La Provincia
Lunes 26 de Diciembre de 2016

Una jueza rechazó una decisión del Procurador General de Entre Ríos

La magistrada declaró inconstitucional una resolución designando a dos abogados a actuar como fiscales

La jueza de Garantías Nº 1 de Paraná, Paola Firpo, declaró la inconstitucionalidad la Resolución N° 100/2016 de la Procuración General de la Provincia, de junio de este año, y también del artículo . 34 de la Ley de Ministerios Públicos N° 10407, de acuerdo a información difundida oficialmente por la Justicia provincial.

Fue en un fallo en el que rechazó la designación de los abogados Oscar Sobko y Pedro Elizalde, que habían invocado una disposición del Procurador General Jorge Amilcar García, para intervenir en una audiencia como representantes del Ministerio Público Fiscal.


La sentencia indica que el Procurador García no atendió los mecanismos que prevé la Constitución de Entre Ríos para el nombramiento de los Fiscales.


"Así emerge evidente e incontrastable que la Constitución en modo alguno autoriza al señor Procurador General de la Provincia a otorgar funciones propias de los fiscales a personas -por más que posean título de "abogado" y cuya idoneidad o aptitud para el cargo no entra en modo alguno en discusión-, que carecen de los requisitos constitucionales para ejercer dicha función, porque para ejercer el Ministerio Público Fiscal se requiere necesariamente haber transitado por los mecanismos previstos -concurso, acuerdo, nombramiento-, para darles potestades y hacerlos intervenir en diferentes tipos de audiencias: llámese, de suspensión de proceso a prueba, imposición de medidas coercitivas etcétera.-, situación que vulnera la Constitución Provincial porque 'delega funciones' propias que se han instituido en cabeza de determinados funcionarios habida cuenta que sobre los mismos recaerán derechos, obligaciones y responsabilidades funcionales", indicó la magistrada.


Luego apuntó: "Sabido es que nuestro sistema republicano de gobierno coloca en cabeza de todos los jueces el control de constitucionalidad, siendo el mismo incluso de oficio, ante cualquier reglamento, resolución, norma o ley que contraríe una de superior jerarquía, en el caso la carta magna provincial, denominado por ello 'control difuso' de constitucionalidad".

En tal sentido, sostuvo Firpo, su razonamiento "transcribiendo o sintetizando las normas superiores que no tuvo en cuenta la resolución bajo estudio, con base en una norma legal que autoriza delegar funciones en quienes no ostentan condiciones constitucionales para su desempeño, conduce a concluir que estamos frente a un mecanismo que equivale a autorizar al Procurador General a crear y designar Fiscales Auxiliares, aún con limitación de facultades, al margen de las expresas disposiciones constitucionales y de los cargos creados legalmente a tales fines y, por tanto, no cabe otra solución posible que declarar la inconstitucionalidad de la Resolución N° 100/2016 de fecha 9/6/2016 y del artículo . 34 de la Ley de Ministerios Públicos N° 10407, en cuanto resultan contrarías a la normativa de los artículos 45, 103 , 175 y 207 de la Constitución de Entre Ríos e incurren en indebida delegación de funciones, expresamente vedada por el artículo 45 de la misma", precisó.


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