Juicio Político a Chiara Díaz
Domingo 12 de Febrero de 2017

Reducir los miembros del STJ es un mensaje de austeridad de la política a una sociedad descreída

Tras las situaciones que se ventilaron en el caso de Chiara Díaz, la Legislatura tiene un escenario favorable para reducir a siete los integrantes del máximo tribunal y mostrar capacidad de reacción

La renuncia de Carlos Chiara Díaz a su cargo de vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) -que fue un atajo para evitar ser destituido en el juicio político, aunque eso ahora sea poco más que una anécdota- dejó a la vista de la sociedad entrerriana una serie de situaciones vinculadas al manejo discrecional de fondos, a la dudosa contracción al trabajo y a una serie de privilegios de los que gozan los magistrados, que afectan la imagen del Poder Judicial provincial en general, y centralmente la de su organismo de conducción (el STJ).

Incluso el planteo de juicio político a la presidenta del cuerpo, que no prosperó en Diputados, también abonó ese descrédito. Negar esa realidad sería una actitud obcecada, basada tal vez en el deseo de que eso no hubiera ocurrido, o en la certeza de que poco puede hacerse para cambiar las cosas.

Sin embargo, desde la política se percibe la necesidad de dar un mensaje que, cuanto menos, aliente a pensar que no todo el manejo del Poder Judicial es como lo que se vio en el juicio a Chiara Díaz; o que existe capacidad para mejorar las cosas.

El mensaje que debe darse desde la Justicia a la sociedad debe ser de transparencia, de austeridad y de contracción al trabajo. Y tiene que ser el STJ el que más se esmere en ello. Posiblemente haya jueces, fiscales, empleados judiciales que sean un ejemplo en estos aspectos; pero lo que se observó durante las últimas semanas poco tiene que ver con esa expectativa ciudadana respecto de la señora de los ojos vendados.

La dirigencia política percibe esa demanda y algunos asumen que tal vez esta sea la oportunidad de comenzar a dar señales, aunque parezcan sencillas, acerca de la intención de corregir aspectos de este tribunal al que parece que nadie controla y en el que abundan situaciones de privilegio.

El desplazamiento del vocal Chiara Díaz le da al gobernador, Gustavo Bordet, la facultad de proponer un reemplazante, que luego deberá obtener acuerdo legislativo para ser designado en el cargo. Los miembros del STJ no pasan por el Consejo de la Magistratura, a diferencia de otros magistrados o funcionarios judiciales.

Pero también podría el gobernador no proponer a nadie como reemplazante e iniciar un proceso de reducción de los miembros del máximo tribunal entrerriano.

En ese sentido, sería una señal de austeridad alivianar la estructura de conducción judicial y hacer entre siete el trabajo de nueve. El planteo puede parecer una simplificación, pero por simples los planteos no dejan necesariamente de ser ciertos.

La Constitución de Entre Ríos establece en el artículo 187 que el Superior Tribunal debe tener un número impar de integrantes y que deben ser un mínimo de cinco, pero no fija un máximo. "Podrá dividirse en salas que entenderán en las distintas materias del Derecho, en el número que lo requieran las necesidades judiciales", dice la redacción del artículo. Actualmente hay tres salas de tres miembros cada una, pero bien podrían integrarse con siete miembros, como ocurre en otros cuerpos colegiados.

Hoy la cantidad de miembros del STJ está regulada por la Ley Orgánica del Poder Judicial N° 6.902 y sus modificatorias. El artículo 31 señala: " Composición. El Superior Tribunal de Justicia se compondrá de nueve miembros, tendrá su asiento en la ciudad de Paraná y competencia en todo el territorio de la provincia".

Cualquier entrerriano que haya seguido el caso de Chiara Díaz por los medios habrá notado que el cuestionado juez se ausentó reiteradamente de su lugar de trabajo durante no menos de 10 años y la función que cumplía en el STJ pareció no haberse resentido demasiado. De lo contrario no se explica porqué el caso no detonó antes. Así, cualquier ciudadano de esta provincia, incluido el autor de esta nota, podría pensar entonces que si en vez nueve fueran siete los miembros del STJ, las funciones del cuerpo se pueden cumplir igual.

Ese mensaje que la política debe dar a la sociedad sobre el manejo de la Justicia no es para abogados ni funcionarios judiciales, sino para el resto, para los entrerrianos que con sus impuestos sostienen el funcionamiento de ese poder del Estado.

Frente a esta necesidad de demostrar austeridad, transparencia y contracción al trabajo; aparece otro escenario, el de una batalla campal para imponer un candidato, exacerbada por tratarse este de un año electoral. No parece un buen presagio.

Hay decenas de supuestos candidatos lanzados para reemplazar a Chiara Díaz. Algunos que se imponen por su prestigio, otros por su posición política, otros que fueron lanzados al ruedo por quienes pretendían ayudarlos, y algunos cuyo nombre se tiró para quemarlos y sacarlos de la carrera, y varias situaciones más.

Si en 30 días desde la efectivización de la renuncia no se completa el proceso de designación de un reemplazante para la vocalía vacante, el STJ estará en condiciones de nombrar un subrogante. Eso resuelve transitoriamente la situación. Mientras tanto las cámaras legislativas podrán avanzar en la modificación del artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir el número de miembros a siete. Eso está al alcance de la mano, se supone que el oficialismo podría apoyarlo mayoritariamente y también hay legisladores opositores que lo ven con buenos ojos.

A nadie escapa además que, si en vez de nombrar a un reemplazante, los legisladores que enjuiciaron a Chiara Díaz reducen la cantidad de miembros del STJ, estarán menos expuestos a la acusación de haber volteado al magistrado para poner a un juez afín a su sector político.

Hay que tener en cuenta que de los ocho miembros que quedan en el STJ, seis están en condiciones de jubilarse. Excepto Emilio Castrillón y Mizawak, el resto tienen suficiente edad y años de aportes para retirarse. Un par de ellos incluso bordea las tres décadas en la integración de cuerpo. No habría entonces que esperar demasiado para que esa reforma de la ley se vuelva aplicable.

La reducción del número de miembros del STJ es vista por sectores de la política provincial como un mensaje dando cuenta de que "los políticos" (gobierno, oposición legislativa, partidos) tomaron nota de lo ocurrido y no permanecen indiferentes ante bochornosas situaciones ventiladas en el juicio político.

La otra cuestión, el hecho de que el cargo sea vitalicio, salvo que los magistrados cometan una irregularidad suficientemente grande como para que se vea de lejos, es más difícil de modificar porque habría que plantearlo en un escenario de reforma constitucional.


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