Juicio Político a Mizawak
Jueves 12 de Enero de 2017

Mizawak esquivó el pedido de juicio político en ardua sesión

El resultado de la votación de 21 a 12 selló el final del proceso en su contra. Seguirá en su cargo

En votación dividida (21 a 12) el pleno de la Cámara de Diputados rechazó el pedido de juicio político contra la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Claudia Mizawak, por considerar que no se acreditaron pruebas suficientes para acusarla por mal desempeño en sus funciones, así como también por otras cuatro causales de la denuncia impulsada por un grupo de abogados y dirigentes políticos. Así el Frente Para la Victoria (FPV), acompañado con el voto de los legisladores del bloque Frente Renovador UNA, Gustavo Zavallo y Daniel Koch, y del representante del bloque unipersonal Recuperación Radical, Ricardo Troncoso, logró que se aprobara el dictamen a favor de la absolución de la titular del alto cuerpo. La sesión especial de casi cuatro horas dejó postales de una jornada que quedará en la historia política entrerriana, de la misma magnitud que tuvo el proceso que ahora dejó al borde de la destitución al vocal -suspendido en funciones- Carlos Chiara Díaz. Por el justicialismo, el presidente de la Comisión de Juicio Político, Diego Lara, desgranó en todos sus puntos el dictamen que defendió la absolución de Mizawak, a la vez atacó a sus denunciantes y argumentó porqué no se habían dados las condiciones para dejarla al borde de la destitución. “Se analizaron 2.250 fojas, y ninguno de los hechos denunciados posee asidero fáctico y probatorio, ni siquiera presumir la existencia de conductas irregulares o dudosas atribuibles a la doctora Mizawak, que puedan ser consideradas además como causal de mal desempeño en sus funciones”, sentenció el legislador luego de más de dos horas de exposición.


Lara cuestionó que la denuncia contra la exfiscal de Estado se haya basado únicamente en los dichos de Chiara Díaz durante su descargo ante la Comisión Investigadora. “Ha quedado acabadamente demostrado que el vocal le ha mentido a esta Comisión”, aseveró el titular de la comisión acusadora. Dijo que los dichos “falaces” vertidos por el vocal obligaron a una revisión integral de la conducta de la máxima autoridad del Poder Judicial, tanto en su persona, en sus bienes y en sus funciones. Respecto de la causal donde se marcaban las excesivas ausencias por licencias y viáticos, Lara sostuvo: “Ha viajado con licencias en porcentajes sorprendentemente menores en relación a Chiara Díaz, haciendo la comparación”. En el ejercicio de contrastar los datos que aluden a los viajes de cada uno de los magistrados, el diputado remarcó que en cantidad “Chiara Díaz, duplica, triplica y hasta cuadriplica a su par del STJ”.


En todo momento el dictamen del oficialismo hace mención al uso de “comisiones de servicio” para el caso de Mizawak en su calidad de presidenta del alto cuerpo para justificar todos los viajes y usos de licencia con ausencia de la jurisdicción, tal como le reprochaba con dureza la denuncia. “Ha quedado demostrado que las ausencias y las licencias para realizar trabajos fuera de su despacho han sido efectivamente revisadas con el detalle exacto, de qué hizo, cómo lo hizo y dónde lo hizo, y el resultado de lo que hizo. Asimismo las comisiones de servicio nunca fueron omitidas de los informes presentados ante la Comisión”, consignó Lara.


También descartó que esta conducta afectara las funciones jurisdiccionales de la magistrada, sobre todo con el número de sentencias en procesos constitucionales que no dictó, ya que se pudo comprobar que el número de fallos fue inferior a una decena por año.


En relación a las supuestas sociedades comerciales con el exgobernador Sergio Urribarri y actual presidente de la Cámara de Diputados fundamentó que “no hay ningún elemento que dé cuenta de una relación societaria pasada o presente”.


