La Provincia
Domingo 14 de Agosto de 2016

Más de 35.000 familias en lista de espera por una vivienda

La demanda está en alza. Se construyen 4.000 unidades por año. Una casa modelo vale hoy 679.000 pesos

Marcelo Comas
mcomas@uno.com.ar

El déficit habitacional es el reflejo del fracaso de una política pública que ninguno de los últimos gobiernos democráticos pudo atender de manera eficiente y en todas sus aristas. Con diferente resultado se buscaron implementar diferentes programas de viviendas, siendo el Procrear el que brindó mayores oportunidades y posibilidades de acceso al techo propio. Los que no pudieron ser favorecidos en el sorteo, hoy apuestan a créditos hipotecarios convenientes o directamente se resignan a seguir siendo inquilinos. Según datos brindados a UNO por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), desde marzo en Entre Ríos son 36.000 las personas en la lista de espera por una casa otorgada por el Estado provincial. Actualmente en el territorio entrerriano se encuentran en construcción 3.600 unidades habitacionales, una cifra muy cercana al promedio anual que se estima en 4.000 viviendas.
Según el presidente del organismo, Alfredo Francolini, el nivel de demanda es siempre constante por lo que la premisa es cubrir las necesidades de todas las localidades. "No solamente estamos en grandes ciudades sino en pequeñas juntas de Gobierno, tratamos de estar en todos lados. Sabemos que estamos haciendo muchas viviendas, pero sabemos que están haciendo falta muchas más. La intención del gobernador Gustavo Bordet es que estemos en toda la provincia", expresó el funcionario. Lleva cuatro años y ocho meses en los cargos jerárquicos del IAPV, primero como vicepresidente y ahora como número uno de la repartición. Recordó que desde 2011 se llevan entregadas 7.000 casas y que entre los aspectos más positivos de la gestión se destaca la reducción del número de morosos. "Teníamos 18.000 morosos y nos quedan 2.000; hoy tenemos un recupero del 90% de la vivienda. Nos quedan morosos de muy vieja data, de los cuales las cuotas son insignificantes. Estamos hablando de cuotas de 39, 47, 69 o 127 pesos y de gente que de tanto tiempo que tiene estas viviendas las cuotas no se actualizaban. Hay casas que han pasado de mano en mano, entonces se nos está haciendo difícil recuperar esos morosos: algunos han sido embargados, otros han sido intimados y han venido a regularizar la situación. Hubo casos en que han pagado 10 años juntos de cuotas. En cuatro años recuperamos 16.000 morosos", resaltó Francolini.
En la actualidad son varios los requisitos que se deben cumplir para inscribirse a un programa del IAPV. Según un cuadro explicativo publicado en el sitio digital del organismo el aspirante debe tener una familia constituida, estar casado o conviviendo con hijos, o ser conviviente mayor de 40 años y tener justificados dos años de convivencia. Para Francolini, estos pueden llegar a ser limitantes para producir una caída de la demanda.
Las familias beneficiadas no solo cumplen con el sueño de la casa propia sino que acceden a condiciones sumamente favorables de financiamiento. Una casa construida por el IAPV tiene un valor de mercado de 679.000 pesos, si se tiene en cuenta que el valor del metro cuadrado es de 12.350 pesos y que los lotes tienen una extensión de 55 metros cuadrados cubiertos. "El valor de la cuota es de 3.000 pesos, cuando la cuota hoy tendría que ser de 8.000 pesos, pero el subsidio otorgado por el Estado provincial hace que tenga ese precio", precisó.

La gran estafa
Mejores controles no implican que la viveza criolla no esté siempre a la orden del día. Las autoridades del organismo reconocen que es elevado el nivel de denuncias que reciben por ofrecimiento de viviendas construidas o promesas de negociar una casa en proceso en construcción. "Es gente que se deja estafar, porque las viviendas en el IAPV no se venden. Me acuerdo de denuncias de que se vendían viviendas en el baño de la Costanera. Como creen que es una ganga dicen: 'Esta es mi oportunidad de jorobar a alguien'. A veces han venido y nos han mostrado que han pagado una entrega de 5.000 pesos para una vivienda. Acá se inscribe, se hace la vivienda y se sortea entre todos los participantes", argumentó.
"Una vez entregada la vivienda nuestras asistentes sociales van a corroborar que el titular de la unidad sea el que está viviendo, pero eso sucede una vez que se otorgó la casa", añade en la charla con UNO.
"Nosotros tenemos un período de garantía por seis meses, donde las empresas por licitación están obligadas a hacerse cargo de todos los detalles que tenga. Siempre surge algún detalle: que pierde la canilla, que el flexible está quebrado, que tiene alguna fisura en el revoque, que se le humedeció alguna pared. Siempre son detalles menores", sentencia Francolini.

