Narcotráfico
Martes 04 de Julio de 2017

Leandro Ríos: "Queda plasmada una peligrosa relación entre la política y el narcotráfico"

El juez federal habló del negocio ilícito del tráfico de estupefacientes y la clase política. El magistrado procesó a los 22 implicados en la banda narco del "Tavi" Celis.

Luego de 36 días del aterrizaje de la avioneta con 317 kilos de marihuana en un campo de Colonia Avellaneda, la caída de la banda narco de los Celis que durante años actuó con impunidad en Paraná, la detención de 22 personas y el terremoto que causó la investigación en la Municipalidad de Paraná, el juez federal Leandro Ríos dictó el procesamiento de todos los imputados, desde los organizadores del negocio hasta el último soldadito.


En las 207 páginas de la resolución se analizan todas las pruebas que llevaron al magistrado a concluir que existió un acuerdo político entre Daniel Tavi Celis y Sergio Varisco durante la campaña electoral de 2015, que calificó como "peligrosa relación" y que "no es patrimonio exclusivo de un candidato determinado o de un partido o alianza específica". Dicho acuerdo consistía en favores electorales (inversión económica y militancia) a cambio del control de áreas clave de la comuna por parte del narcotraficante, que utilizó para su negocio ilícito. Pero al respecto, sobre la conducta del intendente, Ríos sostuvo que existió "imprudencia" que "por el momento no puede enlazarse desde el plano subjetivo con el plan criminal".


En la investigación surgió que "a partir de un llamado telefónico anónimo en el que se denunciaba que las dos toneladas de droga que habían sido secuestradas por la Policía de Entre Ríos en el barrio Paracao (en octubre de 2015), habían sido transportadas por Cebolla Leguizamón en el camión N° 148 de la Municipalidad de Paraná".



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"La sospecha inicial-afirma la resolución- se fue incardinando hacia la posible formación de una organización narcocriminal, liderada conjuntamente por los hermanos Daniel Andrés Celis, alias Tavi y Miguel Ángel Celis, alias Titi, quienes operarían en el ámbito territorial de las ciudades de Paraná, San Benito, Viale, Hernandarias, Nogoyá y Seguí, como así también Santa Fe y Santo Tomé, para lo cual contaban con la colaboración del resto de los imputados, quienes utilizaban la estructura y recursos del Estado municipal para desarrollar distintas tareas y roles en las diversas fases de la venta del estupefaciente".


Esto fue posible debido a "una compleja maniobra de ingeniería política y financiera desarrollada por Daniel Celis, tendiente a acrecentar su dominio territorial en la zona oeste de la ciudad, edificando una estructura dentro del Estado municipal, utilizada para la adquisición, distribución y venta del tóxico".


"Concretamente -explicó el juez-, mediante la celebración de diversos acuerdos políticos, entendidos como 'pactos de confianza' con el entonces candidato a intendente Sergio Fausto Varisco quien prometía un 'gobierno de puertas abiertas', Celis logró la incorporación de su pareja Fernanda Orundés Ayala, Renzo Bertana, María Laura Zurita y de Hernán Jesús Rivero, entre otras personas, a la Unidad N° 2, asimismo logró posicionar a Leguizamón como director de dicha unidad municipal, cargo que es de carácter administrativo y que de no ser por Celis difícilmente podría haber accedido en el escalafón, dada su condición de analfabeto".



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Según el procesamiento, los acuerdos políticos "importaban, entre otras cosas, la incorporación de 40 personas de confianza de Celis a la Municipalidad y en lugares estratégicos para el desarrollo de su actividad ilícita. Es que, ante las sospechas públicas y mediáticas de su intervención en actividades de narcotráfico, Celis no podría ser designado en ningún cargo público. Sin embargo, dado que era un 'referente político' disputado por varios sectores políticos, representantes de Cambiemos Paraná (Hernández) intentaron retenerlo mediante diversas promesas de campaña, las cuales implicaban, por un lado, el ingreso de personas de su confianza, bajo la promesa de devolver duplicado el dinero, con el manejo de la obra pública municipal a través de la empresa constructora de Cristian Silva, y por el otro laxitud o labilidad en los controles de las unidades municipales (particularmente en el uso de los camiones para el transporte de estupefacientes dentro y fuera del ejido urbano), lo que constituye un verdadero flagelo provocador de daños económicos incalculables y destructor de la 'confianza pública'".