En cuanto a la incompatibilidad que se le adjudicó por poseer acciones en Emprendimientos A y ,M SA, el titular de la Comisión Investigadora subrayó: “Raúl Arroyo -esposo de Mizawak- fue siempre presidente de la sociedad anónima, por lo tanto la magistrada nunca la administró. Es decir que su participación accionaria nunca estuvo oculta. Cuando se trató el pliego para su designación como presidenta del máximo tribunal, a fines de 2007, esos aspectos fueron puestos a consideración de la Cámara alta”.


Finalmente, Lara desarrolló los puntos que reprochaban su accionar en la causa por el robo de armas de un depósito del Poder Judicial, y por la que recientemente se condenó a empleados de Tribunales y sobre la supuesta manipulación de la causa Arralde y el tráfico de información. En la primera de las causales indicó: “No aparece lógico ni razonable que pueda atribuírsele por esta causa un mal desempeño a la presidenta del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, dado que se trata de un delito penal cometido por empleados judiciales en complicidad con terceras personas, por lo que el deber ‘in vigilando’ no puede alcanzar naturaleza tal que importe ‘prevenir’ que un empleado sea el autor del robo de armas”.


En la restante instancia, planteó que “la prueba contundente del expediente judicial, el informe del secretario, Julio César Perez Ducasse, y las declaraciones testimoniales de los vocales del Superior Tribunal de Justicia, en especial la de su vicepresidente, Bernardo Salduna, destruyen toda posibilidad de encontrar irregularidad alguna en dicha causa”. Y al respecto amplió: “Mizawak no reformuló la integración del Tribunal con el doctor Matorras, no cambió el objeto procesal ni realizó ninguna otra conducta que pueda reprochársele. Tal vez este punto podría ser concluido con la declaración de Salduna, que afirmó -a título personal- que, a su juicio, el alongado -pero correcto- trámite obedeció fundamentalmente al excesivo tiempo que -el vocal de primer voto Chiara Díaz- tuvo la causa para dictar sentencia (seis meses), y a la innecesaria y extemporánea recusación de la presidenta del Tribunal que realizó el actor -Arralde-”.


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Dictamen de la oposición


Entre los diputados María Alejandra Viola, Gabriela Lena y Esteban Vitor, todos del bloque Cambiemos desarrollaron la parte medular del dictamen acusatorio. “De la prueba referida, surge que desde enero de 2008 hasta diciembre de 2016, alegando motivos oficiales, la doctora Mizawak se ausentó de la jurisdicción 360 días hábiles que a su vez representaron 400,5 días de viáticos por una suma de 559.513,50 pesos”, revela el dictamen de Cambiemos.


A la jueza, que también cumple funciones como vocal, le endilgan una “conducta abusiva” en este último tiempo valiéndose de “su condición de presidente del alto cuerpo”. Mientras que en el tiempo que lleva como presidenta del STJ, es decir a partir de 2013, se le computaron 133 días hábiles (179 días corridos) de ausencias por viajes, habiéndosele liquidado solo durante estos tres años, 178 días de viáticos, lo que representó para las arcas del Poder Judicial la suma de 338.776 pesos


Del análisis de la prueba y el entrecruzamiento de datos entre los días de viáticos liquidados y el detalle de las sentencias de amparo de los últimos tres años que no fueron suscritas por Claudia Mizawak, se detectó que estando fuera de la jurisdicción intervino firmando en distintas causas. Según el dictamen de la minoría, “en la causa Arralde Juan Carlos c/ Estado Provincial s/ Acción de Inconstitucionalidad por Omisión” (Expediente Nº 3.710), a fojas 118 de esos actuados, aparece estampada su firma en providencia de fecha 18 de agosto de 2016. Sin embargo, ese preciso día se hallaba en la ciudad de Corrientes. También se pudo corroborar que -ese mismo día- la máxima autoridad del Poder Judicial aparece firmando en otros dos fallos”.


En base a estos hechos es que Cambiemos sostiene que se advierte “una situación de absoluta falta de control, tanto sobre sus actos propios en tanto presidente del STJ, como de los restantes vocales”.

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La intervención de Urribarri


El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, realizó una intervención al promediar la sesión. Lo hizo para destacar que se haya aclarado su rol en la presunta denuncia que lo vinculaba en una sociedad comercial con Claudia Mizawak.


