La Provincia
Domingo 22 de Febrero de 2015

Se dilata la discusión por una nueva ley de agroquímicos

Cresto, referente del Senado, instó a ambientalistas a involucrarse para “que se vote la norma”. Organizaciones reclaman controles más rigurosos en función de preservar el derecho a la salud  

Las denuncias por fumigaciones en escuelas rurales se volvieron una constante en buena parte del territorio entrerriano. La falta de control a los aplicadores de productos químicos y una cadena de responsabilidades que nunca se cumplen impiden que se pueda resguardar el derecho a la salud de los trabajadores de la educación. Con una ley que requiere de actualización y de un profundo debate entre legisladores y representantes de organizaciones ambientalistas, productores, y otros actores, la salud de la población se pone en juego ante una permanente amenaza en forma de fluidos dispersados por cielo y tierra. Y lo que sucede en instituciones educativas del ejido rural es solo una muestra de un problema mucho más profundo, que involucra a localidades cercanas a plantaciones de monocultivos, o como en el caso de la localidad de San Salvador, donde las personas enfermas de cáncer aumentan en niveles que todavía no es posible explicar. En un reciente relevamiento realizado por la Red Universitaria de Ambiente y de Salud – Médicos de Pueblos Fumigados en esa ciudad del centro este de la provincia se pudo comprobar que una de cada dos personas muere por esta enfermedad. Este medio ya se había ocupado del tema en marzo de 2014, dando cuenta del alarmante crecimiento de la patología según un estudio encarado por el grupo de vecinos autoconvocados Todos por Todos.

 

Seguirá archivada

Enrique Cresto, jefe del bloque de Senadores del PJ, uno de los impulsores de la nueva ley de agroquímicos que finalmente quedó archivada, desestimó que se vuelva a insistir con esa propuesta a raíz del fuerte rechazo que encontró en organizaciones ambientalistas.

El dirigente recordó que en 2013 se llevó a cabo un encuentro multidisciplinario en la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde concurrieron sectores interesados en temas ambientales y productores, lo mismo que representantes gubernamentales. “Se presentó una ley de avanzada, comparado con lo que hay ahora, exigiendo la distancia desde la cual se podía fumigar. Y además haciendo tres registros: uno de la maquinaria, de los aplicadores y de los comercios que venden productos químicos. Se buscaba lograr un proyecto integral”, observó el funcionario en comunicación con UNO.

Cresto recordó que cuando se comenzó a deliberar aquella propuesta encontró la inmediata embestida de los ambientalistas, con el argumento de que se quería “beneficiar a los que venden los productos químicos”, disparó. En su lectura, el espíritu de la ley contemplaba totalmente lo contrario, porque en definitiva lo que resultaba más afectado era la cadena de comercialización de productos químicos. Es decir, que con la puesta en práctica de los tres registros se iba a conformar un fondo económico para ejercer el poder de policía. “Lo que significa que si Monsanto quiere establecer una sucursal en Entre Ríos debe pagar todos los impuestos”, explicó. Tal como lo visibilizan las personas afectadas por las fumigaciones y el uso indebido de los agroquímicos, lo más difícil radica en controlar las aplicaciones y el mecanismo para realizar el procedimiento. “¿Cómo controlás cuando viene una avioneta, pasa y fumiga? El productor la contrata por hora y el aplicador observa que no están dadas las condiciones del viento, y para no perder el viento fumiga igual”, advirtió.

El legislador oficialista destacó que pese a las buenas intenciones puestas en dotar a la norma de adecuaciones necesarias a los tiempos que corren, la falta de aceptación de las partes involucradas hizo que el proyecto naufragara. “Era una ley para controlar, para regular, para beneficiar a la producción y cuidar a la ciudadanía. Fueron denuncias anónimas en contra del proyecto. Decidí abrirme de la iniciativa y quedarnos con la ley vieja”, fundamentó. El titular del bloque del FPV se lamentó por los cuestionamientos que recibió el trabajo de la comisión, en alusión a denuncias donde se advertía que “a los senadores nos darían plata para esta ley los tipos que hacen los agroquímicos. La archivamos y listo. Estábamos pagando el costo de algo en lo que no teníamos nada que ver”. Frenado el avance por la resistencia de ambientalistas y referentes de la salud, Cresto emplazó a que esos sectores “tomen la iniciativa para que se vote la ley”, y que “le hagan las modificaciones que consideren pertinentes”. Conocida esta posición, es poco probable que la ley sea reformulada, ni tampoco se actuará de oficio.

Otra iniciativa, que tenía, en principio, el visto bueno de estos sectores (impulsada por César Melchiori (PJ-Islas) no fue estudiada hasta el momento en comisión. Mientras tanto, en la provincia rige la Ley de Plaguicidas N° 6.599, que data de 1980. En su artículo 13 indica: “Queda prohibida la aplicación aérea de plaguicidas agrícolas dentro del radio de 3 kilómetros. A partir del perímetro de la planta urbana de los centros poblados”. Pero esa distancia fue siendo reducida por resoluciones posteriores.

El fin de semana el juez del Tribunal de Apelaciones de Gualeguaychú, Eduardo García Jurado, había evaluado que la norma “no se cumple y que el Estado provincial no ejerce ningún control y por ello es responsable indirecto de las consecuencias de no ejercer ese poder de policía que la ley vigente establece”.

En diálogo con Máxima, analizó: “Ahora se quiere reformar esta ley, pero lo que hay que potenciar en realidad es el poder de policía”.

 

 

Ambientalistas apuestan a la prevención

Organizaciones ambientalistas y dirigentes gremiales del ámbito educativo resolvieron reunirse para diagramar el funcionamiento de un equipo de voluntarios abocados a la tarea de prevenir fumigaciones, tanto en poblados como en caseríos rurales. Así lo informó a UNO la integrante de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú, Gilda Bilinski. “Estamos trabajando en el tema con la Asamblea, el Foro Ambiental de Gualeguaychú, directivos de las escuelas, la Policía de Abigeato y gremialistas de Agmer”, precisó. La militante consideró: “La gravedad de la situación nos preocupa mucho, por eso estamos trabajando en la prevención con el voluntariado”.

Si bien estimó que existen leyes tendientes a regular el uso de agroquímicos en zonas rurales, expresó que las mismas dejan de ser efectivas “porque no hay un órgano de control que las haga cumplir”. Entre los actores que apoyan esta causa, valoró la actuación del vocal del Consejo General de Educación Héctor De la Fuente. “Queremos convocar a todos los docentes previa realización de un mapeo de las zonas fumigadas con los dueños y arrendatarios de los respectivos campos”, acotó. Hizo notar que son cinco los aviones patentados en la provincia con autorización para pulverizar en la provincia. Como la docente Estela Lemes de Gualeguaychú, a quien se le detectó presencia de un insecticida en la sangre, la ambientalista contó que también padece el mismo problema. “A mí también me dio positivo el análisis promovido en la audiencia pública realizada en el Congreso de la Nación”, explicó.

En cuanto a las consecuencias que provocan en la salud de la población los químicos, evaluó: “Todos los que vivimos en zonas rurales estamos afectados”, al tiempo que se esperanza en que se hagan cumplir con los protocolos de actuación ante las denuncias cada vez más comunes por aspersiones.

 

Comentarios