La Provincia
Miércoles 14 de Enero de 2015

Urribarri denunció ataques al nuevo Código Procesal Penal

El gobernador se refirió a las resistencias que los sectores “más aristocráticos” del Poder Judicial ejercen sobre la reforma, pese a que la ley ya fue sancionada. Defendió a la procuradora Gils Carbó

La Reforma del Código Procesal Penal generó polémica antes, durante y tras la aprobación de la ley, sancionada el 4 de diciembre de 2014. El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, denunció presiones para la aplicación de la norma. “Cuánto más profunda y amplia es la reforma, mayor es el impacto en el reparto de poderes y por supuesto, mayores serán las resistencias al cambio”, señaló en una carta abierta difundida ayer con  el título: “No demos un paso atrás”.


Urribarri calificó la norma como “una de las leyes más sensibles tanto para la sociedad como para quienes detentan el poder”. “Las resistencias y ataques por parte de quienes ven perder importantes porciones de poder, se expresan de modo despiadado. No resulta extraño que el Poder Judicial argentino concentre las mayores críticas y cargue sobre sus espaldas con una abrumadora imagen negativa en cualquier encuesta de opinión pública nacional. Los sectores que representan el costado más aristocrático de un poder genéticamente conservador han convertido a la procuradora, Alejandra Gils Carbó en objetivo de arteros ataques”, manifestó.


Luego indicó que la reforma del proceso penal es inexorable. “Tiene que consolidarse porque se trata de afirmar un sistema realmente compatible con la Constitución y dejar atrás un mecanismo que no funciona. Mucho peor: funciona para garantizar la impunidad de ciertos grupos económicos privilegiados, que evaden impuestos, practican el contrabando, operan ilegalmente a nivel financiero, fugan divisas y han producido a lo largo de casi todos los gobiernos, especialmente los de facto, la destrucción de la economía nacional y la transferencia de recursos del sector público al privado con absoluta impunidad (Krieger Vasena, Martínez de Hoz, Alemann, Pastore, etc.)”, explicó.


Luego precisó: “Según nuestra norma fundamental y también de acuerdo a la Convención Americana de Derechos Humanos, corresponde a los jueces de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos en la Constitución, o dicho en otros términos, les corresponde juzgar. Para ello deben ser imparciales e independientes. Pero de ningún modo les corresponde adueñarse de la acción penal, ni de la prueba ni de los plazos del proceso”.


Y agregó: “La Reforma del Proceso Penal consiste, básicamente, en asignar a cada uno su función constitucional: al Ministerio Público investigar y promover la acción penal, a la defensa resistir la pretensión de los fiscales que acusan y a los jueces decidir acerca de lo que las partes afirman y prueban. Se trata de un cambio sustancial, aunque absolutamente lógico, necesario, democrático, constitucional y exigido por todas las convenciones de Derechos Humanos”.


Finalmente Urribarri explicó cómo se dio el proceso de reforma en Entre Ríos. “Hace exactamente siete años, el 9 de enero de 2007 publicamos la ley que daba vida a un Código Procesal Penal que preveía este nuevo, pero constitucional al fin, reparto de poderes de los funcionarios judiciales. Los fiscales, organizados en el Ministerio Público Fiscal, promoviendo la acción penal y los jueces haciendo su trabajo: escuchar a las partes en juicios públicos y orales, considerando las pruebas aportadas por defensores y fiscales y lo fundamental, dictando sentencias”.


“Hoy podemos decir con orgullo que está vigente en todos los rincones de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué ganamos? Primero poner las cosas en su lugar”, estableció, y mencionó como las mejoras plausibles el aumento de las denuncias recibidas “desde que ya no es la Policía ni el juez, sino la Fiscalía la que toma las medidas investigativas desde el inicio” y el aumento de las causas que se elevan a juicio. 

 

 

 

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