La Provincia
Lunes 22 de Febrero de 2016

Si hay una nueva ley, intentarán que Nación financie una parte de las jubilaciones provinciales

Entre Ríos pretende que el primer tramo sea financiado para los pasivos provinciales que igualen las condiciones de los nacionales 

Carlos Matteoda / De la Redacción de UNO
cmatteoda@uno.com.ar


El déficit del sistema jubilatorio provincial no es novedad y sus datos ya no causan mucha sorpresa. En diciembre UNO publicó un informe de la deuda provincial que arrancaba señalando : “El déficit acumulado por la Provincia desde 2007 hasta 2015 es casi equivalente al gasto de un año del desfinanciamiento del Sistema Previsional entrerriano”. 

En ese momento se discutía el volumen de la deuda provincial, a raíz de expresiones del ministro de Economía , Hugo Ballay, quien había señalado que ese endeudamiento llegaba a las 13.000 millones de pesos.

En esa misma nota (titulada Buscan refinanciar una deuda pública que equivale al 55% de los Recursos Corrientes del año que puede verse en la web de diario UNO) en la que se desarrolló la evolución de la deuda entrerriana, el gobernador Gustavo Bordet indicaba que esa deuda no era sorpresiva. “Son los números que esperábamos, los números que nosotros manejábamos y es una situación que para nada pone en riesgo la gobernabilidad de la provincia”, indicó.

Luego agregó: “Estamos abocados con todo el equipo de Economía a poder ver cómo generamos un ordenamiento financiero que nos permita ir acortando la deuda que existe y también la posibilidad de lograr un equilibrio fiscal”.

Lo cierto es que ese ordenamiento de los números provinciales está atado en gran medida a la suerte que corra el reclamo del 15% de coparticipación que la Nación detrae a las provincias desde 1992 para paliar el déficit previsional nacional, y que ahora la Justicia entendió que debe dejar de descontar, para el caso de tres provincias que hicieron el reclamo en Tribunales.

Pero también es cierto que lo que ocurra con el sistema previsional provincial será determinante. Desde la gestión del justicialista Mario Moine (1991-1995) el tema forma parte de la agenda política entrerriana. En la tercera gobernación del peronista Jorge Busti, con Néstor Kirchner como presidente de la Nación, se logró un acuerdo para que la Nación compensara el déficit de las cajas de jubilaciones provinciales que no fueron transferidas al Estado nacional cuando se comenzó a descontar el 15%. Una de esas cajas es la entrerriana, cuya transferencia a la Nación estaba prohibida por la Constitución provincial. La prohibición fue ratificada en la Reforma de 2008.

Sin embargo, la compensación nacional no llegó a Entre Ríos durante las dos últimas gestiones presidenciales, al mando de Cristina Fernández.

Tomando las tres gestiones kirchneristas, los números son elocuentes. En los últimos 12 años el déficit del sistema previsional provincial fue de 8.200 millones de pesos aproximadamente, y lo recibido como compensación por parte de la Nación no llegó a los 1.100 millones. Aunque políticamente no quede bien decirlo, las provincias que transfirieron sus cajas a la Nación están en una situación comparativa mucho mejor que las que no lo hicieron.

En tanto, el universo de los jubilados provinciales sigue creciendo. Si bien al inicio de esta nota se señaló que el déficit del sistema no constituye una sorpresa, sirven un par de datos para aproximarse al problema.

En 2005 los jubilados provinciales eran menos de 34.000 y actualmente suman más de 47.000. En menos de 12 años la población de jubilados creció en 13.000 beneficiarios. En el mismo período la población creció significativamente menos: el índice de crecimiento poblacional de la última década estuvo por debajo del 7%, y también el crecimiento de los empleados públicos fue significativamente menor al de los jubilados.

Si se toma un lapso de tiempo mayor, a mediados de los 90 la población de jubilados provinciales era 21.000 personas aproximadamente, y 25 años después el crecimiento experimentado es superior al 120%.

La semana pasada UNO informó de la intención del titular de la Administración Nacional de Seguridad Social  (Anses) de igualar la edad para acceder al beneficio jubilatorio en todos los regímenes, tanto el nacional como los provinciales. Si bien el tema siempre ha sido polémico  (en el caso de Entre Ríos, la edad jubilatoria de las varones pasaría de 62 años a 65, y la de las mujeres de 57 a 60) así planteado es solo un recorte de una intención mayor.

Durante los últimos días tomó cuerpo en el gabinete del presidente Mauricio Macri la idea de producir cambios en la ley nacional de jubilaciones, con el argumento de establecer un sistema sólido y evitar que se sigan aplicando “parches” como el que regula las moratorias que permiten jubilarse a quienes no tienen la totalidad de los aportes. Sabido es que la ley nacional N° 24.241 (Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones) ha sufrido más de 1.100 modificaciones. 

Una de las ideas que defiende el equipo a cargo de Anses, encabezado por Emilio Basavilbaso, es que exista una prestación jubilatoria mínima que sea igual para todos los pasivos nacionales; y otro componente del haber jubilatorio, en función del monto total aportado durante los años de actividad.

