Policiales
Viernes 24 de Abril de 2015

Se reanuda la audiencia previa al inicio del juicio contra Facundo Bressan

La jueza de Garantías, Marina Barbagelata, resolverá, en una nueva audiencia, el pedido de remisión a debate oral y público de la causa que determinará la responsabilidad de Facundo Bressan en el crimen de Priscila Hartman.

Esta instancia se da luego que la magistrada declarase nulidad del primer requerimiento fiscal de remisión de la causa a debate el pasado lunes 6 de abril.

Las partes ofrecerán, y tendrán que justificar su pertinencia, las pruebas que se discutirán en la instancia del juicio.

Bressan es el único acusado del delito de homicidio agravado del Priscila Hartman, la joven de 22 años encontrada muerta en un descampado en las afueras de San Benito el domingo 26 de octubre de 2014, cuando era buscada por su desaparición desde el jueves anterior.

En aquella audiencia que se realizó el lunes 6 de abril, por un planteo realizado por la defensa de Bressan a cargo de Miguel Ángel Cullen y Guillermo Vartorelli, Barbagelata rechazó la elevación a juicio del requerimiento fiscal y pidió que se reformule la imputación del acusado.

Barbagelata entendió que el contenido de la acusación no se ajustaba a lo dispuesto en el nuevo Código Procesal Penal.

Ésta resolución fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de Juan Malvasio y Álvaro Piérola, así como la querella en manos de Marcos Rodríguez Allende y Walter Rolandelli.

Aunque el recurso fue rechazado por Barbagelata que resolvió ratificar lo que entendió el juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones Alejandro Grippo en una audiencia que realizada el martes 7 de abril, que declaró inadmisible el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, apuntado que fue mal concedido.

Al decretar la nulidad del pedido de remisión de la causa a juicio, Barbagelata acogió el cuestionamiento que hicieron Cullen y Vartorelli, que argumentaron que el inciso 2 del artículo 403º del Código Procesal Penal que indica que la acusación debe contener “la relación clara, precisa y circunstanciada del hecho punible que atribuye al imputado; en caso de contener varios hechos punibles independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos”.

Según entendieron los defensores, este punto no era cumplimentado por los fiscales y vulneraba el derecho a una legítima defensa.

 

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