Narcotráfico
Viernes 14 de Octubre de 2016

Proveedor de cocaína de Concordia y su ex fueron condenados a prisión

Mariano Cano y Johana Fernández recibieron cinco y cuatro años de cárcel por venta de droga. El hombre dijo ser vendedor ambulante, pero tenía cuatro inmuebles y varios vehículos

Él dijo que era inocente y le echó la culpa a su expareja. Ella se adjudicó la tenencia de la droga que había en su casa, y pidió la menor pena posible. La investigación comprobó que ambos eran responsables de la venta de cocaína y marihuana, pero que el hombre era quien dirigía el negocio ilícito, lo financiaba, lo organizaba y proveía a distintos puntos de venta en la ciudad de Concordia. Por eso, ayer los condenaron a cinco y cuatro años de prisión.

Mariano Cano fue seguido durante varios meses por efectivos de la Policía Federal de Concordia en 2014. Pero la investigación había comenzado con una mujer que vendía droga en su vivienda, y siguió para determinar quién era el proveedor. Luego de las vigilancias sobre los movimientos del sospechoso, en mayo de 2015 allanaron uno de sus domicilios, ubicado a la altura del kilómetro 289 de la ruta nacional 14. Estaban él y su expareja, Johana Fernández, fraccionando la cocaína. Incluso el hombre intentó deshacerse de parte de la droga arrojándola al inodoro. Ambos quedaron detenidos y esta semana los juzgaron.

Cano dijo ser un vendedor ambulante, aunque esta labor no le permitiría probar las cuatro propiedades: una es la que allanaron, ubicada en un predio grande y parquizado; otras en calle Córdoba, de dos plantas, otra en calle Doctor Sauré y otra en Cristófono Gómez. Para desligarse, no tenía ninguna a su nombre, tal como sucedía con varios vehículos de alta gama, de los que sí tenía permisos para conducir. En esas propiedades vivían las tres mujeres con quienes tuvo hijos, que tampoco trabajaban, y a quienes podía mantener y llevar una vida holgada.

Otro dato llamativo fue que, tras caer detenido, contrató al abogado más caro del país: Fernando Burlando. Este letrado platense no cobra un caso de narcotráfico menos de 300.000 dólares, y pidió 30 millones de la misma moneda estadounidense para asistir a Lázaro Báez. Si bien no lo defendió a Cano hasta el juicio, en el expediente constan varias acciones realizadas por Burlando.

En el juicio declararon los policías federales que trabajaron en la investigación y que participaron del allanamiento y la detención de Cano y Fernández. Relataron los movimientos del hombre en los vehículos que estaban bajo su órbita, ingresando a distintos domicilios sindicados como los lugares donde se realizaban distintas operaciones del negocio narco, como el fraccionamiento o la venta. Sabían, al igual que muchos en Concordia, que Cano se dedicaba a proveer cocaína a quienes luego la comercializaban al menudeo, y jamás lo vieron vendiendo ropa en la calle.

En los alegatos, el fiscal general José Ignacio Candioti enumeró las pruebas reunidas en la investigación y las que se apreciaron en el debate, como las declaraciones de los policías que realizaron distintas tareas de vigilancia, los mensajes de texto hallados en los celulares secuestrados, además de la evidencia de que los encontraron fraccionando la droga sobre la mesa, en cebollines, y en parte intentando descartarla en el baño. Sostuvo no solo la gravedad del delito, sino que precisó y fundamentó que la responsabilidad de Cano era mayor que la de Fernández, en tanto era un financista y proveedor de la actividad ilícita. Por eso pidió la pena de cinco años de prisión para el hombre y cuatro años y cuatro meses para la mujer.

Cano fue defendido por el abogado correntino Gustavo Javier García, quien sostuvo la inocencia del sujeto que afirmó que el día del allanamiento había ido a esa vivienda solo a buscar a su hija, que no vivía ahí, y que no tenía nada que ver con el narcotráfico.

Por su parte, Fernández fue asistida por Claudia Quevedo, cuyo alegato se centró en pedir la pena mínima para la mujer debido a que esta admitió su responsabilidad en la venta de droga e intentó desligar a su ex de la misma. Además, solicitó que el cumplimiento de la sanción sea de carácter domiciliario, ya que está transitando un embarazo.

El Tribunal Oral Federal de Paraná, integrado por Roberto López Arango, Noemí Berros y Lilia Carnero, coincidieron con el fiscal e impusieron a Cano una pena mayor que a Fernández: cinco años para él, y cuatro años para ella.


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