La Provincia
Lunes 13 de Abril de 2015

Piden que padres femicidas pierdan la patria potestad

El proyecto está motorizado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro. La iniciativa espera ser tratada en el Congreso. Estiman que en el país son más de 400 los niños afectados por la situación

Marcelo Comas / De la Redacción de UNO
mcomas@uno.com.ar

 


Carina Pérez murió en forma violenta el 28 de agosto de 2013 en el barrio Mosconi de Paraná. Madre de tres hijos nunca se animó a romper el silencio que acabara con el vendaval de violencia al que la sometía su pareja, Aníbal Martínez. Sus proyectos quedaron truncos, como su vida, que se apagó repentinamente: el homicida la atacó con un arma blanca, cuando llegó de cenar en su casa familiar.


La hija mejor de Carina hoy vive con su abuela materna, Juana, según dispuso en su momento el Consejo Provincial del Menor, el Adolescente y la Familia (Copnaf). A cuatro meses de cumplirse el segundo aniversario del horrendo crimen, su hermana Silvia, reconstruye el camino que tomaron cada uno de los hermanos. “Geraldine, de 14 años, está con mi mamá, mientras que sus hermanos mayores de 22 y 25 años ya formaron familia”, evoca la mujer reviviendo recuerdos que todavía duelen. Asegura que a sus sobrinos se les ofreció acompañamiento profesional, pero que nunca quisieron aceptarlo. “No les interesa”, dijo resignada.


“No conocen de la vida, se criaron entre la violencia, porque quedaron heridas abiertas, y solo algunas se sanan”, afirma en diálogo con UNO. Cuando habla de los chicos le nace un sentimiento de tristeza, aunque no deja de marcar decisiones equivocadas. Se la nota más preocupada por Geraldine, que por Mayra y Maximiliano, los dos mayores. Si bien es poco el contacto que tiene con ellos, menciona un hecho que le genera sensaciones encontradas. “Quiere dormir con la remera del padre y no con la de la madre”, reveló acerca de la actitud de la adolescente de 14 años. Otra de las conductas que hizo notar es que algunos de los hermanos tendrían la intención de quitarse el apellido paterno.

 

 

Escalada de violencia


El espantoso crimen engrosó la lista de femicidios en Entre Ríos, pero también muestra un costado poco abordado: el de los hijos que perdieron a su madre, y que cargarán durante toda su vida con una herida difícil de sanar. De acuerdo a un informe elaborado por la Red Alerta de Entre Ríos, entre 2011 y 2015 fueron 49 los niños, niñas, adolescentes que quedaron en esa situación de vulnerabilidad, es decir como víctimas colaterales de la violencia que padecían sus madres dentro del ámbito familiar. Según el mismo relevamiento, hasta 2015 los femicidios ascendieron a 40 y los femicidios vinculados fueron seis.


La Asociación Civil Casa del Encuentro está trabajando en un proyecto de ley que consiste en la privación de la patria potestad al padre condenado por femicidio. La iniciativa que ya fue presentada en una oportunidad espera tener tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación. “Esta ley no es contra nadie, es a favor de que se garanticen los derechos de los hijos y las hijas víctimas de femicidio. Estamos hablando de niños y niñas de muy corta edad, que están bajo la guarda de la familia de la madre, pero tienen la visita otorgadas por la Justicia hacia el padre”, remarca Ada Rico, la titular de la organización con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En efecto, lo que pretende plantear la activista es que se necesita una modificación al Código Penal. Entre los hechos de sangre que tuvieron como víctimas a mujeres recordó el asesinato de Rosana Galliano, por el que fue condenado a perpetua José Arce. “Los hijos de Rosana estuvieron todo el tiempo, desde el asesinato hasta el día de hoy, bajo la tutela de Arce y de su madre. Tanto él como ella fueron condenados por el asesinato y realmente nos parece inconcebible que estas criaturas tengan que ser criadas por quien asesinó. A veces hablan de los derechos del padre, pero nosotros hablamos de los derechos de estos niños y de estas niñas”, evaluó.


