Cuatro imputados, dos hipótesis, 46 testigos, llamadas y mensajes, rastros genéticos, un robo y una presunta relación familiar tormentosa, comenzarán a ser ventilados a partir de esta mañana en los Tribunales de Paraná para intentar develar el misterio acerca del asesinato de Pedro Ruiz en u vivienda de calle Ituzaingó 80. Pasaron casi siete años del homicidio del empleado municipal y casi todo lo que hay en la causa se reunió en las primeras semanas de la investigación, en noviembre de 2010. El largo tiempo de espera posterior para llegar a esta instancia se debe adjudicar solo a las dilaciones del propio sistema judicial que, con el anterior Código Procesal Penal, llegaba casi siempre tarde. Luego de esta semana de testimonios y debates entre las partes se sabrá si la justicia tardía es justicia.
Celulares y un ADN, claves en el tardío juicio por el crimen de Ruiz
A siete años del asesinato del trabajador municipal en Paraná, comienzan hoy a ser juzgados la viuda, una hija y dos hombres
17 de octubre 2017 · 10:04hs
Habría que sondear muchos años hacia atrás en la historia criminal de Entre Ríos para hallar algún caso donde una mujer y su hija hayan complotado para terminar con la vida del esposo y padre respectivamente, tal como piensa la Fiscalía en el caso Ruiz. Alejandra Araceli Clivio es la viuda, imputada de autora intelectual, junto a su hija Daiana Anabella Ruiz, quien entonces tenía 16 años. El albañil y pintor César Ramón Villalba, aparente novio de Clivio, está sindicado como autor material del crimen, y sospechan que también tuvo un rol en el plan homicida Luis Comelli, quien era novio de Daiana, también menor al momento del hecho.
Lo único indiscutible hasta ahora es que Ruiz, de 52 años, aquella madrugada del 8 de noviembre de 2010, estaba en su habitación durmiendo, alguien lo atacó con un arma blanca, forcejeó y recibió una puñalada en el cuello. Con el último aliento se levantó de la cama, caminó unos pasos hacia el living y se desvaneció en el pasillo. Agonizó unos segundos hasta que murió desangrado. Eran las 5 y minutos después su hija llamó a la Policía.
La versión de las dos imputadas fue que estaban durmiendo en otra habitación, escucharon un ruido, el gesto de dolor de Ruiz y cuando salieron lo encontraron tirado en un charco de sangre.
Entre las pruebas objetivas que se analizarán en el juicio están los entrecruzamientos de llamadas y mensajes de texto de las líneas de celulares de los cuatro procesados. Principalmente las intensas comunicaciones en las horas previas al crimen entre la hija de la víctima y su novio. El impacto de la señal del celular del joven en las antenas lo ubican en movimiento en distintas zonas de la ciudad, hasta el área de la casa de Ruiz. Además, hay un mensaje de la chica al muchacho acerca de un "trabajo" que había que hacer sí o sí el martes, por el cual su madre ya tenía la plata.
También será de importancia para la acusación una prueba genética: en la cama de Ruiz se levantó una muestra que al ser cotejada arrojó ser un ADN positivo de Villalba. En la vivienda del pintor también se había secuestrado un pantalón con una mancha de sangre, pero la prueba que podría haber sido determinante no alcanzó para establecer un patrón genético.
Entre los testigos que fueron citados a declarar al debate están familiares de Ruiz y también algunos compañeros de trabajo en el Concejo Deliberante. Para la hipótesis de la acusación referirán la situación familiar complicada de la víctima, discriminado y desplazado, en una forma de vida indigna.
Habrá que ver, en la óptica de la Fiscalía, cuál fue el rol específico que cada uno cumplió en el homicidio.
Por otro lado, las defensas se mantendrán firmes en la inocencia de los cuatro imputados. Apelarán a la falta de pruebas directas, testimoniales y objetivas, que los incriminen en el hecho. Y en parte señalarán otra versión en torno al homicidio que a su criterio la investigación debió profundizar. Se trata del robo de una carpeta que tenía contratos de asesores del Concejo Deliberante de Paraná, que podría estar vinculado al asesinato.
El MPF contrató a un "asesor"
El abogado penalista Marcos Rodríguez Allende fue querellante en la causa Ruiz. A la muerte de la madre de la víctima, por destiempo en la solicitud para representar a la hermana en la causa, le rechazaron el pedido y el caso quedó sin querella particular.
Sin embargo, por haber participado en el trámite del expediente y, según informó, por su conocimiento del caso, el Ministerio Público Fiscal lo contrató para actuar como "asesor" en el desarrollo del juicio contra los cuatro procesados. De este modo, estará sentado junto a la fiscal coordinadora Mónica Carmona.
Por las defensas estarán la oficial Emiliana Cozzi, y los particulares Jorge Leitner, Marciano Martínez e Iván Vernengo. El tribunal estará integrado por Rafael Cotorruelo, Pablo Vírgala y Gabriela Garbarino.