Venta de armas
Domingo 12 de Febrero de 2017

Un arma incautada en Tribunales se utilizó luego en un asesinato

Es la pistola 9 milímetros con la que un menor mató a Mauricio Almada en el barrio Jauretche de Paraná. La familia demandaría al Estado

Quienes sean los que sustraían las armas incautadas por el Poder Judicial para venderlas o alquilarlas en el ambiente delictivo, tienen las manos manchadas con sangre. Las evidencias que fueron surgiendo en la investigación van revelando datos que grafican las consecuencias del negocio -que bien podría compararse con el narcotráfico-, así como del descontrol existente por parte de la Justicia sobre los elementos secuestrados y el exceso de confianza hacia los funcionarios que estaban a su cargo. Por ejemplo, según informaron a UNO fuentes allegadas a la investigación, una pistola calibre 9 milímetros que había sido incautada fue utilizada posteriormente en el asesinato de un hombre en el barrio Jauretche de Paraná; la Policía la secuestró nuevamente y tras el escándalo que salió a la luz el año pasado, al momento de inventariar las armas del Depósito de Tribunales se constató que la misma volvió a desaparecer.

Esta es una de las tantas historias que se podrían contar al consultar el expediente de cada arma que fue secuestrada y luego aparecía en la calle. El martes 20 de enero de 2015 por la tarde, Mauricio Almada, un mecánico del barrio Lomas del Mirador de Paraná, fue atacado a balazos por al menos tres personas en calle Gobernador Crespo al final, cerca del arroyo Colorado. En la investigación se supo que quien disparó era un menor de edad del barrio Jauretche, y se secuestró el arma utilizada en el hecho: una pistola calibre 9 milímetros, que tenía la numeración limada.

La misma fue enviada a Criminalística para peritar. Los efectivos la cotejaron con las vainas servidas que habían sido halladas en la escena del crimen y el estudio arrojó compatibilidad.

Pero además, los especialistas realizaron el revenido químico con la esperanza de recuperar la numeración de la pistola. Al sacar las capas superficiales del acero, el número apareció y surgió que se trataba de un arma que debía haber estado en el Depósito de Efectos Secuestrados, en el subsuelo de Tribunales.

El abogado querellante en aquella causa que representó a la familia de Almada, Guillermo Muleto, dijo a UNO que no fueron notificados formalmente de este resultado, pero que en caso de que oficialmente le confirmen este dato, iniciarán una demanda contra el Estado por la irresponsabilidad en la guarda del arma. "De ser así, si el arma no hubiera salido nunca de Tribunales, seguramente Almada estaría vivo", aseguró.

En el transcurso de la investigación, si familiares de cada víctima de hechos ocurridos en los últimos años solicitaran conocer si las armas de fuego utilizadas en los crímenes debían estar bajo resguardo de la Justicia o destruidas, podría haber una ola de juicios contra el Estado provincial en los casos que esto se confirmara.

Días después de surgir el escándalo en 2016, UNO refirió el caso por el cual fue condenado a prisión Cristian Siegfried en 2015. Al hombre lo juzgaron por una balacera ocurrida en 2011 contra cuatro personas en el barrio El Morro, y también por un homicidio en el barrio La Milagrosa en 2012. Una de las pruebas en contra del imputado era una pericia que determinó que los proyectiles del primer hecho habían sido disparados por la misma arma que los del segundo. ¿Cómo Siegfried iba a utilizar en 2012 el arma que la Justicia había secuestrado en 2011? El tribunal afirmó que se había tratado de un error involuntario del perito balístico del Superior Tribunal de Justicia, Antonio Daniel Vitali, quien se equivocó en los proyectiles que analizó. La credibilidad de los funcionarios judiciales hacia Vitali estaba aún intacta. El romance se terminaría poco después. Hoy, más de uno lo espera para el juicio.



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Incógnitas abiertas



A ciencia cierta, no se sabe cuántas armas secuestradas por la Justicia fueron robadas, ni desde cuándo. La investigación llevada adelante por el fiscal Ignacio Aramberry durante casi todo 2016, apuntó a obtener pruebas de la maniobra delictiva durante dos años hacia atrás, principalmente sobre las causas tramitadas con el nuevo Código Procesal Penal. De este modo, con el inventario realizado en el Depósito de Tribunales se logró determinar la faltante de 72 armas. Pero todavía queda por establecer si desaparecieron aquellas incautadas en el marco de expedientes de los juzgados de Instrucción, tanto de Paraná como de las demás jurisdicciones de la provincia.

En este sentido, se conoció la semana pasada que a la causa por la sustracción de armas del Depósito, que tiene como principal imputado al perito balístico y excomisario Antonio Vitali, se sumó otra por la desaparición de 25 armas en el marco de dos expedientes que se tramitaron en un Juzgado de Concepción del Uruguay, en 2008, y por esto indagaron al mismo hombre.

En este caso, el juez Mariano Martínez había solicitado las armas para destrucción en una causa, y para devolvérsela al dueño, que fue sobreseído, en otra. Le imputaron a Vitali haber falsificado un acta en la que figura que le dio las 25 armas para llevarlas de regreso a un oficial de la Policía que no existe. Ese documento data del 17 de diciembre de 2008, y sobre el mismo se realizó una pericia caligráfica sobre un cuerpo de escritura del acusado, incorporado a la causa anterior. El cotejo del personal de Criminalística dio positivo, prueba con la que el juez de Transición Pablo Zoff procesaría en los próximos días a Vitali.

Por todo esto, algunos piensan que, aunque estén por elevar a juicio la primera causa, esto recién empieza. En Tribunales se comenta: "Cuando los juzgados del interior se pongan a hacer un compendio de lo que les falta, se van a llevar una sorpresa".


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Colaboraron y acordaron penas



A fines de diciembre de 2016, tres de los imputados en la causa por la sustracción de armas del Depósito de Tribunales aceptaron condenas en un juicio abreviado. Maximiliano Bertoni, de 35 años, quien era empleado judicial del Departamento Médico Forense; Mario López Alonso, de 29 años; y Eduardo Ramón Borgogno, de 45, acordaron tres años de prisión condicional. Según la imputación de la Fiscalía, el primero era quien retiraba las armas bajo las órdenes de Vitali, los otros dos tenían contactos del ambiente delictivo que las requerían.

A cambio de una sanción más leve y de evitar la cárcel, los tres aportaron pruebas claves para la causa y comprometieron a Vitali en sus declaraciones como el jefe de la banda.



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Una pistola que incautaron dos veces en 15 años


Otro caso que llamó la atención cuando todavía no se sabía de cómo aparecían en la calle las armas secuestradas, es el de una pistola calibre 9 milímetros que era la reglamentaria de un efectivo de la Policía entrerriana. Con esa arma, la esposa del uniformado se quitó la vida en 1999. En el marco de la causa por el suicidio, el juez que intervino la secuestró y la envió para decomiso y destrucción. Pero esto último no ocurrió: en 2014, policías de Investigaciones detuvieron a dos sujetos que iban en una moto en inmediaciones del barrio Capibá, y le secuestraron la misma pistola. Es decir, 15 años después el arma seguía en la calle.

El caso que inicialmente se conoció y que dio origen a la investigación, fue el de un hombre al que le secuestraron dos veces el mismo arma de fuego. La investigación de Criminalística y de la comisaría cuarta de Paraná dio origen a la investigación llevada adelante por el fiscal Ignacio Aramberry y que descubrió la banda que operaba desde el interior de Tribunales, para sorpresa de las máximas autoridades y de todo el ámbito judicial y policial.


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