Hoy por Hoy
Sábado 30 de Julio de 2016

Pagan justos por violentos

Para quienes viven alejados del hospital San Martín y de distintas clínicas médicas de Paraná; los centros de salud, ubicados en forma estratégica en el corazón de las barriadas, tienen una función y un rol fundamental en la población. Disponer de un amplio horario de servicios es un derecho de la comunidad y una tranquilidad para aquellas familias que viven alejadas del casco céntrico de la capital entrerriana (además sirve para descomprimir la atención en los hospitales de referencia).

El lunes pasado la terrible agresión a una enfermera del centro de salud Arturo Oñativia (ex-Corrales) corrió como reguero de pólvora tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Una mujer acudió a la guardia con un cuadro de hipertensión y estuvo dos horas internada, con medicación, hasta que su presión arterial se normalizó. Afuera, en el pasillo, aguardaban su recuperación familiares cercanos. Una de sus hijas, que consideró haber recibido malos tratos por parte del personal del centro médico, sin mediar palabras ingresó al office del lugar y la emprendió a golpes contra una trabajadora, quien sufrió la fisura de una costilla y laceraciones en distintas partes del rostro y cuerpo. El martes siguiente se radicó la denuncia en Tribunales.

Nicolás Roldán, director del centro de salud inaugurado hace más de 60 años, informó que al lugar asisten a diario, en promedio, más de 800 vecinos. Cuentan con infinidades de acciones sanitarias, vacunatorio y farmacia. Para cuidar el patrimonio del Estado hace un tiempo definieron la presencia de un efectivo policial. Si bien el profesional destacó que la agresión sufrida por la enfermera es un hecho inédito, de algún modo desnuda la situación de vulnerabilidad e indefensión a la que está expuesto el personal de la casa.

Como consecuencia del hecho de violencia el Ministerio de Salud, a través de la Dirección de Primer Nivel de Atención, tomó intervención en el caso y entre las principales medidas se acordó reducir el horario de atención de la guardia de 7 a 19, además de tramitar la compra de una cámara de seguridad y avanzar en una reforma edilicia. La medida no es para nada irracional, lo que se busca es salvaguardar la integridad de los trabajadores, pero sin duda representa una pérdida de derechos para todos pacientes que concurren asiduamente al lugar (a partir de esta semana a las 19 la puerta se cierra con llave y solo puede ingresar un familiar junto a la persona que llega a la guardia, entre otras disposiciones).

Sabido es que en casos de enfermedad y sobre todo urgencias, lo óptimo es que el paciente reciba atención inmediata, con la menor burocracia posible, y en este caso la actitud de una familia violenta le quita la posibilidad de tener un centro de salud de puertas abiertas las 24 horas al resto de los habitantes de la zona. No es la primera vez que sucede en el país, y lamentablemente no será la última. Incluso el nivel de violencia ha crecido mucho en los últimos años.

En muchos lugares del mundo la salud es un privilegio de las minorías. En Argentina, más allá de muchas cosas a modificar, el sistema público contempla a todos y cada uno de los ciudadanos y esto es algo que debemos cuidar y defender con uñas y dientes, al igual que la educación pública y gratuita. Comprometernos e impedir que paguen justos por violentos es la opción.

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