La Provincia
Viernes 27 de Noviembre de 2015

Votaron una tasa vial y mayor endeudamiento para la Provincia

Diputados aprobó gravar los combustibles entre 2,65% y 5,82% y actualizó a 6.000 millones los créditos que puede tomar el Ejecutivo. El Senado iba a completar la sanción a medianoche. Las leyes son de importancia para la próxima gestión 

En la última sesión de trabajo legislativo de este período el oficialismo consiguió ayer aprobar en Diputados dos leyes consideradas de importancia para la gestión que en dos semanas encabezará Gustavo Bordet. Se trata, por un lado, de la aplicación de una tasa vial que gravará los combustibles que se expendan en la provincia; y por otro lado, una autorización de endeudamiento por 6.000 millones de pesos.

Respecto de la primera iniciativa, la norma señala que la aplicación de esta tasa vial -cuya constitucionalidad ha sido atacada en las provincias donde ya rige, como es el caso de Córdoba- establece un recargo para la venta de combustibles líquidos y otros derivados de hidrocarburos.

Ese recargo será de 2,65% para diesel oil, gasoil grado 2 (común) y otros combustibles líquidos de características similares; y de 4,60% para la nafta grado 3 (ultra), gasoil grado 3 (ultra) y otros combustibles líquidos de características similares. Para el resto de los combustibles líquidos será de 3,80% por cada litro expendido. Para el Gas Natural Comprimido (GNC): el recargo llega a 5,82% por cada metro cúbico expendido. Los expendedores o quienes comercialicen los combustibles serán responsables de liquidar e ingresar el importe de la Tasa Vial Provincial.

El objetivo declarado de la tasa es “retribuir la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, conservación, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que integra la red caminera provincial...”, y en el mismo texto legal se faculta al Ministerio de Economía o   a la Administradora Tributaria (ATER) a actualizar trimestralmente los valores del tributo, además de aplicarlo a otros combustibles o modificar su forma de liquidación. También decidir si se podrá computar el pago de la tasa contra algún tributo provinciale.

La norma le asigna el carácter de recursos afectados a los ingresos provenientes de la tasa, por lo que no pueden ser destinados a saldar gastos corrientes.

Polémica a la vista

No constituye ninguna novedad que la implementación de esta tasa, inicialmente en Córdoba, fue atacada judicialmente; incluso por el gobierno nacional a través de los ministros de Economía Esteban Lorenzino y Axel Kiciloff. 

En este sentido, los rumores generados en lo más alto de la Justicia argentina indican -desde hace tiempo- que la Corte Suprema de Justicia estaba dispuesta a declarar la ilegitimidad de la famosa tasa vial, y que por esa razón el gobernador electo de la provincia mediterránea  Juan Schiaretti prometió derogarla dentro de los 90 días posteriores a su asunción. 

El gobierno de Cristina Fernández siempre fue crítico con esta tasa y por eso no avanzó en las jurisdicciones gobernadas por el Frente Para la Victoria. Los municipios bonaerenses que también la aplican son los que responden políticamente al massismo.

En el plano de la legalidad, se ha indicado que su aplicación viola la Ley Nacional de Combustibles, que le pone un techo máximo a la imposición tributaria. Esa es la razón por la cual, por ejemplo, la Provincia no aumentó la alícuota de Ingresos Brutos que grava la actividad en ninguna de las modificaciones tributarias hechas durante las dos gestiones de Sergio Urribarri.

Justamente para evitar que se considere el cobro como un impuesto se lo presenta como una tasa por mantenimiento vial. En Córdoba se estableció un valor en pesos, mientras que en Entre Ríos se definió un  porcentaje del valor del combustible.

Varios legisladores del oficialismo reconocieron que no tuvieron noticias del proyecto hasta que lo presentó el jefe del bloque oficialista, Juan Reynaldo Navarro, cuando promediaba la reunión de bloque previa a la sesión de ayer. Igualmente dejaron trascender que Navarro indicó que se trataba de una norma importante para contar con financiamiento al inicio de la gestión provincial de Gustavo Bordet.

A tal punto resultó sorpresivo para algunos el envío del proyecto que funcionarios de la ATER se hicieron  presentes ayer en la sesión a fin de interiorizarse del tema. 

Igualmente la Unión Industrial de Entre Ríos publica hoy una solicitada rechazando las “versiones” sobre la sanción de la norma pese a que el Senado se aprestaba a convertirla en ley a las 0.30 de hoy, lo que se descontaba dado que la totalidad de los miembros de ese cuerpo son del oficialismo. 

Créditos con la garantía de los bonos del 15%

El otro proyecto aprobado ayer fue  una modificación al artículo 1º de la Ley N° 10090 que se aprobó en diciembre de 2012 y autorizó al Ejecutivo provincial a concretar operaciones de crédito público por 1.500 millones de pesos para obras públicas de infraestructura. Ahora se votó que la autorización llegue a los 6.000 millones de pesos.

La concreción de esas operaciones podrá hacerse “con el gobierno nacional, Entes del Sector Público Nacional, Organismos Multilaterales de Crédito, o entidades financieras locales o extranjeras; o a través de la emisión y colocación de títulos de la deuda pública, en una o varias series,  o bajo cualquier otra modalidad de financiación, en términos y condiciones de mercado, bajo ley  y jurisdicción argentina o extranjera”.

En el oficialismo se explicó ayer que  resulta inminente la emisión de un bono nacional para saldar la deuda con las provincias surgidas del reconocimiento por parte de la Corte del carácter irregular del descuento del 15% de la coparticipación realizado a las provincias y que puede reclamarse desde 2006. Para Entre Ríos se trata de una suma cercana a los 11.000 millones de pesos, más los intereses. Entienden en el oficialismo provincial que ese bono será  difícil de colocar  en el mercado si todas las provincias salen a venderlo a la vez, pero creen que podría servir para garantizar los créditos que se tomen.

Incluso se rumorea que así como la Nación firmó con las provincias un acuerdo por el que se dejan sin efecto los desestimientos que hicieron las jurisdicciones provinciales de ese monto descontado; la presidenta Cristina Fernández podría decretar antes de la finalización de su mandato las condiciones en que la Nación debe saldar esa deuda. 

La denuncia del  acuerdo fiscal 

Si bien la oposición no acompañó los proyectos de implementar una tasa vial y de aumentar la autorización de endeudamiento, sí apoyó ayer la sanción de un proyecto que denuncia a partir del ejercicio fiscal corriente el “Acuerdo entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales”, celebrado en 1992, y los convenios posteriores que hayan sido ratificatorios de su vigencia.

Ese acuerdo establecía la detracción del 15% de la masa coparticipable de las provincias para financiar la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses). 

El proyecto establece que se deberá requerir al Estado Nacional la inmediata extinción de los efectos jurídicos del Acuerdo denunciado y el cese automático del  descuento sobre la masa bruta de impuestos coparticipables, en sintonía con el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia. 

Finalmente se establece que  el incremento de los recursos de la coparticipación debe destinarse  a la Caja de Jubilaciones hasta la concurrencia de los déficits que dicho organismo registra, y el excedente será destinado al refuerzo proporcional de las partidas de gastos de personal de toda la administración central y descentralizada.

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