Policiales
Martes 25 de Octubre de 2016

Sobreseyeron a los tres penitenciarios acusados de golpear a Silvio Díaz

Sin pruebas. El fiscal Álvaro Piérola pidió desvincular a los tres carceleros que estaban en la guardia cuando el condenado por una tragedia vial en Paraná dijo ser agredido en la Unidad Penal

El 13 de febrero de 2015 Silvio Díaz hacía más de ocho meses que estaba detenido en la cárcel de Paraná por el crimen vial ocurrido frente a la escuela Del Centenario, en el que murió Juan Manuel, un niño de 6 años. La causa por el siniestro vial tuvo otras dos paralelas, con el detenido como víctima: una contra un policía que le pegó en la comisaría quinta, quien ya fue sentenciado en un juicio abreviado, y otra contra tres agentes penitenciarios, a quienes Díaz había denunciado por un confuso episodio de violencia ocurrido en el interior del penal. Finalmente, ayer esta última causa se cerró con el sobreseimiento de los carceleros, por pedido del fiscal Álvaro Piérola, ya que no se hallaron pruebas fehacientes que corroboren la denuncia por vejaciones.
Si las cámaras de vigilancia de la Unidad Penal N° 1 hubieran apuntado al lugar donde ocurrió el hecho, y si además aportaran imágenes claras, tal vez el hecho se habría esclarecido, en lugar de quedar planteadas las dudas.
En la audiencia realizada ayer ante la jueza de Garantías Paola Firpo, el fiscal explicó que se cuenta con varios testimonios, tanto de agentes penitenciarios como un interno, quienes coincidieron en que Díaz se encontraba alterado y que fue reducido por los uniformados, por lo que se produjo un forcejeo en el cual el preso habría intentado agarrarles las armas a los carceleros.
Por otro lado, Piérola valoró el informe del médico del Servicio Penitenciario Oscar Dobri, y concluyó que las lesiones padecidas por Díaz se corresponden al forcejeo que se produjo para controlar su estado de agresividad.
Por esto, el fiscal pidió el sobreseimiento para Hugo Andrés Almada, Pablo Daniel Taborda y Enzo Gustavo Barrios Alarcón, debido a que el hecho atribuido a los penitenciarios no encuadra en ninguna figura legal penal.
Los defensores oficiales Jorge Sueldo y Jorge Balbuena coincidieron con el planteo de la Fiscalía, y naturalmente aceptaron el pedido de sobreseimiento. La jueza Firpo analizó los elementos del legajo, pero adelantó que no tiene más opción que hacer lugar a lo solicitado por la acusación pública, de desistir de la acción penal.
Como quedó más que claro en la causa por el accidente fatal del 6 de junio de 2014, Díaz padecía un grave problema de adicción a estupefacientes que, según se refirió en el transcurso de la causa judicial, comenzó a tratar desde su detención. Pero esto, según se informó a UNO, le generó varias crisis como consecuencia del proceso de abandonar el consumo de sustancias. Fueron episodios que derivaron en violencia con otros internos del penal y también con penitenciarios. Uno de estos fue el que derivó en la denuncia y posterior investigación que terminó en el sobreseimiento.

A la espera de la demanda Civil
La causa que sí tuvo efecto en la justicia con Silvio Díaz como víctima fue la que se inició por la golpiza que recibió poco después de ser detenido por segunda vez, tres meses después del accidente en Alameda de la Federación.
Darío Héctor Ferrero aceptó en un juicio abreviado pagar con dos años y medio de prisión condicional por haber entrado a la celda donde estaba alojado Díaz y darle una paliza. El hecho ocurrió el 1º de noviembre de 2014, cuando Díaz había sido alojado en la Alcaidía Contravencional de la comisaría quinta tras incumplir con medidas de coerción.
Ferrero estaba cumpliendo funciones allí e ingresó al calabozo donde estaba Díaz esposado y lo golpeó en el rostro. Le causó varias lesiones y cortes en la nariz, los ojos y la boca, y como consecuencia le hizo perder una pieza dentaria.
Resuelta esta causa penal, queda aún pendiente la demanda Civil contra el Estado provincial, que Díaz interpuso por el monto de 570.000 pesos en concepto de daños físicos y morales padecidos con la golpiza. La Fiscalía de Estado rechazó esa suma por excesiva.

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