En este punto dedicó una especial reflexión para el accionar de la Justicia y su intervención cuando se debe atender a niños que quedaron en estado de “orfandad”. “Hace oídos sordos a la hora de escuchar a una víctima, para brindarle protección y vuelve a hacer oídos sordos al no escuchar a estos hijos. Y a tomar en cuenta realmente cuales son las necesidades de estos niños y niñas”, acotó.


Los casos como el de Galliano, con alta exposición mediática, se replican cada 30 horas en la República Argentina, según datos aportados por el Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” coordinado también por la Casa del Encuentro. Por tratarse de una problemática compleja la especialista consideró que es necesario enmarcarlo dentro de un contexto. “Se trata de niños y niñas de muy corta edad, y que en muchos casos la guarda la tiene la familia de la madre, pero tienen las visitas otorgadas por la Justicia hacia el padre. Los niños, por más que pidan no ver a ese padre, la  Justicia no los escucha. Y siguen teniendo las visitas, y sigue el proceso que es lentísimo, porque en la actualidad existe la posibilidad de que se haga un juicio de patria potestad, pero es lento y tenés que tener los recuso para llevarlo adelante. En muchos casos, cuando terminó, el niño ya es adulto”, resaltó.


Sobre un instrumento legal de esta magnitud, impulsado desde 2009 por la ONG, no se tienen antecedentes en nuestro país.  “Estamos reclamando que exista la pérdida automática de patria potestad e incluso cuando se incorporó la modificación del Código Penal con la ley de agravado de violencia de género, pensamos que también se podía trata esto. Aunque realmente no se ha hecho lugar y nos parece importantísimo si se toma en cuenta que en todos estos años hemos registrado (en base a información recopilada en los medios de comunicación desde 2008 a la actualidad 1.400 niños y niñas menores de edad están en un vacío legal”, graficó Rico.


Esto -agrega la entrevistada- estaría revelando la falta de cumplimiento de la ley, aumentando el sufrimiento de los hijos que se ven obligados a estar con el victimario. “¿Y que causó Arce al matar a Rosana Galliano? Ahí tenés la prueba bien clara, porque esos chicos están criados por él”, cuestiona. En ese contexto pone de manifiesto que es necesario actualizar el contenido de las leyes. “No te puedo asegurar cuántos de esos niños están con el padre o cuantos de esos niños están de guarda provisoria con la familia de la mamá, porque no existen esos datos y no hay forma de corroborarlos. Porque todos los datos que nosotros tenemos parten de la sociedad civil, no son estadísticas oficiales. En nuestro país la patria potestad es compartida, al morir una de las partes queda hacia la otra parte. Tengamos en cuenta como murió esta mujer, fue asesinada por su pareja”, planteó. Si bien se mostró conforme de la receptividad que tuvo el proyecto entre los legisladores, -incluso se avanzó en la discusión de algunos puntos- espera que finalmente sea tratado en el recinto.  “El apoyo existe desde la palabra de distintos bloques, pero además del apoyo necesitamos que se trate”, manifestó.

 

 

Víctimas colaterales

 


La Asociación Civil Red Alerta de Entre Ríos es una de las organizaciones que más se ha preocupado por visibilizar el incremento galopante de las muertes de mujeres productos de femicidios, que ubican a la provincia en un preocupante cuarto lugar a nivel nacional.

 

Su titular, Silvina Calveyra, aportó su opinión sobre el impacto social de una problemática que presenta diferentes aristas. “Los niños, niñas y adolescentes hijos, son víctimas colaterales del femicidio,  muchas veces rehenes de una relación donde su madre sufría violencia y maltratos. Siempre han estado en situación de riesgo, son  niños que perdieron su mamá por culpa de un asesinato cometido por su padre que deben continuar viviendo en base al horror”, señaló.