Un barrio que sigue olvidado
Graciela Gándola vive hace dos años en el barrio Vicoer 46 Viviendas, ubicado en calle Tibiletti, entre Soldado Bordón y Doctor Martínez, en Paraná. La mujer le contó a UNO que la construcción del complejo habitacional a cargo del IAPV demandó más tiempo de lo previsto porque los plazos de entrega se vencieron. Sucede que desde que inscribieron hasta que pudieron habitar la casa pasaron 10 años. "Tuvimos que hacer marchas, escraches a la cooperativa, para que nos entreguen la casa. El trato era que nos iban a entregar la casa a los tres años", hace memoria. Entonces la alegría de la casa propia nunca fue completa, sino que estuvo atravesada por diferentes reclamos en la búsqueda de soluciones a las falencias edilicias. Graciela asegura que vive angustiada porque se le inunda el patio, una dificultad que se repite entre los demás vecinos debido a que los desagües no respetan las pendientes. "Nos quedamos con una casa sin patio, dado que se mezcla con las vertientes subterráneas que llenan los pozos negros, y en algunos casos, hay pozos que se rebalsan una vez por semana", denunció. El barrio no cuenta con los servicios básicos: asfalto, cloacas, cordones cunetas, una buena iluminación, desmalezado y servicios públicos anexos, tal como el transporte urbano de pasajeros, hoy brillan por su ausencia.
Una cuota de 1.800 pesos pagan mensualmente los adjudicatarios del Vicoer -primera etapa- 46 Viviendas, ya que fueron proyectadas otras 130 de las cuales aún no se levantó un solo ladrillo. La mujer invita a recorrer todos los rincones de su casa para demostrar que lo que dice se condice en los hechos. "Cuando se corta el agua después sale negra por las cañerías, entonces tenemos que comprar agua, no tomar", planteó. También mencionó que se registran graves problemas de humedad en las paredes, se filtra el agua por las ventas por una deficiencia en la construcción y en las aberturas. "Para el IAPV todo está el bien, incluso avalado por la trabajadora social del organismo", advirtió. En su informe de situación la maestra jardinera explicó que 20 de las 46 unidades tienen problemas de cloacas. Cansados de no ser escuchados los vecinos se reunirán mañana a las 17 en la manzana B, casa 14, junto a los adjudicatarios de la segunda etapa para delinear algunas medidas de protesta. En principio, tienen pensado desplegar pasacalles en avenida Almafuerte para hacer conocer su reclamo a la comunidad. "Nosotros ni siquiera una comisión vecinal podemos formar y las comisiones que están alrededor quieren formar parte de la nuestra. En diciembre vino (Sergio) Varisco y nos dijo: 'Espero que me voten así les reactivo este barrio'. No hablábamos del voto en ese momento; todo es política", fustigó. Si no bastaba con todas las falencias estructurales antes mencionadas, a algunos vecinos se le suma que les faltan parte de los caños que van en el subsuelo y ellos mismos debieron cavar para solucionar los problemas. Graciela indicó que como alternativa a la ausencia de transporte público accesible, el servicio de tren es una buena salida. "Es barato y es práctico", destacó.
Cuando la viveza criolla está a la orden del día
Graciela Barrios y Adolfo Bordón fueron condenadas a tres años prisión condicional a principios de año acusados del delito de estafa. A ambos se les imputaron 10 hechos durante un juicio abreviado. También se les impuso la realización de trabajos no remunerativos durante 12 horas mensuales por tres años en una institución a determinar por la defensa en la Oficina de Medios Alternativos (OMA).
"La señora Barrios se comprometió a abonar a las víctimas la suma de 70.000 pesos pagaderos en cuotas de 1.500 y el señor Bordón se comprometió a abonar la suma de 20.000 pesos en cuotas de 500", señaló en diálogo con UNO el fiscal Juan Malvasio, quien intervino en la causa. Esta causa que se inició el 1 de setiembre de 2015, con la denuncia de dos de las víctimas, en febrero de este año ya tenía sentencia.
"Teníamos los teléfonos celulares desde donde surgían las comunicaciones entre las víctimas y Bordón y Barrios, donde ellos se comprometían a entregar las viviendas", repasó el funcionario judicial. Si bien los dos imputados no conformaban una sociedad, actuaron de común acuerdo en un claro reparto de roles. Las víctimas le corrieron el velo a la maniobra delictiva de dos personas que quisieron concretar el engaño diciendo que tenían contactos en el gobierno para gestionar la entrega de viviendas del IAPV.
"En concreto se presentaron 12 denuncias, de las cuales 10 se acreditaron. Hubo dos que no pudieron probarse con el grado de certeza que requiere el pronunciamiento condenatorio. El modus operandi siempre fue el mismo", recordó el fiscal.

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