A 37 años del golpe de Estado que dio inicio a la más feroz dictadura de la historia argentina, la reconstrucción de lo ocurrido es claramente una tarea del presente. Los sectores afines a la dictadura no han podido imponer la idea de que se trata de “un tema del pasado”. Es presente, hoy todavía hay jóvenes que buscan su identidad, desaparecidos que no se encuentran, familiares que no saben dónde están sus muertos y represores que caminan sin castigo. Y los más importante, también está vigente la idea de que es una problemática que no pertenece solo a las víctimas directas de la dictadura, sino a todos los argentinos. Y desde este punto de vista se entiende que aún hoy, y en algunos casos recién hoy, aparezcan nuevos datos, denuncias, relatos que ayudan a reconstruir lo ocurrido hace tres o cuatro décadas.
A 37 años del golpe sigue la lucha por Verdad y Justicia
Tal vez así dicho, en este 2013, esto parezca una obviedad; pero es el resultado de la lucha de miles de personas por evitar que se imponga la idea de “lo pasado, pisado” a la que sigue la consagración de la impunidad -generalmente en nombre de la reconciliación nacional-, el famoso “aquí no ha pasado nada”.
La noche
En ese sentido, vale recordar algunos aspectos de lo ocurrido en la provincia desde el 24 de marzo de 1976. Según reconstruyó el periodista Daniel Enz, en la noche previa a aquel día el gobernador entrerriano Enrique Cresto recibió un llamado del senador Antonio Gino Cavallaro poniéndolo al tanto de la inminencia del golpe. El mandatario volvió hasta la Casa de Gobierno -previo paso por dependencias ubicadas en el edificio de la Caja de Jubilaciones- y esperó que los golpistas se apersonaran allí. Pasadas las 2, cuando se dirigía a su casa tras la espera infructuosa, fue detenido, esposado y golpeado en el piso. Algo parecido le ocurrió al vicegobernador Dardo Blanc.
Las oficinas públicas tomadas, los gremios clausurados y las primeras detenciones fueron las novedades de esa noche. A la mañana juró el coronel bonaerense Juan Carlos Trimarco como interventor de la provincia.
La mayoría de los funcionarios y dirigentes de varios partidos, principalmente los peronistas, fueron detenidos. La gente esperaba noticias en su casa. Había pocos medios de comunicación en esa época. El matutino paranaense El Diario recién fijó su postura institucional por el cambio de gobierno el 28 de marzo. “Las Fuerzas Armadas, como reserva de las instituciones, se han comprometido a terminar con la violencia embozada que se estaba ejerciendo desde los organismos mismos del Estado (….)” editorializó El Diario. El golpe se produjo entonces “cuando el pueblo que ansía un país de grandeza, que elaboraron nuestros próceres, despierta de este tormentoso letargo y pide un modelo argentino que responda a sus más profundas expectativas (...)
Eso es lo que el pueblo tiene derecho a pedirles a las Fuerzas Armadas: que le devuelva sus símbolos, sus ideales de grandeza, que le cambie la anarquía por el orden y que tengan presentes siempre las palabras de Paulo VI cuando dice que ‘el camino de la paz pasa por el desarrollo. Economía y técnica no tienen sentido si no es por el hombre, a quien deben servir’”, completaba el matutino.
La actuación de Trimarco al frente del usurpado Ejecutivo provincial fue breve. Desde el 13 de abril de 1976 lo ejerció el brigadier Rubén Di Bello, quien fue colocado en Entre Ríos por el Brigadier Orlando Agosti; ya que en el reparto jurisdiccional que efectuara la Junta de Comandantes del autodenominado Proceso de Reorganización Nacional, la provincia le fue asignada a la Aviación. Luego le siguieron Pablo Jávega, por un breve período; Carlos Enrique Aguirre, entre 1978 y 1981; Jorge Washington Ferreyra, entre 1981 y febrero de 1983; y Mario César Bertozzi, hasta el 10 de diciembre de 1983.
La represión
En la provincia el modelo represor-clandestino se aplicó con igual rigor que en el resto del país, produciendo desapariciones de personas, vejámenes, torturas, secuestros, asesinatos, entierros clandestinos, sustituciones de identidad de menores, robos de bebés recién nacidos, robos de propiedades, expulsiones injustificadas de trabajos, persecuciones, y demás delitos que hoy investiga la Justicia federal.
Este despliegue de actividad delictiva estuvo a cargo de al menos tres grupos de tareas (GT) integrados por alrededor de 50 personas pertenecientes al Ejército, la Policía Federal, la Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, bajo dependencia jerárquica directa de la comandancia del Segundo Cuerpo de Ejército a través de la Brigada de Caballería Blindada II.
En Entre Ríos, durante el período 1976-1978 funcionaron numerosos centros clandestinos de detención (CCD), donde ocurrieron hechos que se ventilan en diferentes juicios realizados o a realizarse en la provincia.
Por esos CCD pasaron, privados de su libertad y sin proceso alguno, cientos de entrerrianos y personas de otras provincias, de los que varios están todavía desaparecidos. También hubo hechos de robo de bebés, como los ocurridos con el nacimiento de niños en cautiverio en el Hospital Militar de Paraná y su posterior “entrega” a padres figuradamente adoptivos.
Los juicios
En el juicio por la causa Hospital Militar la Justicia consideró a Pascual Oscar Guerrieri, Juan Daniel Amelog, Walter Pagano y Jorge Alberto Fariña coautores responsables de la sustracción de menores y alteración o supresión de identidad. En tanto el médico Juan Antonio Zacaría fue considerado como partícipe necesario de los mismos delitos.
Por eso, en octubre de 2011 impuso una condena de 14 años de prisión para Guerreri, 13 para Amelong y Fariña, 11 para Pagano, y cinco años para Zaccaría. En tanto Marino González resultó absuelto en esta causa.
En tanto, en diciembre de 2012, en el marco de la denominada Causa Harguindeguy el Tribunal Oral Federal de Paraná condenó a prisión perpetua a Naldo Miguel Dasso y Juan Miguel Valentino; a 15 años de prisión a Julio César Rodríguez y 10 años a Francisco Crescenzo por delitos de lesa humanidad cometidos “en el marco del genocidio” en la costa del río Uruguay. Absolvió a Santiago Héctor Kelly del Moral, Marcelo Pérez y Juan Carlos Mondragón.
Resta aún realizarse el juicio de la denominada Causa Área Paraná, por cuya concreción reclaman insistentemente los organismos de derechos humanos, en la certeza de, aunque tarde, solo con verdad habrá memoria y justicia.