Retoma fuerza la vía judicial en el reclamo por la coparticipación

El fiscal de Estado dijo ayer que la Provincia estaba “a horas” de ir a la Justicia por el cese del descuento en los fondos propios. Los diputados nacionales del FPV cerraron filas con los gobernadores, que quieren firmar un pacto con Macri  
4 de marzo 2016 · 08:44hs
La postura asumida por gobernadores peronistas y legisladores nacionales anunciado que no adherirán al decreto del presidente, Mauricio Macri, que plantea la creación de una comisión para evaluar la forma de dejar de descontarle a las provincias el 15% de la coparticipación, tuvo ayer numerosas repercusiones.

Los gobernadores, entre ellos el entrerriano Gustavo Bordet, reclamaron un encuentro con Macri con la idea de firmar un pacto para que el descuento se vaya dejando de lado progresivamente, pero desde ahora; y no desde el año que viene como planteaba el ya famoso Decreto N° 406.

La idea del macrismo es resolver políticamente el tema y evitar que las provincias vayan a la Justicia, donde ya obtuvieron un fallo favorable San Luis, Santa Fe y Córdoba, distritos que ya reciben nuevamente el 100% de los recursos coparticipables que les corresponden.

En realidad, el plazo para empezar a dejar de lado el descuento no era el único problema de ese decreto, sino principalmente el hecho de que no constituía ninguna garantía de que finalmente los fondos coparticipables iban a ser restituidos.

Las provincias reclaman -en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia- que la Nación cese en la detracción del 15% de los fondos coparticipables a las provincias, que se destinan al sistema nacional de seguridad social (Anses), y que también cese el descuento de otro 1,9% que la Nación retiene para solventar los gastos de la AFIP.

Ayer el fiscal de Estado de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, consideró que el gobierno provincial está “a pocas horas” de presentar la demanda judicial por el reclamo. El funcionario participó el miércoles de una reunión de fiscales de Estado provinciales, y luego se sumó al encuentro de gobernadores.

Lo de Rodríguez Signes se entiende como un diagnóstico más técnico de la situación legal, mientras que la postura política (de los gobernadores) es reclamar la firma de un pacto donde el Presidente diga claramente cómo se irá disminuyendo el descuento.

Hasta ahora ocho provincias se presentaron a la Justicia tras el fallo favorable a las tres primeras; y otro grupo (Mendoza, Entre Ríos, Santa Cruz y Santiago del Estero) concretaron el reclamo administrativo, pero aún no la demanda en Tribunales

“El Decreto N° 406 se difundió como que el gobierno nacional empezaba a eliminar el descuento en forma progresiva hasta 2021, pero en realidad no es así. Lo que hace es crear una comisión que integrarían los gobernadores y tendría por función elaborar una propuesta que contemple la eliminación progresiva del descuento hasta 2021, pero no dice para nada que la Nación empiece a dejar de descontar”, señaló a FM Litoral el fiscal de Estado.

Luego señaló que adherir a ese decreto es “imposible para los gobernadores porque no hay ninguna garantía de que suceda lo que el decreto plantea como una expresión de deseos”. En ese punto, Rodríguez Signes señaló además que la adhesión conlleva la renuncia a la acción judicial. “Desde el punto de vista de la teoría de los actos propios, es decir, de la posición que asume una provincia frente a la situación actual en materia de coparticipación, indudablemente (al adherir) está admitiendo que le sigan descontando hasta 2017, en que empezaría a descontarse cada vez menos y hasta llegar a 2021 en que se eliminaría el descuento”, explicó.

Adherir a esa norma sería “contradictorio con la posición de la mayoría de las provincias que están reclamando de aquí en adelante, y algunas incluso la devolución de lo descontado”, precisó finalmente

Por lo pronto la situación de desigualdad admite cuatro posibilidades. Están las provincias a las que no se les descuenta nada, por tener un fallo judicial favorable; están aquellas que reciben un trato especial del gobierno nacional por afinidad partidaria, como Buenos Aires o Jujuy; están las que sufren el descuento, pero transfirieron sus cajas de jubilaciones y por ende no deben afrontar ese déficit; y finalmente, las más perjudicadas, son las que sufren el descuento de coparticipación para financiar al Anses, pero a la vez mantienen sus sistemas jubilatorios y deben afrontar el déficit de los mismos. En este último escalón, el de las jurisdicciones más perjudicadas, se encuentra Entre Ríos, que en 2015 afrontó 2.200 millones de pesos del rojo de su sistema previsional.

