Estafa
Jueves 31 de Agosto de 2017

Volvieron a pedir la nulidad del levantamiento del secreto fiscal al grupo económico Etchevehere

Es por la causa iniciada por Dolores, accionista de la sociedad Las Margaritas y hermana del presidente de la SRA, por el delito de estafa

En diciembre de 2016 la Fiscalía a cargo de la investigación de la causa por el delito de estafa por administración fraudulenta contra el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA) Luis Miguel Etchevehere, y sus hermanos, Juan Diego, presidente de la Fundación Pensar Entre Ríos, y el actual funcionario del Enacom, Arturo Sebastián, y su madre, Leonor Barbero Marcial, había solicitado una serie de medidas de pruebas. En el requerimiento de instrucción formal "se les atribuye haber solicitado préstamos al Banco Itaú Argentina, los que fueron otorgados por el área de Comercio Exterior de dicha entidad y correspondientes a préstamos otorgados en moneda extranjera para financiar operaciones de comercio exterior, los cuales fueron otorgados el 29 de julio y el 12 de agosto de 2011, los cuales no fueron destinados a tal fin sino distribuidos entre los antes nombrados".

El fiscal que dirige la pesquisa,Alejandro Cánepa, había requerido a través de un oficio dirigido a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y a la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) el "levantamiento expreso del secreto fiscal, y que se envíen copias fieles de las declaraciones juradas correspondientes a los períodos 2010 a 2016, de Luis Etchevehere y a los integrantes del directorio de la sociedad Las Margaritas SA.

Ayer en una audiencia realizada en los Tribunales de Paraná, la defensa de los imputados interpuso un recurso de apelación a la resolución que rechazó la nulidad de la producción de esas medidas de prueba, por considerar que el juez de Instrucción, Pablo Zoff, "exorbitó el objeto procesal". En otras palabras, el defensor Julio Federik quiso decir que el magistrado se excedió en sus facultades, actuando por fuera de los límites que establece el requerimiento del Ministerio Público Fiscal. "La principal garantía es la jurisdicción, pero la jurisdicción tiene límites, no puede investigar lo que quiera", interpeló el penalista en la audiencia presidida por los jueces José María Chemez, Ricardo Bonazzola y Elvio Garzón.

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