“Quería que sea rápidamente aclarado que son falsas, malintencionadas, falaces, que pretenden claramente poner un manto de sospecha solo con un párrafo de un medio de prensa y con una afirmación de un vocal que todos sabíamos ese día estaba fuera de control. Quería que se aclare porque tengo familiares. Los denunciantes, que seguramente no piensan cuando dicen estas cosas, como aquí, que están los hijos de la doctora Mizawak. Por eso pedí que este hecho expresamente, a los cuales (Lara en su exposición) dedicó 22 minutos más que el primero, se exprese con la extensión y celeridad que merecía y que yo quería”, cerró el exmandatario.



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La transparencia de la Provincia en foco


La provincia de Entre Ríos califica en segundo lugar según el Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial, que publica el Centro de Implementación de Políticas Públicas. El análisis se basa en el nivel de acceso a la información, la transparencia activa y la provisión de información a través de los sitios web de los organismos provinciales.


Según tal indicador la provincia de Córdoba se ubica primera con un puntaje de 9,70; el segundo puesto del ranking corresponde a Entre Ríos con un puntaje de 9,50 y el tercer lugar lo comparten la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Santa Fe. Sobre la información entrerriana se destaca que “la Provincia publica la mayor parte de la información requerida, y además produce un informe ejecutivo institucional, económico y fiscal, sumamente detallado, que muestra los principales indicadores para ser considerado un presupuesto ciudadano”, según señala el trabajo difundido por la consultora que lleva la firma de Walter Agosto.


El índice 2016 demuestra “una leve mejora en el nivel general de transparencia presupuestaria provincial si se lo compara con 2015. También sostiene que “al analizar qué documentos presupuestarios son los que más se publican, se evidencia que los ítems con mayor cumplimiento son la publicación de la normativa fiscal y presupuestaria, las leyes presupuestarias y los datos de recaudación tributaria. Los documentos menos publicados son el presupuesto plurianual, la Cuenta de Inversión 2015 y el Presupuesto Ciudadano”.


Para la elaboración del informe anual destacaron la promulgación de la Ley Nº 27.275 aprobada en setiembre de 2016 por el Congreso de la Nación, donde se garantiza el deber que tienen los organismos públicos de recibir solicitudes de información y entregarla, salvo que exista un motivo fundado de secreto o reserva, y a la provisión permanente de información pública a través de los sitios web de los organismos oficiales, evaluación que realizan desde 2010.


La organización menciona que el acceso a la información pública es reconocido como un derecho fundamental, con un amplio desarrollo jurisprudencial y un gran impulso desde la perspectiva de los derechos humanos. La información pública debe ser confiable, oportuna y ajustada a las buenas prácticas, a efectos de promover la participación ciudadana, en este caso, en el control de la utilización de los recursos por parte de los gobiernos.


En Argentina la transparencia presupuestaria activa tiene su principal sustento legal en el Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal establecido en 2004; en la actualidad, más de 15 provincias argentinas cuentan con decretos o leyes de acceso a la información pública. Esta ley establece que las provincias y el gobierno nacional deben publicar en sus sitios oficiales el presupuesto del año en curso; el plurianual; el gasto ejecutado, clasificado por finalidad y función, objeto del gasto, naturaleza económica y fuente de financiamiento; stock de deuda, con un rezago máximo de tres meses.


Respecto de la metodología se explica que el relevamiento se desarrolla durante el mes de noviembre de cada año, y se verifican solo los sitios web oficiales de los gobiernos provinciales. Cada uno de los ítems relevados cuenta con una ponderación, que sumada alcanza un puntaje máximo de 10.


El resultado de esta evaluación realizada cada año muestra una foto de la transparencia presupuestaria provincial de las 24 jurisdicciones encontrando una leve mejora en relación a 2015. Córdoba es la provincia más transparente, mientras que los cinco puestos del ranking los completan Entre Ríos (segundo lugar), Santa Fe y CABA (comparten el tercer puesto), Catamarca (cuarto lugar), Buenos Aires y Neuquén (comparten el puesto número cinco).

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