Paraná
Miércoles 21 de Septiembre de 2016

Según Sorgente, Varisco apoyó derogar normas de transparencia

Interventor del PRO defendió a Gainza y Etienot en la polémica por los contratos del Concejo. Involucró a todos los concejales y al intendente

Tras la información publicada ayer por UNO dando cuenta de que el Concejo Deliberante de Paraná derogó la Ordenanza N° 8.323 que creaba el Sistema de Información Ciudadana en Paraná, el interventor del PRO, Marcelo Sorgente, salió a defender a la viceintendenta, Josefina Etienot, y al concejal macrista Emanuel Gainza, quienes son los artífices de esos cambios para ocultar información, según sospechan otros concejales. Llamativamente Sorgente también involucró al intendente Varisco en la polémica decisión.

El conflicto comenzó cuando trascendió el caso Lorena Mariana Yenco, Legajo Nº 25.172 del Concejo Deliberante de Paraná, que firmó en marzo un contrato de locación de obra por el cual se le otorgó Categoría 1, con una remuneración mensual de 30.000 pesos (Decreto del HCD N° 233/16), para realizar tareas como asesora del concejal Gainza, pero según informaron varios medios, la contratada cobraría solamente 6.000 pesos y los otros 24.000 quedarían para la caja del edil.

En el marco de la defensa del buen nombre del concejal, se hicieron llamativos cambios en las ordenanzas de Paraná. Se supo así -tal como lo publicó ayer este medio- que con la presunta intención de ocultar los contratos del concejal y no tener que dar respuesta a quien envió una carta documento solicitando información, se derogó la Ordenanza Nº 8.323 Sistema de Información Ciudadana que obligaba al municipio a "facilitar el acceso simple, automático y libre a la información administrativa municipal, a cualquier persona que acceda al sistema o que así lo solicite" (art. 2) y declaraba "de acceso e interés público,y en consecuencia sujeta a inclusión en el Sistema de Información Ciudadana, a toda la Información Administrativa obrante en los archivos informáticos de la Municipalidad de Paraná (incluyendo la de los departamentos Ejecutivo y Deliberante)...".

En el apartado sobre Recursos Humanos, la información mínima a publicar incluía: listado de funcionarios políticos con indicación de cargo, categoría y lugar de trabajo; listado de personal de planta permanente, con indicación de cargo, categoría y lugar de trabajo. Listado de personal transitorio y contratado.

Escala salarial: cargos, categorías y montos adicionales. Estatuto y Escalafón Municipal. Esa información debía actualizarse mensualmente.

La Ordenanza Nº 8.323 Sistema de Información Ciudadana fue derogada por la Ordenanza N° 9.420, que fue publicada en el Boletín Oficial del 27 de julio. Y tal sería la intención de mantener oculta esta ordenanza que, si bien fue publicada en el Boletín Oficial para que tenga validez, ni el Departamento Ejecutivo ni el Concejo Deliberante la habían incorporado hasta ayer en sus digestos que tienen en la web.

Sorgente recurrió ayer a la agencia APF para respaldar a los dirigentes macristas Gainza y Etienot, sin desmentir ni una coma de lo publicado. Opinó sobre la derogación que contradice el discurso de transparencia de la campaña electoral del PRO. "Cualquier decisión de ese tipo no es solo de la viceintendenta, también es de los demás concejales, y del intendente. Por suerte hay democracia, se plantea, se discute, se ponen de acuerdo", dijo . La alusión a Varisco no pasó inadvertida en ámbitos del Ejecutivo municipal.

Sorgente también defendió la gestión del concejal Emanuel Gainza, que había sido blanco de cuestionamientos por contrataciones. "No dudo del honor, ni de Josefina Etienot, ni de Emanuel Gainza que son de nuestro partido. Estamos contentos, conformes con sus tareas, y no sospechamos de nada porque todo ya fue explicado", dijo.

También opinó sobre el acceso a la información pública: "Lo que se puede hacer desde la función pública es dar información de una partida presupuestaria aplicada, por ejemplo, a recursos humanos u obra pública. Lo que no se hace, generalmente, es dar datos sobre los honorarios que cada uno de ellos cobra", opinó. "En aquellos casos donde haya un problema severo que así amerite, pueda tener acceso no solo a la prensa, sino cualquier ciudadano", agregó.

En ese marco explicó que en Colón hubo un caso similar. "Allí nuestra propia gente del PRO daba a conocer la planta de contratados de la ciudad, pero no se habló si Juan Pérez cobra 8.000 pesos o 20.000 pesos , se habla de una partida presupuestaria general afectada a recursos humanos", indicó finalmente.

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