La Provincia
Jueves 09 de Abril de 2015

Nuevas testimoniales en la causa Ilarraz

El abogado patrocinante de Justo José Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, acercó hasta el recinto de Tribunales a cuatro nuevos testigos, quienes no habrían aportado nada nuevo a la investigación, ya que no lo conocían en profundidad al cura.

Luego de la presentación de Justo Ilarraz para someterse a pericias psiquiátricas y físicas, un trámite que finalmente fue postergado para después de la indagatoria por petición del sacerdote, el martes se produjeron nuevos testimonios relacionados con la causa. Esta vez los que comparecieron en Tribunales fueron cuatro sacerdotes propuestos por la defensa, quienes aseguraron desconocer los hechos que se le atribuyen al cura.


 El abogado patrocinante de Ilarraz, Juan Ángel Fornerón, acercó hasta el recinto de Tribunales a cuatro nuevos testigos, quienes no habrían aportado nada nuevo a la investigación, ya que no lo conocían en profundidad, de acuerdo a lo publicado por Análisis Digital. Otra acción en el mismo sentido se producirá para fines de la semana que viene. En ese momento, otro grupo de integrantes de la curia prestará declaración ante la jueza Paola Firpo, encargada del juzgado de Transición N° 2.


Indagatoria


El 21 se concretará finalmente la declaración indagatoria del cura hoy radicado en San Miguel de Tucumán. Será el momento para que pueda ejercer su derecho a defensa y dar su versión de los hechos que fueran denunciados por un grupo de pupilos del Seminario que cursaron sus estudios entre 1985 y 1993.


 Así como se escuchará el relato del religioso, al mismo tiempo la querella, la Fiscalía y la Procuraduría General tienen previsto pedir su prisión preventiva. Será la primera vez luego de más de dos años y medio que se podrá escuchar al cura acusado de abusar de por lo menos siete estudiantes, en un episodio que sacudió los cimientos de la Iglesia local e instaló el debate en la sociedad sobre el accionar de la jerarquía eclesiástica. Los delitos que se le acusan a Ilarraz tienen una pena prevista de 10 a 15 años de prisión, tal como lo indica el artículo 125 del Código Procesal Penal.

 

 

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