Bordet, con Julio Solanas
Bordet recibió ayer al diputado nacional Julio Solanas, quien le manifestó su apoyo “por el reclamo de la restitución del 16,9% de la coparticipación a Entre Ríos, y a las provincias que hoy están en plano de desigualdad con respecto que están cobrando este porcentaje”. Analizaron además diversos temas en agenda de trabajo, como así también la relación con legisladores nacionales, se indicó.

“Fue una reunión importante en función de acompañar como legislador nacional al petitorio de ayer, que lo compartimos y queremos acompañar, en un plano de igualdad de tres provincias y la Capital Federal en desmedro de las otras provincias”, explicó Solanas.

En las horas previas, el exintendente de Paraná había dicho que sería “un claro chantaje” si el gobierno de Macri condicionaba esta cuestión al apoyo de los legisladores nacionales a sus iniciativas legislativas, a raíz del planteo de la administración a los gobernadores peronistas para que alineen a los legisladores nacionales de sus provincias con la postura del macrismo en el Congreso.

Solanas mencionó el trabajo con el jefe del bloque del FPV, Héctor Recalde, en apoyo al planteo de los gobernadores.

Ley Cerrojo y el 15%, en la agenda de Recalde
El jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, afirmó ayer que “los 84 diputados” de su bancada no darán quórum para el tratamiento de la derogación de la “ley cerrojo”, planteada por el gobierno nacional para un acuerdo por la deuda pública en default. “Los 84 diputados decidimos no dar quórum”, afirmó Recalde, quien sostuvo que desde su bancada se apunta a “reducir los riesgos para el país de la negociación con los fondos buitre”.

En declaraciones a FM Milenium, Recalde vinculó además el tema con la demanda de los gobernadores justicialistas y destacó: “A los gobernadores peronistas no los satisfizo el decreto del 15% de coparticipación que sigue quedando en manos de la Nación, firmado por el presidente Mauricio Macri”. De esa forma, Recalde se refirió al planteo de los gobernadores peronistas y sus referentes en el Congreso, quienes rechazaron el Decreto Nº 406 y reclamaron “una urgente reunión con el presidente Mauricio Macri”.

La posición de los gobernadores fue dada a conocer luego de una reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) que estaba pautada desde el fin de semana, pero según indicaron algunos de los participantes del encuentro, el discurso de Macri ante el Congreso, en el que cuestionó con dureza a la gestión anterior, calentó el clima.

En un comunicado, los gobernadores y legisladores del peronismo indicaron: “La intención del Gobierno no reconoce las necesidades de financiamiento de las provincias” e insistieron en reclamar “un trato justo y equitativo para todas las jurisdicciones”.

En este contexto, pusieron de relieve la “urgencia de una audiencia con Macri para abordar el tema y evaluar una solución perentoria, que contemple una restitución sustancial de los fondos reclamados por las provincias en los más breves plazos posibles”

El gobernador entrerriano, Gustavo Bordet, definió su postura indicando: “Queremos llevar adelante una negociación por la restitución de la coparticipación que ponga en situación de igualdad a todas las provincias. Los plazos son perentorios. No vamos a comprometer con una decisión las finanzas en el futuro ni renunciar a ningún derecho”, aludiendo a la implícita renuncia a la vía judicial que implicaba la adhesión al decreto presidencial.

La interna
Una lectura particular del reclamo de los gobernadores de reunirse con Macri es que se trataría de un golpe del peronismo pragmático al ala política del macrismo, encabezada por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el presidente de Diputados, Emilio Monzó. La cerrada negativa del ministro de Hacienda Prat-Gay al reclamo provinciano buscaría desgastar a esos funcionarios.

 
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