Martes 03 de Junio de 2014
Alfredo Hoffman/De la Redacción de UNO
Ser de Concordia es, para algunos, sinónimo de una serie de adjetivos negativos: ladrón, corrupto, pobre, muerto de hambre, responsable de la mayoría de los males de la provincia. Ser concordiense es cargar con estigma injusto y arbitrario como todos los estigmas. Ser de Concordia es, desde hace al menos unos 30 años, una carta de presentación que ciertos otros entrerrianos prejuzgan como negativa.
Puede parecer un chiste, pero no lo es. Como nacido y criado en Concordia he atravesado por no pocas ocasiones en las que me fue necesario aclarar que no provengo de una familia de delincuentes, que nunca robé nada ni pienso hacerlo. Es que uno de los prejuicios más frecuentes sobre nosotros es que vivimos al margen de la ley. Como si al nacer nos tatuaran una marca en el cuerpo (un estigma es eso) que nos identifica para toda la vida.
Por supuesto que alguna razón hay para merecer semejantes descalificativos. Esa razón es la copiosa presencia de concordienses en los primeros lugares de decisión política de Entre Ríos. Desde la recuperación de la democracia, un concordiense fue quien más tiempo fue gobernador: Jorge Busti estuvo 12 años. Y en ciertas etapas –sobre todo durante el menemismo– su gobierno estuvo vinculado a resonantes casos de corrupción, que merecieron incluso el castigo de la Justicia. Por ejemplo: las causas Aciser y Puerto Ibicuy por desvío de fondos y los enriquecimientos ilícitos del exvicegobernador Domingo Daniel Rossi y el exsenador Mario Yedro.
Además, las políticas neoliberales aplicadas en los 90, de las que los gobiernos provinciales fueron retransmisores, dieron lugar al crecimiento exponencial de la pobreza y la desocupación y Concordia se ubicó a la cabeza de ambos ranking. De manera que identificar a los concordienses con la corrupción o con los desaciertos gubernamentales puede tener origen en esto.
Sin embargo, un gobierno no puede reducirse a una persona y no se votó ni se vota solamente en Concordia a los gobernantes. Y de los cuatro ejemplos de corrupción mencionados, solo Yedro es de Concordia, y los restantes son de Islas del Ibicuy, Félix Pacayut; Santa Elena, Domingo Rossi, y de Paraná, Oscar Mori. Y también hubo casos de corrupción en gobiernos conducidos por ciudadanos provenientes de otras localidades de la provincia. Y medidas nefastas tomadas por no concordienses; piénsese por ejemplo en la crisis de 2001 y la feroz represión policial contra entrerrianos en situación de pobreza, cuyo responsable político fue un Sergio Montiel nacido en Concepción del Uruguay y residente de muchos años en Paraná.
La estigmatización se hace evidente cuando se sigue hablando de Concordia como símbolo de la pobreza y la desocupación, como si esa condición se mantuviera eternamente, como si esos flagelos no existieron y no existen en, por ejemplo, Paraná. Igualmente se hace evidente cuando se identifica a sus habitantes con la violencia y la inseguridad, como si en la capital entrerriana no nos asombran a diario las balaceras en los barrios, los homicidios y los crímenes relacionados con el narcotráfico.
Lo más preocupante aparece cuando este prejuicio opera de forma tal que se convierte en lisa y llana discriminación. Cada vez que se identifica a un concordiense con lo malo o lo negativo, por el solo hecho de haber nacido en algún punto ubicado entre el Yuquerí y el Ayuí, se lo está discriminando como se hace con los extranjeros, los homosexuales, los afrodescendientes, los pueblos originarios, las mujeres y la lista sigue.
Hasta ahora no existe el término que define a esta discriminación. No es xenofobia porque no somos extranjeros; tampoco es racismo, ni homofobia, claro. Tendríamos que hablar del concordiafobia.
Los concordiafóbicos, que los hay, se han esmerado en construir durante años este estigma que está presente en el imaginario colectivo de los entrerrianos. Para qué negarlo. Es tal vez una forma de ubicar en los ciudadanos de una localidad determinada a los responsables de los males de todos los demás: una suerte de chivo expiatorio de alcance provincial, que permite lavar cómodamente las culpas del resto.