En realidad no se trata de una novedad, ya que en muchos países de Europa se aplica ese modelo de gestión, con dos pilares de cobertura. El primero, que se denomina piso de previsión nacional, garantiza un monto específico, igual para todos los que cumplan determinados requisitos. Y un segundo tramo, que depende de la densidad de aportes de cada jubilado en su historia laboral.

Incluso hay países europeos que tienen un tercer pilar, de carácter voluntario, que funciona para fortalecer el haber jubilatorio si ese trabajador decidió hacer aportes más altos de los que estaba obligado a realizar.

Elías. Cauto, pero optimista.

El aporte a las provincias

Sobre la base de que el sistema previsional nacional está consolidado, el titular de la Caja de Jubilaciones de la Provincia, Daniel Elías, observa con optimismo la iniciativa de la administración macrista.

El funcionario provincial, que además preside el  Consejo Federal de Previsión Social, entiende que la idea de equiparar las edades jubilatorias es un principio de justicia, pero que no constituye un  escollo insalvable para el caso de que algunas provincias que no transfirieron sus cajas tampoco accedan a este requerimiento.

“Basavilbaso tiene como objetivo la universalización del sistema en Argentina y parámetros universales para toda la población de trabajadores”, explicó. “Nosotros decimos que se debe mantener el respeto a los 13 estados provinciales que tenemos regímenes propios. Lamento que no sean las 24 provincias las que tengan su propio régimen. Esta es la base del federalismo. Lo que proponemos muchas provincias, hace varios años, es que tenemos que tratar de lograr ese piso de protección universal o colectivo  garantizado para todas las provincias, estén o no transferidas sus cajas”. 

—¿Así se lograría financiamiento para el sistema provincial?
—No estamos diciendo que tenemos que sumarnos a elevar las edades porque sí. Pero puede ocurrir que sea un condicionamiento o un requisito, por ejemplo que todas las jubilaciones de 65 años de edad y 30 años de aportes puedan tener un componente de financiamiento  nacional. Es decir que ese primer pilar sea financiado por el sistema nacional, que no hay que olvidarse que tiene casi un 46% de sus fondos que son aportados por todos los argentinos.

—¿La elevación de la edad sería, así pensado, un requisito para acceder a algún financiamiento nacional?
—Las provincias podemos imaginar elevar o no las edades jubilatoria, pero sí tenemos derechos a reclamar que si tenemos jubilados que tienen 65 años de edad y 30 de aportes, que tengan ese primer pilar del haber jubilatorio financiado por el sistema nacional.

—¿Esto resulta compatible con la Constitución provincial, que prohíbe la transferencia de la Caja, por ejemplo?
—Absolutamente compatible. Lo que pregonamos algunos especialistas en esto no es transferir nuestro sistema, ni perder nuestra potestad federal que nos garantiza la Constitución Nacional. Lo que estamos diciendo es que aún cuando tengamos jubilados que se hayan jubilado con 62 años, cuando tengan 65 ; o quienes se jubilan a los 65, y si tienen 30 años de aportes, deberíamos  tener un reconocimiento en la prestación por parte del sistema nacional.

—A partir de llegar a esa edad, y con esos años de aportes.
—Le cuento un caso que sirve de ejemplo. Acabo de jubilar una persona de 62 años  y 40 años de aportes. Cuando esta persona tenga 65 años, por qué el Estado provincial no va a tener un financiamiento de esa prestación, que va a tener las mismas características que la prestación nacional o la de un jubilado de Santiago del Estero, cuya caja está transferida. Ahora no ocurre y es ahí donde se marca la desigualdad del Estado nacional respecto de las provincias.

—Entonces puede ser una buena idea la de Basavilbaso?
—Es alentador el mensaje de Basavilbaso. La idea de universalizar el financiamiento no es sinónimo de transferir la Caja o aumentar las edades jubilatorias. Ese es un debate que debemos darnos, y lo haremos sin dudas. Las provincias que no hemos transferido la Caja deberíamos tener una parte de financiamiento nacional en la prestación, de aquellos trabajadores que tienen las mismas condiciones que en el sistema nacional.

—¿Esto es mejor que la asistencia por el déficit previsional que se acordó en 2004?
—En ese momento Entre Ríos comenzó a recibir una asistencia por el déficit previsional. Nuestra propuesta es distinta. Hablo de la propuesta de un grupo de profesionales que entendemos en este tema con criterio federal, y yo soy autor de la idea, por eso me entusiasma.

La idea apunta a que el Estado Nacional no financie déficit sino prestaciones. La medida del déficit puede ser injusta. Muchos recuerdan lo que ocurrió con Córdoba, que cuando accedió a la armonización , antes de la firma del pacto su Caja de Jubilaciones tenía un déficit que no llegaba al 6%;  y en los días previos a la firma picó al 30% porque prácticamente sacó una jubilación anticipada. ¿No es más justo financiar prestaciones que déficit? Creemos que sí. Nosotros decimos que el Estado Nacional financie una parte de las jubilaciones de los trabajadores que tengan 65 años de edad y 30 años de aportes, como lo hace con los jubilados nacionales o con los de las provincias que tienen sus cajas transferidas. 

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