En otro orden enumeró las secuelas que se transmiten como una herencia: “El maltrato y la violencia a su madre; que reciben directa o indirectamente los niños produce efectos negativos en su vida a futuro, con la peligrosidad de replicar patrones culturales de poder y autoritarismo del varón o de sumisión en caso de ser niña. Genera una herida muy profunda para toda la vida en esos niños, con un impacto social muy fuerte; que se acrecienta aún más cuando existe una justicia muchas veces que juzga sin perspectiva de género o por acción u inacción son obligados a convivir con el asesino de su madre”.


Bajo la misma perspectiva, la integrante de CTA Paraná aludió a la carencia en materia legal que existe en este ámbito. “La violencia hacia las mujeres, es una cuestión de derechos humanos, por lo tanto política; por ello es necesario una ley que le quite la patria potestad a los padres femicidas, para brindarles una protección real en lo que hace a continuar conviviendo con el asesino de su madre y como herramienta necesaria a la hora de impartir justicia cuando esa justicia juzga con un sesgo machista”.


Por lo que consideró como herramienta fundamental implementar la pérdida de la patria potestad para este tipo de casos. “Es por ello que venimos desde hace un tiempo exigiendo públicamente a los legisladores a tener la iniciativa o a avalar el proyecto de las ONG de llevar adelante una medida de esta magnitud; como así también como medida en la declaración de Emergencia. Es necesaria la urgente modificación al Código Penal”, añadió.  Para la dirigente social la forma más eficaz de implementar un proyecto de estas características es a través de la vía legislativa.  “Es muy alta la cantidad de chicos huérfanos que quedan en esta situación, se está a nivel nacional de más 400 niños y adolescentes involucrados dentro de esta problemática. Con la implicancia en la sociedad que esto significa: están sin protección, sin un ámbito familiar acorde y más en cuanto a lo genera  a la pérdida del vínculo, como así también en la educación como sujeto de derecho del niño”, reflexionó. Mencionó que muchas veces la guarda de los chicos queda en manos de los abuelos maternos. 

 

“Hay que tener también en cuenta la cantidad de femicidios vinculados que se registraron desde 2011 a la fecha, que es cuando el varón asesina al niño o al hijo creyendo poder causarle mayor daño a la mujer en lo que concierne a este de delito aberrante. No cesamos en nuestro pedido de acompañar el proyecto nacional de las compañeras de la Asociación Civil de la Casa del Encuentro. Y también lo venimos pidiendo en Entre Ríos en el marco de la declaración de la Emergencia Pública por Violencia de Género”, completó.

 

 

Emergencia por violencia sexista

 


La entidad sostuvo que insistirá con el proyecto para que se declare la emergencia pública por violencia de género de Entre Ríos.


 Calveyra aseguró que la entidad continuará impulsando la declaración de emergencia, pese al rechazo que la iniciativa ya recibió en el seno de la Banca de la Mujer en marzo pasado, un espacio que forma de la Cámara de Diputados de la provincia. En esa oportunidad, la mayoría de las legisladoras que integran el cuerpo entendió que en la provincia “no es necesario” aplicar una medida de esas características, porque “el Estado ha avanzado mucho” en la temática y “no hay nada que corregir”.


“Las legisladoras ya tomaron su postura, pero obviamente después de las elecciones habrá renovación, así que volveremos a insistir frente a los nuevos legisladores sobre la necesidad de la declaración y la implementación de otras medidas”, anticipó la titular de Red de Alerta.


“Reconocer el problema implicaría admitir que el Gobierno de turno no ha hecho nada, y estamos en un año electoral”, afirmó además respecto a la negativa de las diputadas oficialistas. “Pero la emergencia pasa por reconocer que hay mujeres asesinadas, muchas que siguen sufriendo violencia psicológica, persecuciones, y que todavía faltan implementar algunas medidas”, subrayó.

