsabilidad nos cabe como miembros de una sociedad con los índices delictivos que padecemos. Algunas cosas no pasan por generación espontánea, son consecuencia de decisiones a las que el tiempo llena de significado.