Benditos derechos y garantías de los condenados

Javier Aragón / De la Redacción de UNO
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En la Argentina por estos días se profundizan los debates sobre los derechos, tanto de los delincuentes como de las víctimas. Hoy se insiste en que el debido proceso debe ser exigente con los derechos y garantías que deben tener las personas que son judicializadas, condenadas o privadas de la libertad. En verdad tales puntos consagrados en la propia Constitución colisionan directamente con los derechos de las personas que sufren el delito.

Si no entendemos esto, es poner el mundo al revés. El delincuente no solo tiene el derecho a que se le tenga paciencia, contemplaciones, sino que se llega al punto hasta de ver su historia, si cometió el delito por un problema familiar, porque los padres lo golpeaban o porque directamente por estos tiempos se puso en juego un nuevo postulado: “No tuvo las oportunidades a causa del modelo de exclusión”.

Lo que uno propone no es más ni menos que si alguien hizo algo que lo pague y que no se la hagan fácil a la hora de regresar a las calles.

En estos tiempos de demagogia y posturas facilistas denominadas “progresistas”, es más fácil aplaudir los discursos llenos de ideales que están muy alejados de esta realidad que se vive a causa de estas posturas “garantistas”.

Habrá que repetir hasta el cansancio, porque si uno reclama revisar estos modelos no lo hace teniendo la idea de volver a los años oscuros de la Argentina, sino a tomar en cuenta los ejemplos de los países desarrollados institucionalmente, donde el que comete un acto delictivo termina preso sin miramientos hasta morir en el propio penal si el hecho investigado es muy grave.

El delincuente debe tener miedo de cometer un delito, pero en Argentina eso no ocurre, porque sabe que tendrá una nueva oportunidad o una legislación que morigere su comportamiento.

Hay que respetar el derecho y la garantía de todos por igual, pero entiendo que se debe dar una mayor preponderancia a la propia víctima, que es la que sufre el delito.

Hoy la legislación prima que el delincuente tiene un repertorio de defensas y beneficios, y bienvenidos que los tenga, pero no a costa de tener que sentirse que el que padeció el delito quede en desigualdad de oportunidades.

La legislación que no quiere ser revisada por los legisladores y políticos, tiene claros puntos contradictorios y por ello es que se llenan los cajones de diputados y senadores de proyectos que buscan cambiar este panorama llevando un poco más de sentido común.

Los casos de las muertes imprudentes por acciones de conductores delincuentes cansan a la sociedad con bochornosos fallos que solo sancionan levemente a los condenados. El juicio abreviado a Silvio Díaz rompió un poco esa tónica, pero ayer nuevamente todo volvió al debate de lo mal que se está en la Justicia con la legislación actual, que un condenado por ser narco, recuperó la libertad pese a tener la oposición de la Fiscalía, que consideró peligroso que ganara la calle.

Otro punto que merece ser analizado es qué hacer con los menores y adolescentes, que cada vez delinquen más. La comunidad está sobrepasada por ver que en un alto porcentaje los jóvenes son los que ejecutan los hechos de violencia y por contar con una legislación no pueden ser detenidos o sancionados.

Esto no sé en lo que va a terminar, lo que sí sé es que la gente cada día está más decepcionada con esta realidad, para lo cual legitima los caminos no adecuados de la justicia por mano propia o el descompromiso con la comunidad. Total, para qué van a denunciar, ayudar o aportar a favor del esclarecimiento de los hechos, si los delincuentes tendrán más derechos y garantías que las propias víctimas.