 

 

Dos víctimas

 


En lo que va de 2015 ya se produjeron dos femicidios en el territorio entrerriano. El primer caso se dio en la localidad de Aranguren, donde Lidia Barreto, de 46 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza por su esposo en febrero pasado. La mujer tenía dos hijos. Además, María de los Ángeles Gaitán, fue acuchillada por su hija en marzo en Victoria. Además, existe un tercer caso sospechado de femicidio, que sería el tercero del año. Se trata de la mujer de barrio Belgrano, de Paraná, que falleció por severas quemaduras en su cuerpo.


Si bien en un principio se informó que se habría rociado alcohol y prendido fuego, luego la investigación dio un giro, se caratuló como “muerte dudosa” y se comenzó a investigar un posible homicidio. “En la autopsia que se realizó en Buenos Aires detectaron golpes y otros indicios que no se habían detectaron en el Hospital San Martín”, explicó al respecto Calveyra.


Recordó además que hay “otros casos donde existe una restricción de acercamiento al hogar, pero los hombres no la respetan”. Por ello consideró que “una de las medidas fundamentales” que se debe implementar en forma urgente es el botón antipánico, como elemento de prevención. También reclama “garantizar efectivamente el acceso a la justicia como el patrocinio legal penal gratuito, la pérdida de la patria potestad para el femicida y crear más hogares refugios para las víctimas con equipos interdisciplinarios específicos, inclusión social vivienda y trabajo digno una vez recuperada”. Asimismo precisó que este mes se cumplen seis años de la sanción de la Ley 26.485 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

 

 


Otro caso que sigue doliendo


Viviana Di Bacco murió en forma trágica el segundo día del mes de febrero, hace tres años. Era inspectora de Tránsito en Diamante y madre de seis hijos. Quería conseguir el divorcio de su expareja, Jaime Gustavo Maillo, para rehacer su vida sentimental. Sus proyectos quedaron truncos, como su vida, que se apagó repentinamente por el ataque mortal de Maillo: le asestó cinco puñaladas, también dos golpes con una maza –martillo grande-, para luego ser ultimada por su homicida degollándola.


El abogado querellante de la familia Di Bacco recordó el devenir de los hijos de la pareja y cómo el mayor de los hermanos volvió para acompañar a sus seis hermanos. “Se trata de un caso muy especial, porque la mayoría de los niños no estaban documentados, porque en su momento el padre se había opuesto a esta medida”, explicó el abogado Nelson Schlotauer. En su alocución indicó detalles poco conocidos del vínculo entre Viviana y el homicida. “Era una pareja disfuncional, porque él -por Maillo- se iba de la casa durante mucho tiempo y después regresaba”, aportó. El caso que conmocionó a la localidad de Diamante, dejó al descubierto una serie de aspectos que vale destacar. Como por ejemplo, la actitud del mayor de los hermanos (23 años) que dejó su residencia en otra provincia para hacerse cargo de sus hermanos menores. “También colaboraron los abuelos. Uno nota que siempre las víctimas que quedan son los hijos, que en este caso no han tenido acompañamiento especial. Es un tema a revisar el acompañamiento de estos menores que son víctimas de hechos delictivos. Me preocupa mucho la labor de las partes administrativas”, sostuvo


Schlotauer contó que el padre de los chicos “no tiene prohibido verlos, pero ninguno de ellos está dispuesto a un acercamiento. Incluso dos de los hijos contaron situaciones horribles cuando brindaron su testimonio durante el juicio. El padre no solo violentaba a la madre sino también a sus hijos”.


Cabe mencionar que Jaime Gustavo Maillo fue condenado a prisión perpetua. El fiscal de cámara Rafael Cotorruelo valoró las pruebas de la causa y los testimonios del debate, y pidió una condena de acuerdo a la calificación legal del hecho como llegó a juicio.

 

 

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