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Martes 25 de Julio de 2017

Procesaron a una mujer por falsas amenazas de bomba

Realizó 20 llamados a la línea de emergencias 911 y 103. El juez Sergio Torres estableció un embargo alto debido al perjuicio generado.

Una mujer fue procesada por realizar 20 llamados a la línea de emergencias 911 y 103 con amenazas de bomba. El juez Sergio Torres estableció un embargo alto debido al perjuicio generado.



Las advertencias telefónicas ocurrieron a mediados del año 2016, entre el 15 de julio y el 21 de septiembre, para decir que había una bomba en el edificio de Avenida de Mayo 654, situado a cuadras de la Casa Rosada, en la Capital Federal. Las amenazas siempre fueron hechas por una mujer el presunto explosivo, según el día, iba a ser detonada en diferentes lugares de la misma cuadra.



Una de las amenazas estuvo destinada a volar el "McDonald´s de Avenida de Mayo 654", otra al "sexto piso de Avenida de Mayo 654". De los innumerables llamados uno fue un poco más contundente. La voz femenina dijo: "Hay un bomba en Avenida de Mayo 654 piso seis, hoy los vuelo por el aire a esos hijos de puta". Fueron varios llamados, y las consecuentes evacuaciones del edificio. Allí funcionan además de varias empresas privadas, algunas dependencias de la justicia en lo Contencioso y Administrativo Tributario de la Ciudad de Buenos Aires.



El caso quedó en manos del juez Sergio Torres, quien como consecuencia de la investigación procesó sin prisión preventiva a F.D, una mujer de 31 años que trabajaba en una de las empresas que tenía sede en el edificio y fue acusada por el delito de intimidación pública "reiterado en 20 ocasiones".

Los investigadores de la Policía Federal determinaron que los llamados al 911 y al 103 fueron realizados desde diferentes chips de celulares pero todos desde el mismo IMEI (la sigla en inglés para Identidad Internacional de Equipo Móvil) que identifica a los aparatos. Ese aparato pertenecía en el momento de los hechos a una mujer que trabajaba como telemarketer en una empresa de seguros que estaba situada en el edificio donde se suponía iban a estallar las bombas.



Las llamadas se hicieron desde las celdas de celulares cercanas al edificio en los minutos previos a la hora de ingreso de la mujer que finalmente fue procesada. Y el mismo teléfono que se utilizó para los llamados amenazantes se conectó, para hacer otros llamados, desde la celda cercana a su casa en Wilde, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires. La mujer estuvo detenida un par de días antes de su indagatoria. Negó haber sido la autora de los llamados. Admitió que la voz que se escuchaba en las grabaciones de las líneas de emergencia se parecía a la de dos compañeras de trabajo, y deslizó que como dejaba su celular sobre el escritorio no descartaba que se lo hubieran usado con el fin de hacer los llamados.



Los policías descartaron ese intento de coartada porque todos los aparatos celulares de F.D tenían patrón de bloqueo de pantalla, por lo que además de dejarlo sobre el escritorio la dueña debió develar su contraseña para que otros lo utilizaran. Se sospecha que los llamados fueron hechos para evitar cubrir todo el turno de trabajo, algo que en su indagatoria negó. La mujer aseguró que si no vendía telefónicamente coberturas de seguro no le alcanzaba el sueldo.



El procesamiento dictado por Torres en mayo de este año fue confirmado por la Sala II de la Cámara Federal porteña. El juez estableció un embargo de los bienes de F.D. de acuerdo a los perjuicios que generaron los llamados con amenazas de bomba.



El magistrado señaló: "Cabe remarcar al respecto, la importancia del daño ocasionado por la imputada en cada uno de los hechos cometidos, y el desmedido gasto de los recursos del Estado, lo que generó la movilización de sus diversas instituciones, tales como la presencia de efectivos policiales para llevar a cabo las evacuaciones del edificio objeto de amenaza, la del personal de bomberos, la gran cantidad de gente que perdió tiempo de su trabajo y, en consecuencia, una afectación económica debido a las suspensiones de las tareas laborales tanto para todas las empresas como instituciones que allí se encuentran, como para su propio personal, tal como se ha corroborado en el caso de (la compañía de seguros donde trabajaba F.D.) y sus empleados, quienes cobran comisiones por ventas efectuadas, y tanto el Director de Recursos Humanos de esa Compañía como la propia imputada manifestaron que en función de las evacuaciones debieron suspender sus tareas y retirarse del edificio. No nos olvidemos que el edificio objeto de amenazas consta de un total de 14 pisos en el cual funcionan Tribunales y Defensorías en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como así también la oficina Comercial y Cultural de Taipei, perteneciente a la Embajada de Taiwan, entre otras dependencias, lo cual no sólo da cuenta de la gran cantidad de gente que allí trabaja, sino también de la importancia que los mismos revisten, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de las amenazas se efectuaron sobre el piso 6to, donde funcionan los Tribunales y Defensorías, lo cual trajo aparejada una gran preocupación por parte de las autoridades del Consejo de la Magistratura de esta ciudad. Por otro lado, también se produjo una pérdida económica desde el momento que iniciaron las respectivas actuaciones sumariales; los gastos efectuados por la realización de cada uno de los informes solicitados; de la producción de las diversas tareas de inteligencia; de las intervenciones telefónicas; de todos los audios de los llamados intimidatorios y de las escuchas telefónicas, y de todas las pericias efectuadas, entre otros".



Los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah desestimaron algunos argumentos de defensa de F.D. Los jueces señalaron: "Por otra parte, la versión de F. D. -en torno a que no era razonable que se le atribuyese la realización de las llamadas, porque su resultado era la evacuación del edificio donde trabajaba y esto no le convenía en la medida que necesitaba cumplimentar una carga horaria y también cobrar comisiones-, quita relevancia a su explicación en punto a que fueron sus compañeros de trabajo quienes las llevaron a cabo, desde su teléfono en ocasión de ir al baño o cuando lo prestaba; ello es así, puesto que -a la falta de verosimilitud de tal versión- se suma que éstos se encontraban justamente en la misma posición de pérdida patrimonial que ella alegó sufrir frente a este tipo de episodios; y máxime cuando una de las comunicaciones, no aparece practicada desde su oficina laboral".



Irurzun y Farah confirmaron el procesamiento y el monto del embargo. F.D. se encamina a un juicio oral y público por haber hecho llamados intimidatorios. No es el único caso. En Tribunales tampoco creen que sea el último.


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