La Provincia
Jueves 12 de Mayo de 2016

Los querellantes solicitaron la elevación a juicio de la causa por robo de bebés

Pidieron que los socios del Instituto Privado de Pediatría, Torrealday, Vainstub y Rossi, sean juzgados por la sustracción y supresión de identidad de los hijos mellizos de la desaparecida Raquel Negro. Además, por la "desaparición forzada" del mellizo varón.

Los querellantes Sabrina Gullino Valenzuela Negro, Sebastián Álvarez, Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. Regional Paraná y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentaron este jueves el pedido de elevación a juicio de la causa en que se investiga a los dueños del Instituto Privado de Pediatría (IPP) por el caso de la sustitución de la identidad de Sabrina y su hermano mellizo todavía desaparecido.
En el escrito presentado ante el juez federal Leandro Ríos, contestando a la vista que les corriera el magistrado, los querellantes consideraron que los médicos Jorge Eduardo Rossi, Miguel Albeto Torrealday y David Vainstub deben ser juzgados por "haber hecho incierta, alterado o suprimido la verdadera identidad de Sabrina y el Melli –en calidad de partícipes necesarios– y por la retención y ocultamiento de ambos –como coautores", informó H.I.J.O.S. mediante un comunicado. Además sostuvieron que deben responder por la desaparición forzada del varón.
Como se probó en el juicio que se realizó en 2011 por la primera parte de la causa, en marzo de 1978 los niños nacieron en el Hospital Militar de Paraná, hasta donde la detenida desaparecida Raquel Negro había sido trasladada desde el centro clandestino de detención la Quinta de Funes para dar a luz. "Luego los mellizos estuvieron internados en la Neonatología del IPP –clínica conocida en Paraná por su vinculación con el Sanatorio del Niño– con identidad falsa y separados de sus familiares", recordaron desde la organización de derechos humanos. De esa clínica personas no autorizadas se llevaron a los recién nacidos; la beba restituyó su identidad en 2008 mientras que del niño todavía se desconoce su paradero.
En el escrito las querellas afirmaron que los tres médicos, en su carácter de socios fundadores del IPP, coordinaron el ingreso de los mellizos, autorizaron su permanencia y su egreso, omitiendo dar aviso al Juzgado de Menores. Aseguraron que el aporte de los médicos posibilitó que la niña fuera llevada a Rosario, donde fue abandonada en una casa de huérfanos y posteriormente adoptada, y que se "perfeccionara la apropiación" del varón.
Desaparecido con vida
La presentación asegura que los delitos que se le imputa a los médicos son crímenes de lesa humanidad que fueron cometidos en el marco del genocidio que asoló al país entre 1976 y 1983.
Asimismo para el caso del mellizo consideraron que debe aplicarse el tipo penal de “Desaparición forzada de persona”, incorporado al Código Penal en 2011, ya que se dan las condiciones indicadas en la ley. Entre otros: la víctima es una persona nacida durante el cautiverio de su madre; los imputados actuaron “con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado”, y privaron de la información relativa al paradero del niño a su familia biológica, no dieron intervención a la Justicia y permitieron la entrega del mismo a personas ajenas al grupo familiar.
Dice el escrito: “Los niños no podían haber ingresado al Instituto sin que los médicos conocieran su origen y brindaran su consentimiento”. Y agrega: “Accedieron a su ingreso y permitieron que permanecieran allí por más de quince días sin tomar ninguna medida al respecto".
El comunicado de H.I.J.O.S. finaliza afirmando que "Vainstub, Rossi y Torrealday deben rendir cuentas en juicio oral y público, como también deben avanzar todos los procesos de lesa humanidad que tramitan en la provincia".
"No hay marcha atrás posible en los juicios. Rechazamos el vaciamiento de programas nacionales que contribuyeron al avance del proceso de Memoria, Verdad y Justicia. Nos oponemos al intento del Gobierno Nacional de introducir la figura del arrepentido en las causas de lesa humanidad, en un intento por garantizar la impunidad de los genocidas. Apelamos al Poder Judicial a no permitir ningún retroceso y avanzar en el juzgamiento de todos los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado", finalizaron.
H.I.J.O.S. Regional Paraná 

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