La Provincia
Domingo 12 de Junio de 2016

Podría ir preso por incumplimiento en el pago de la cuota alimentaria

Abandono crónico: definirán la apertura de una causa penal contra el padre de una niña paranaense

Pablo Felizia/ De la Redacción de UNO
pfelizia@uno.com.ar


Durante la semana definirán la apertura de una causa penal contra el padre de una niña paranaense: es por el reclamo de incumplimientos en sus deberes de asistencia familiar. La pena puede terminar con el hombre tras las rejas: para no pagar la cuota alimentaria vendió bienes, dio de baja su monotributo y hasta su matrícula de médico profesional. Si bien hay antecedentes de procesos judiciales similares en otras provincias, no es así en Entre Ríos.  
UNO no dará a conocer los nombres del hombre acusado ni de la niña, que tiene 14 años y vive con su madre en la capital provincial. Ese fue el acuerdo. Para la abogada María Silvana Zufiaurre es necesario dar cuenta de esta historia, una como muchas, en donde queda demostrado todo un andamiaje de violencia de género que recae sobre la niña y también institucional cuando causas como estas se cierran y se archivan.

Aquí, una crónica del abandono y de la lucha de una madre durante más de una década para que no gane la premisa del “no pagués, porque total no pasa nada”.

2005. La mamá de la niña de 3 años inició una acción legal de filiación. Se trató de un juicio prolongado para que el papá de la nena la reconozca porque no lo hizo de manera voluntaria.

2007. En el plano judicial, ese año quedó establecido el vínculo paterno con la menor y fue fijada una cuota alimentaria de 350 pesos. El padre en ese entonces estudiaba Medicina en Rosario y no tenía los medios ni los recursos para afrontar otro tipo de monto mensual. Se le dieron posibilidades para que establezca un vínculo con su hija. Ese dinero se mantuvo hasta 2009.

2009. Fue actualizado el monto a 450 pesos, vigente hasta hoy. Es decir, ese es el monto que el padre le pasa a su hija que ya tiene 14 años para comer, vestirse, ir a la escuela y demás necesidades.  

2014. La madre de la niña inició los trámites con mediación para actualizar la cuota, pero no se logró ningún acuerdo. Al momento de dar comienzo a la demanda se entendió que el padre reunía los requisitos económicos ya que era médico, tenía auto, estaba inscrito en el monotributo y ejercía la profesión.

En junio de ese año un juez dictó, en base a las pruebas, una cuota alimentaria provisoria de 3.500 pesos mientras se sustanciaba el proceso principal por alimentos.
2015. Fue dictada la sentencia definitiva por un monto del 60% de un salario mínimo, vital y móvil, es decir por unos 3.500 pesos igual a  aquella cuota provisoria.

Sin embargo, como ocurre en muchos de estos casos, el médico, padre de la niña, nunca pagó ni siquiera la cuota provisoria y al momento de ser intimado por el incumplimiento, el hombre vendió su auto, dio de baja su matrícula profesional y monotributo entre otras medidas como esas. Él mismo ofreció su prueba y demostró su propia insolvencia. Según contó Zufiaurre las fechas de aquellas maniobras  fueron entre 15 y 20 días después de la notificación fehaciente de la intimación por los alimentos. “Se autoinhibió a los fines de no cumplir con la cuota alimentaria. En la audiencia, frente al juez, el hombre dijo que no conseguía trabajo como médico y que no era suficiente lo que ganaba para vivir de eso”, señaló. El padre de la niña, en esa instancia había dicho incluso, que su sueño era ser disc jockey (DJ) y eso figura en la contestación de la demanda. En octubre de ese año, la madre de la chica inició una denuncia por incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. La inhibición económica del padre fue una traba y al demostrar que no tenía nada no había posibilidades de exigir el cumplimiento de la cuota. Frente a eso, el hombre interpuso un recurso de apelación con la consideración de que ya no era médico y que su profesión iba a ser la de DJ. El juez dio lugar, pero dejó en claro que el pago de los alimentos provisorios seguían vigentes. El padre de la niña nunca cumplió.
2016.

