Narcotráfico
Martes 25 de Abril de 2017

Apelaron el procesamiento de imputados de una banda narco entrerriana

La defensa de Hugo Ceola, su hijo Cristian y Carlos Bernini presentó la apelación a la resolución del juez federal Leandro Ríos. Cuestionaron las escuchas telefónicas porque "no son claras" y están "direccionadas por la Policía"

La respuesta al procesamiento dictado la semana pasada por el juez federal Leandro Ríos contra los 12 imputados de formar una banda narco en Paraná, Nogoyá y la provincia de Corrientes, llegó rápidamente por parte de los defensores de tres de los acusados con una crítica a la valoración de las pruebas, principalmente a la interpretación de las escuchas telefónicas. Se trata de la causa que tiene como principales acusados a Horacio Esteban Cachete Viggiano y a Hugo Ceola, quienes fueron detenidos el 7 de marzo.


Los defensores de Ceola, su hijo Cristian, y del exdirector de Arquitectura de la Municipalidad de Paraná, Carlos Bernini, presentaron la queja ante la Cámara Federal de Apelaciones. En el recurso, los abogados Andrés Bacigalupo, Miguel Cullen y Guillermo Vartorelli plantearon que el juez se basó para procesar a los acusados en los mismos hechos que fueron descriptos en la indagatoria, "netamente basada en el criterio policial". En particular, se refirieron a las escuchas telefónicas que, aseguraron, "son todas de índole personal, no queda clara la supuesta estructura" que les incriminaron haber conformado. "Nuestros clientes no forman banda alguna y mucho menos hay vínculos claros entre Nogoyá, Paraná y Corrientes", afirmaron.


En este sentido, expresaron que las escuchas son "parciales, confusas", y en las conversaciones registradas no se utilizan términos claros que refieran a estupefacientes. "Se pueden prestar para cualquier contexto y la Policía lo direccionó a formar una suerte de película para que todo encaje. Los elementos son débiles, descontextualizados y direccionados por el olfato policial", argumentaron.


Por esto, los defensores reclamaron que se revoque el procesamiento, y también la prisión preventiva dictada a los detenidos, mientras se esperan los informes de pericias sobre celulares y el informe de reincidencia y socioambientales.


Las demás defensas del resto de los acusados también prepara para presentar en estas horas los respectivos recursos de apelación. La Cámara citará a la partes a una audiencia donde se ampliarán los fundamentos y luego decidirán al respecto.


Cabe recordar que la investigación llevada adelante por personal de la Dirección Toxicología de la Policía de Entre Ríos culminó el 7 y 8 de marzo con los procedimientos de Feliciano, donde fueron detenidos el camionero Juan de la Cruz Moreno (hermano de la intendenta de Feliciano) con 250 kilos de marihuana, Horacio Viggiano y su hermano Héctor, en Paraná (donde arrestaron a Ceola padre e hijo, Bernini y a su compañero en Arquitectura municipal, Sergio Pross) y en Nogoyá (donde cayeron Diego Orcellet, Solange Romero, su hermana Abigail y Orlando Godoy). Por último fue detenido casi un mes después el que había quedado prófugo de aquellos procedimientos: Sergio David Molina, el correntino acusado de ser el proveedor de la droga.


El delito por el cual fueron todos procesados es Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravado por la participación de más de tres personas organizadas.



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Condenados por transporte


Dos hombres fueron condenados por un transporte de 95 kilos de marihuana. El constructor Jorge Alejandro Biffi, de 34 años, y el licenciado en Trabajo Social Antonio Alberto Samuela, de 38, ambos misioneros, habían sido detenidos por la Policía en el puesto caminero Paso Telégrafo, al norte de La Paz, el 24 de febrero de 2016 con el cargamento de droga. En un juicio abreviado Biffi aceptó cumplir cuatro años y tres meses de prisión y Samuela cuatro años y cinco meses. En el hecho, el primero iba en una camioneta VW Saveiro con los 211 ladrillos de marihuana, en tanto que el segundo iba en un auto Chevrolet Onix como apoyo logístico de la operación. En el acuerdo arribado por los imputados con el fiscal José Candioti, quedó plasmado el decomiso de la camioneta, pero no del auto, que era propiedad de la mujer de Biffi. Por esto, el fiscal solicitó que se dispusiera el decomiso del Onix, por constituir un instrumento del delito, pese a que su titular era otra persona. El defensor oficial Mario Franchi se opuso. Los jueces hicieron lugar al pedido del fiscal.

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