Además, "Celis obtenía fondos líquidos para la adquisición del estupefaciente, dado que a través de Silva administraba los sueldos, bienes y recursos provenientes de la Unidad Municipal N° 2 de Paraná. Al respecto cabe señalar que, incluso estando detenido Celis en la Unidad Penal N° 1, las reuniones políticas continuaron dentro del establecimiento carcelario los miércoles durante una hora por medio de una 'autorización especial' que no se encuentra registrada en los libros de guardia o de visitas".


Entre las obras que, según las promesas, iba a realizar Silva, estaban el pintado de las 3.600 farolas de la avenida Ramírez, la intervención en las explanadas de canchas de básquet y construcción de jardines infantes y centros de rehabilitación. Esto último suena contradictorio y escalofriante.


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Celis.
Celis.



En este sentido, el juez consideró que Varisco, Pablo Hernández (concejal) y Griselda Bordeira (funcionaria de la Secretaría de Seguridad) "relativizaron" este acuerdo político.


"Acreditada esta rebuscada maniobra -concluyó Ríos-, que tenía por finalidad dotar del mayor hermetismo posible la utilización de los recursos financieros, humanos y materiales pertenecientes al Estado municipal para la comercialización de estupefacientes, el cúmulo de prueba colectada en los nueve legajos, tareas de inteligencia y actas de allanamiento, dan cuenta que los Celis en forma conjunta y coordinada organizaron las diferentes adquisiciones y remesas (aéreas, fluviales y terrestres) del estupefaciente marihuana, con el objetivo final de su distribución y venta a distintas suborganizaciones y a consumidores particulares".


Al valorar la conducta de Varisco, Ríos señaló: "La facilitación por parte del intendente de los medios materiales y humanos para la consolidación de la organización delictiva comandada por los hermanos Celis, constituye una aportación riesgosa prohibida desde el tipo objetivo, la cual en principio y en atención a las probanzas producidas hasta el momento, no encuentra su correlato subjetivo doloso (...) no es posible aseverar con base probatoria firme el conocimiento cierto acaso eventual por parte de Varisco respecto de la actividad ilícita mantenida por su adherente o socio político del oeste".



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De acuerdo al fallo el intendente de Paraná relativizó la relación con Daniel Celis.
De acuerdo al fallo el intendente de Paraná relativizó la relación con Daniel Celis.



Por esto, agregó que "al parecer Varisco desconocía o no le importó el historial personal judicial de Celis, como así tampoco las informaciones de investigación periodísticas, muchas de ellas corroboradas en esta pesquisa", lo cual "linda con la 'ceguera ante los hechos', pues a pesar de las supuestas advertencias de la propia Griselda Bordeira, incluso después de la detención de Celis ocurrida en agosto de 2016, Varisco continuó cumpliendo con parte del acuerdo asumido".



***
El "oscuro" financiamiento político


El juez federal Leandro Ríos concluyó acerca de la demostrada injerencia narco en la vida política e institucional: "Queda plasmada una peligrosa relación entre las actividades políticas electorales y el negocio ilícito de tráfico de estupefacientes. Las condiciones políticas institucionales y económicas resultan de vital importancia para el desarrollo y crecimiento del narcotráfico y esta afirmación no es dogmática o general, sino que en esta investigación han quedado evidenciadas y acreditadas suficientemente".


A su vez, el magistrado agregó que "no es patrimonio exclusivo de un candidato determinado o de un partido o alianza específica esta clase de roces y/o vinculaciones demostradas. La narcocriminalidad requiere de su inserción institucional para progresar y, en particular, aspira a copar los primeros niveles de gobierno, es decir municipalidades y juntas de gobierno. Es un dato incontrastable la cantidad de empleados de dichas reparticiones, en las distintas municipalidades y de diferentes administraciones políticas que han sido procesados por esta clase de delitos en el Juzgado Federal Nº 1 de Paraná en distintas causas. No es casualidad que el financiamiento político en los niveles municipales y de la provincia de Entre Ríos carezca de toda normativa y aún hoy en el siglo XXI sea advertida como un ámbito especial e interesadamente desregulado, descontrolado y oscuro".



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