Micaela García
Miércoles 10 de Mayo de 2017

Ordenan poner en dignas condiciones el calabozo de presos por el caso Micaela

Pidiéndoles disculpas a Néstor Pavón y a Fabián Ehcosor, las autoridades policiales y judiciales de Gualeguay se pusieron a acondicionar el espacio compartido por varios detenidos en un calabozo ubicado frente a la plaza Constitución. Fue después de que los abogados defensores de ambos, Ramón Barreto y Andrés Carvajal, presentaran el lunes un hábeas corpus correctivo, en el que reclamaron condiciones dignas de alojamiento para sus clientes. Hasta el jefe de la Policía provincial, Gustavo Maslein, se hizo presente en el lugar y retó a los uniformados a cargo del área de detención.


El viernes la jueza de Gualeguay, Alejandra Gómez, rechazó el pedido de atenuar la medida cautelar que pesa sobre aquellos dos imputados en la causa del femicidio de Micaela García, y prorrogó la prisión preventiva por 30 días más para ambos, en el mismo lugar donde ya estaban alojados: un reducido espacio compartido con varios detenidos más en la Jefatura Departamental Gualeguay de la Policía, sin condiciones reglamentarias básicas para tal fin.


Pavón había sido imputado por la violación y el homicidio agravado, pero en la última cédula del legajo del fiscal Ignacio Telenta figura acusado solo por el encubrimiento de Sebastián Wagner, por lo que se presume que lo mandaría a juicio por el delito más leve. En tanto que Ehcosor sigue imputado por el encubrimiento del hijo de su pareja durante la fuga.


Ante la decisión de la magistrada, los defensores plantearon que si los iban a seguir teniendo presos pese a la falta de pruebas en su contra y de los argumentos a favor de que recuperen la libertad, los tengan en buenas condiciones.


La deplorable situación carcelaria y de espacios de detención transitoria en Entre Ríos es harto conocida, pero ninguna autoridad dice nada al respecto, ni siquiera el defensor general Maximiliano Benítez reclama como debería hacer a favor de los que representa. Por eso, muchos se sorprendieron cuando los abogados particulares de Pavón y Ehcosor presentaron el hábeas corpus correctivo el lunes a las 9.


En el escrito denunciaron que los detenidos en el calabozo de la Jefatura en pleno centro cívico de Gualeguay duermen sobre mantas, no tienen lugar para ducharse, no dejan entrar a las visitas, si los familiares les llevan cosas (alimentos, ropa, etc) se los entregan a los tres días, no cuentan con condiciones de higiene elementales ni asistencia médica o psicológica necesaria, entre otros puntos. "Están en condiciones paupérrimas", sintetizaron los abogados. Además, plantearon que hay un oficial, "un tal Albornoz" que "verduguea" a los imputados, con maltratos verbales señalándolos como violadores o degenerados.


Otra situación ilegal sucedió el viernes, cuando Carvajal acudió a las 22 a dialogar con Pavón, pero el policía que lo paró en la puerta no lo dejó pasar. Tras discutir un rato, le dijo que volviera al otro día a las 7. A esa hora tampoco lo dejó entrar, hasta una hora y medida después. "Se restringió el derecho de legítima defensa", aseguró Barreto.


La jueza Gómez libró oficios al jefe de la Policía de Entre Ríos, al director de Asuntos Internos y Relaciones Institucionales de la fuerza, al jefe departamental y a los responsables del área de detención, entre otros. Todos tuvieron que viajar a Gualeguay, se entrevistaron con los defensores y hasta les pidieron disculpas.


A las 18 del lunes los citaron a una audiencia donde expresaron oralmente el pedido. La jueza Gómez hizo lugar al pedido. Se hizo presente en el calabozo y constató lo denunciado por los defensores. Por esto, ordenó de inmediato que se revierta la situación: les entregarán colchones, se habilitarán las visitas y la entrega de alimentos, prendas de vestir y abrigo, se prohibirán los maltratos a los presos y a sus familiares en las requisas, les facilitarán un espacio para el aseo personal y elementos como afeitadoras. También les dejarán tener radio y acceso a diarios.


Además, según se informó a UNO, no se descarta que se inicien sumarios internos a los policías sospechados del incumplimiento de sus funciones.



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Una orden del STJ que no se cumple


En febrero de 2015, luego del asesinato de un policía en Concordia por parte de un detenido en la Alcaidía, el Superior Tribunal de Justicia resolvió en Acuerdo General que "las estancias de los procesados en las Alcaidías o comisarías se deben limitar a lo estrictamente indispensable para el cumplimiento de los actos procesales, no pudiendo en ningún caso superar los 30 días de alojamiento, debiendo los procesados ser destinados a las unidades penitenciarias correspondientes, teniendo presente la necesidad de los alojamientos en pabellones separados de la población carcelaria general".


El caso de Gualeguay con los detenidos por encubrimiento en el femicidio de Micaela García, que ya llevan más de un mes alojados en el calabozo de la Jefatura Departamental, es solo un botón de muestra de que la resolución de la máxima autoridad judicial de la provincia no se cumple.



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"Sumisión al factor mediático"


La causa judicial del femicidio de Micaela García tiene a cuatro detenidos: el violador Sebastián Wagner, el dueño del lavadero donde este trabajaba, Néstor Pavón; el padrastro del primero, Fabián Echosor; y el hijo de la mujer de Wagner, Gabriel Otero. Todos están con prisión preventiva. Como ya se informó, el lunes se prorrogó la medida cautelar para el último mencionado. Lo mismo que sucedió el viernes respecto de Pavón y Ehcosor por decisión de la jueza de Gualeguay Alejandra Gómez. Esta última medida fue apelada por los defensores Ramón Barreto y Andrés Carvajal y esta semana será la audiencia ante la Cámara de Apelaciones de Gualeguaychú para revisar la medida.


En el recurso, los abogados plantearon que la resolución de Gómez "da efectiva e inequívoca cuenta del desconocimiento por esta de lo acontecido en la investigación, los medios probatorios, y del desconocimiento y/o errónea aplicación de normas procesales vigentes, de la sumisión de esta al factor mediático y social y al alejamiento del razonamiento básico del común proceder delictivo, obteniendo con este refrito de irregularidades -por denominarlo de forma alguna- una resolución contraria a la ley, obligando a mis defendidos a padecer una medida de coerción a todas luces improcedente e ilegal".


Luego detallaron los puntos por los cuales consideran que los dos acusados son inocentes, que se han probado las versiones que brindaron en las declaraciones y que las sospechas de la participación de Pavón y Ehcosor en los delitos endilgados, así como del peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación "resultan ser falsos y ajenos a la realidad". Y en este sentido valoraron que "también resulta probado que ambos defendidos carecen de antecedentes criminales, son personas socialmente aceptadas, Pavón es un trabajador desde los 7 años, esposo y padre de un hijo menor, único sostén económico de familia. Ehcosor es militar de carrera, conducta impecable, padre de familia, retirado y pensionado".


Por último, reiteraron: "Respecto la mediaticidad de los presentes actuados y las posibles consecuencias noticiosas y sociales de las resoluciones a adoptarse, nada puede esta defensa manifestar. Esta resulta ser una 'pauta valorativa' que no encuentra sustento jurídico en norma legal y vigente alguna, solo en la actitud y conciencia del magistrado actuante que privilegia su propia tranquilidad por ante el ejercicio excelente de la función para la cual fuera designado".


Los jueces de Gualeguaychú tendrán ahora el deber de resolver.


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