“La demanda que hacemos ante la Fiscalía es en base a los incumplimientos de esos alimentos provisorios. Se dio lugar, se dictó el auto de apertura a prueba y se fijó fecha de audiencia, pero de manera sorpresiva notificaron dos días antes que la misma se suspendió. Iba a ser el 29 de abril. La justificación la conocimos el 10 de mayo y supimos que se dispuso la causa a archivo. Esto fue porque la fiscal de turno entendió que no estaba agotada la vía Civil ya que existía un recurso de apelación. La fiscal no leyó bien la demanda, que no era por la sentencia definitiva sino por el pago de la cuota provisoria”, contó Zufiaurre. Pero además, como si fuera poco –o mucho– , pasó la causa a archivo porque entendió que no había incumplimientos del padre que aún paga una cuota de 450 pesos para que la menor subsista.  

Apelaron, pero la fiscal coordinadora respondió de la misma manera que la de turno. “Ante esto nos vimos obligadas a tener que agotar la vía pública de defensa y tener que recurrir a la acción privada. La pública es porque el Estado establece un organismo, que es el Ministerio Público Fiscal. Es quien tiene el deber de investigar y llevar adelante la causa para abrirla como fue en su momento. La acción privada es la que impulsa uno como particular”, explicó Zufiaurre.
En esta instancia privada la madre de la niña es presentada como querella particular. “Estamos a la espera de la apertura. Dependerá de la decisión del juez de Garantías que de lugar o no a la causa por Incumplimiento de deberes de asistencia familiar”, sostuvo.

Se trata de una normativa que da cuenta de la prisión de un mes a dos años, o multa, a quien no cumple con la cuota alimentaria. También tiene un artículo –el 2 bis– que establece la pena de un mes a seis meses de prisión para quien, con la finalidad de eludir el cumplimiento de sus obligaciones alimentarias, maliciosamente destruye, inutiliza o hace desaparecer  bienes de su patrimonio o de manera fraudulenta disminuye su valor para frustrar en todo o en parte el cumplimiento de sus obligaciones. Es la Ley nacional Nº 13.944. “Es más que obvio que este hombre, lo que hizo, fue desprenderse de todo a fin de no cumplir”, destacó la abogada.
Tanto la abogada Zufiaurre como la madre en representación de su hija de 14 años, esperan que esta semana se dé lugar a la apertura de la causa y esta crónica pueda tener un principio de final.

Es para ella
En el país existen antecedentes de otros casos en donde avanzó una causa penal contra un padre por no pagar la cuota alimentaria. Si bien la pena es excarcelable, hubo personas juzgadas y han tenido procesamientos. Pero para Zufiaurre hay dos tipos de violencia que deben mencionarse: la institucional y la de género:  “La violencia institucional es tremenda. Como la madre de esta niña hay muchísimas mujeres y que por frustración no siguen adelante y se les cierran las puertas; o no tienen los recursos para seguir con las causas que se cierran y se archivan”, dijo la abogada, y agregó: “Después es violencia de género en cuanto a esta mamá como mujer y también hacia su hija por pretender que una chica que ya tiene 14 años pueda vivir con 450 pesos, mientras el padre era un profesional con toda una carrera. De un día para el otro vendió todo. Es que este hombre está apañado bajo el concepto de ‘no pagués que total no pasa nada’; ‘no tenés nada, no hay embargo’; y ‘preso no vas a ir’; así se ríen en la cara”.

La madre de la niña cuenta con testigos y pruebas. De juzgarse, el hombre puede no terminar preso y hacer algún tipo de servicio comunitario, aunque también se puede dar que pase un tiempo tras las rejas. Buscan ponerle un freno ya que la niña debe comer, vestirse e ir a la escuela entre otras necesidades.

A pesar de que en  otros lugares del país este tipo de causas avanzan, no es así en la provincia y parece  más fácil archivarlas  que el compromiso de resolverla. “El Juzgado de Familia actuó bien”, dijo Zufiaurre, pero agregó: “Lo que no funciona es el Ministerio Fiscal. No es una fiscal en particular. Llegar a esta instancia privada involucra un gran esfuerzo. Yo banco a la madre, pero la mayoría de estas mujeres dicen basta. Hay una ley nacional que ampara y debe ser cumplida en Ente Ríos. En la mayoría de los casos no se aplica. Hay una violencia que se genera hacia la menor porque la cuota de alimentos es para ella”.

Ni la abogada ni la madre ni la niña saben qué ocurrirá desde el inicio de esta semana con este intento de avanzar en una causa por el incumplimiento del padre y su abandono. Si queda a mitad de camino irán al fuero federal, a la Justicia nacional y a donde sea que alguien las escuche para poder ponerle fin a esta crónica.

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