Violencia en el fútbol
Viernes 09 de Junio de 2017

Acuerdan reglas de conducta por agresión a dirigentes de Peñarol

Los imputados harían probation en la causa por el ataque al ex presidente y colaboradores del club de Paraná. El ataque sucedió el año pasado.

Sacar a los violentos de los clubes deportivos parece algo imposible en Argentina. En el caso del Club Peñarol de Paraná los sujetos que atacaron a golpes y ladrillazos a quienes estaban a cargo de la comisión directiva ganaron la pulseada. Ellos se quedaron, las víctimas se fueron. La Fiscalía intervino hasta donde pudo, y hay un principio de acuerdo para que los agresores cumplan una probation con reglas de conducta que le impedirán un mal comportamiento para no ir a un juicio y recibir una condena. La Justicia no puede prohibirles el ingreso al club porque el hecho no se enmarca en lo establecido por la Ley de Seguridad de Espectáculos Deportivos. Nadie se anima o quiere aplicar el derecho de admisión. Lo cierto es que unos protagonistas de aquella noche infernal en calle Coronel Pirán siguen en las tribunas, manejan la cantina, alquilan el salón y hasta son dirigentes; otros no volvieron más.
Fue el jueves 3 de noviembre del año pasado, cuando, según se estableció en la investigación, el entonces presidente del club Cristian Montero y un grupo de "hinchas" se encontraron en la puerta del club. Le habían pedido la llave del salón que querían utilizar al día siguiente para una fiesta. No quisieron entender que no era posible y comenzaron con el apriete. Uno agarró un ladrillo, otro quiso sacarle el maletín con la plata de la Liga que debía abonar. Lo corrieron y se resguardó en el hipermercado de enfrente gracias a la ayuda del guardia. Llegaron tres de sus familiares y fueron atacados a golpes por la banda. Luego siguieron con él y llegaron más violentos en vehículos que se sumaron a la agresión. Las víctimas terminaron en el hospital, entre ellos el hermano de Montero, Cristian Martínez, en grave estado. Este joven estuvo un mes y medio entre cirugías, tratamientos e internaciones, y por esta situación desgraciada hasta perdió el trabajo.
Habían existido episodios anteriores que pronosticaban esta situación, como amenazas a dirigentes de Peñarol con la excusa de malos resultados del equipo de fútbol.
Aquella noche del ataque intervino la Policía y luego la Fiscalía. Se tomaron testimonios y se identificaron a los agresores. Son unos 15, entre ellos los que fueron detenidos inicialmente (Retamar, Taborda, Núñez y dos hermanos de apellido Molina) y otros varones y mujeres que intervinieron en el episodio. Tras las imputaciones por el delito de Lesiones, la fiscal Jimena Ballesteros avanzó en la investigación penal preparatoria, las víctimas se presentaron como querellantes y los acusados esgrimieron sus respectivas defensas.
Se pudieron discriminar en la causa tres hechos consecutivos: primero la agresión a Montero; segundo el ataque a su hermano; y tercero una batahola en el lugar donde participaron muchos familiares de los implicados.
Ahora, a poco más de siete meses del hecho, habría un acuerdo entre todas las partes para que los imputados cumplan una probation. Es decir, la suspensión del juicio a prueba, para lo cual por un tiempo aún no determinado deberán realizar tareas comunitarias y cumplir reglas de conducta que los mantendrían "a raya" para evitar nuevos episodios violentos. De lo contrario, se deberá continuar con el proceso penal en su contra. Esto se puede aplicar debido a que ninguno de los acusados tiene antecedentes penales.
Además, los acusados deberán realizar tareas comunitarias en una institución de bien público. Qué acciones y qué lugar serán determinados en la Oficina de Medios Alternativos (OMA), luego de que se realice la audiencia de presentación del acuerdo de la probation ante el Juzgado de Garantías, y que el juez resuelva de manera favorable a tal medida.
La idea de la fiscal y las demás partes es lograr una respuesta social al conflicto: que las reglas de conducta que se establezcan a cada cual sean de estricto cumplimiento principalmente dentro del club. No es más que lo que debería hacer cualquier persona, como no cometer actos violentos o perturbadores contra las víctimas en este caso ni cualquier persona de la institución, ni consumir drogas o alcohol en la misma, por ejemplo. Pero sería un paso importante para que, al menos durante el período que abarque la probation, perdure la paz en el club.
Según informaron fuentes judiciales a UNO, como el hecho ocurrió fuera de las instalaciones del club y en ese momento no se estaba desarrollando ninguna actividad deportiva pública, no puede ser enmarcado en la ley que establece el Régimen Penal y Contravencional para la Prevención y Represión de la Violencia en Espectáculos Deportivos, lo que permitiría que la Justicia le prohíba a los violentos el ingreso a la institución.
Por lo tanto, para que esto ocurra, deberían implementarse otros instrumentos legales como el derecho de admisión, cuya responsabilidad en ser aplicado está en manos de las autoridades del club. Pero esto nunca ocurrió: tras la renuncia indeclinable que presentó Montero tras la agresión las nuevas autoridades permitieron el acceso a quienes lo atacaron, y lograron copar de nuevo el club. Fuentes policiales y otras allegadas a la institución deportiva, aseguraron a UNO que les dieron el negocio de la cantina y tienen la llave del salón para alquilarlo para eventos o fiestas.
Dos de los agresores son jugadores del plantel que participa en la Liga Paranaense de Fútbol e incluso los incorporaron a la nueva Comisión Directiva, que está integrada por varias personas que cumplen funciones en la Municipalidad de Paraná.


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