La Provincia
Jueves 19 de Mayo de 2016

Pasó a comisión la ordenanza de Emergencia Administrativa y Judicial municipal

El proyecto autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal a allanarse, desistir y transar en juicios pendientes o los que se inicien durante la emergencia. 

Entre los numerosos proyectos que tuvieron estado parlamentario este jueves en el Concejo Deliberante de Paraná y que fueron derivados a comisión para su análisis, figura el presentado por los concejales María Marta Zuiani y Carlos González, a través del cual se propicia declarar el “Estado de Emergencia Administrativa y Judicial de la Municipalidad de Paraná por el término de 12 meses”.
El objetivo de la iniciativa, según señalan sus autores, es lograr un reordenamiento y establecer un orden de prioridades en la atención de los reclamos administrativos y de las obligaciones provenientes de sentencias judiciales adversas y los consabidos gastos y costas causídicos, a los que eventualmente debiera hacer frente la administración local.
En el marco de la Emergencia Administrativa se duplica el término de todos los plazos administrativos establecidos en la ordenanza 8256 y se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal para extender la emergencia a las ordenanzas que rigen el trámite de Habilitación Comercial, Código Fiscal Municipal, Código de Edificación, Código Urbano, Código de Faltas, Procesos de Sumarios Administrativos y toda norma que establezca un procedimiento administrativo específico y que, atento el estado de situación, amerite la aplicación de la emergencia administrativa.
En el marco de la Emergencia Judicial, autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal para allanarse, desistir y transar juicios pendientes o los que se inicien durante la misma. 
Promoción del empleo
Por otra parte, el Concejo sancionó por unanimidad de los ediles presentes un proyecto de ordenanza que reformula una norma vigente desde el año 2002, respecto al funcionamiento del Consejo de Promoción del Empleo  (Copromen), organismo que tiene como función promover la generación, desarrollo y consolidación de microemprendimientos que estimulen la producción y la generación de empleo en la capital entrerriana.
El Fondo de Promoción del Empleo, que se integrará con la aplicación del 0,50 por ciento del total de ingresos por tasas, contribuciones y coparticipaciones nacionales y provinciales que perciba la Municipalidad, prevé con destino a la constitución del mismo una suma de hasta 10 millones de pesos.
La iniciativa, impulsada por los concejales María Marta Zuiani, Carlos González, y Pablo Hernández contempla que la totalidad de esos recursos serán orientados a la promoción y apoyo económico y la comercialización de bienes y servicios por ellas generados, desarrollados en Paraná y destinadas a generar impacto laboral.
El texto de la norma sostiene que “los créditos/garantías se destinarán a emprendedores propietarios de microempresas en forma asociativa (sociedades comerciales, de hecho, cooperativas, etc.) o individual, que tengan actividades de producción de bienes y servicios, con la única exclusión de los servicios financieros y comerciales”.
La norma estipula que “el monto de los créditos no excederá la suma de 30 haberes mínimos garantizados del agente municipal, pudiendo el Comité de Créditos para el caso de proyectos asociativos revisar y aumentar ese monto, fijando un plazo de amortización de hasta tres años y con un plazo de gracia que no podrá exceder los seis meses”.
Creación del Nivel de Educación Inicial Municipal
El órgano legislativo también dio sanción, con el acompañamiento del voto unánime de los ediles asistentes al plenario, a una ordenanza en virtud de la cual se crea el Nivel de Educación Inicial Municipal de Paraná, el cual abarcará “al conjunto de instituciones educativas que tienen por objeto garantizar el derecho a una educación de calidad, en condiciones de igualdad y gratuidad a niños y niñas de 45 días a 3 años de edad inclusive”.
El proyecto, autoría de la legisladora Claudia Acevedo y el acompañamiento de los concejales Carlos González y Elsa Salazar, incluye a 400 trabajadores que se desempeñan en las 30 comunidades educativas que hoy conforman la Educación Inicial Municipal.
La ordenanza contempla un procedimiento ante la posibilidad de establecer un escalafón propio para los trabajadores del sector, permitiendo al Departamento Ejecutivo elaborar un proyecto que deberá ser tratado por el Concejo Deliberante.
La sanción del texto normativo fue celebrado con un intenso aplauso y el sonar de sirenas del personal de esa dependencia presente en el recinto, que a viva voz expresó su reconocimiento a la aprobación de un anhelo largamente esperado. 

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