La Provincia
Martes 08 de Marzo de 2016

Reactivaron una causa por defraudación de la Cooperativa Río Uruguay de Seguros Limitada.

La Justicia Federal busca probar la utilización de facturas apócrifas para obtener retornos y eludir el pago de impuestos. A la causa la inició la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). 

La Justicia Federal trabaja sobre una antigua causa que inició la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), luego de haber comprobado maniobras defraudatorias por el supuesto delito de Administración Fraudulenta en la Cooperativa Río Uruguay de Seguros Limitada. La imputación (producida luego de varios allanamientos en su sede de Concepción del Uruguay) buscaba probar la utilización de facturas apócrifas para obtener retornos y eludir el pago de impuestos.

La denuncia de la AFIP se produjo luego de una serie de allanamientos donde se comprobó la existencia de documentación apócrifa utilizada para incrementar ficticiamente los gastos de publicidad entre los años 2001 y 2003. El dato más llamativo fue una rectificación de las DD.JJ. del IVA de 2001 a 2003, producida en el mes de agosto de 2005, determinando un importe cercano a 1 millón de pesos de impuestos, reconociendo que las facturas utilizadas habrían sido apócrifas, por lo que se supone que habría importantes sumas que salieron de la Cooperativa y nunca retornaron, al menos formalmente, a sus arcas.

La investigación detectó a dos empresas fantasmas –NB S.A. y TOP Producciones SRL– las que hacían de supuestas gerenciadoras de los gastos de publicidad mediante las cuales se contrataba pautas para luego ser refacturadas por estas con importes varias veces superiores a la Cooperativa. Dichas publicidades superaban en un 3.000 % (más de 30 veces) los precios reales y además de la documentación respaldatoria, se constató la falsificación de firmas, e incluso la AFIP durante los allanamientos obtuvo documentación donde se negociaba la facturación fraudulenta, a través de e-mails.

Según fuentes tribunalicias la maniobra no habría podido ser concretada sin la complicidad de algunos funcionarios y/o empleados de la Cooperativa Río Uruguay, puesto que los gastos en publicidad eran notoriamente incoherentes con los del mercado local, ya sea en cuanto a la contratación de publicidad en carteles en la ruta, autos de carrera, torneos de tenis, campeonatos de rally, etcétera.

El ardid habría sido pergeñado para que la publicidad se canalice por estas firmas a las cuales supuestamente la Cooperativa Río Uruguay pagaba la totalidad de los impuestos facturados, pero según surgiría de las actuaciones y comprobantes secuestrados, los cheques que la Cooperativa emitía a favor de estas firmas en muchos casos habrían sido cobrados por personas de la propia entidad conducida desde entonces por Juan Carlos Lucio Godoy.

Según las fuentes la maniobra urdida era la siguiente: se obtienen facturas apócrifas, se paga a quien la emite parte del monto facturado y se logra la emisión del pago por parte de la propia cooperativa, retornando el importe a la misma, disminuido en el monto pagado a quien se prestó a la maniobra. 

La diferencia no habría sido devuelta a las arcas de la Cooperativa ya que en los expedientes se comprobaron pagos realizados por la Cooperativa Río Uruguay a las firmas NB y Top Producciones que fueron cobrados por personal de la propia cooperativa.

La causa judicial avanzó también en la idea del perjuicio a los asociados, ya que por medio de este ardid algunos funcionarios y/o empleados infieles habrían sustraído sumas muy importantes, que generaron intereses y multas por una suma que superó en su momento los 2,5 millones de pesos.

Varias irregularidades

Los memoriosos recuerdan que en los últimos años se desvincularon de la cooperativa varias personas por supuestos faltantes de dinero, pero sugestivamente nunca se realizaron denuncias al respecto, tampoco se conoció que el síndico de Río Uruguay detectara irregularidades siendo que su tarea es el control y fiscalización para garantizarle a los asociados sus intereses. 

De acuerdo a la información a la que accedió este medio la AFIP comprobó las maniobras en los períodos 2001 a 2003 y no se descarta que se hayan auditado fechas posteriores.

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