La Provincia
Martes 02 de Agosto de 2016

"Los allanamientos estuvieron apuntados más a determinar la situación de Aguilera"

Así lo indicó el abogado Rodríguez Allende respecto a los operativos que se hicieron sobre la denuncia contra Urribarri por enriquecimiento ilícito.

La noticia política del día provino ayer de la Justicia. Fueron varios allanamientos realizados por efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería Nacional en propiedades de personas que están siendo investigadas por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La denuncia comprende al exgobernador Sergio Urribarri, Urribarri; su hijo y actual ministro de Gobierno, Mauro Urribarri; y el extitular de la Casa de Entre Ríos y cuñado de Urribarri, Juan Pablo Aguilera; además de la esposa y otros hijos de Urribarri, y de familiares de Aguilera. Los allanamientos fueron realizados por fuerzas federales dado que en su rol de ministro de Gobierno, uno de los acusados, es jefe directo de la Policía de Entre Ríos.

La denuncia fue formulada por los abogados paranaenses Rubén Pagliotto y Guillermo Mulet, sobre la base de un informe periodístico publicado por el quincenario Análisis, en diciembre del año pasado.

Las versiones sobre los posibles allanamientos habían comenzado desde mediados de la semana pasada, en base a suposiciones y/o filtraciones, pero fundamentalmente sobre el conocimiento de que la investigación que llevan adelante los fiscales Santiago Brugo y Patricia Yedro había acumulado numerosas pruebas.

Uno de los allanamientos, tal vez el que más visibilidad tuvo por tratarse de un local comercial fácilmente identificable, se realizó en la imprenta, ubicada en calle Racedo, frente al centro cultural Juanele. La esposa de Aguilera, Luciana María Belén Almada, tiene participación accionaria en esa empresa, según reconoció ayer el abogado Marcos Rodríguez Allende, quien representa a Urribarri, a los hijos de Urribarri, a Aguilera y a sus familiares. También sostuvo el letrado que el propio Aguilera no tiene relación con la propiedad de la imprenta que originalmente estuvo a nombre de la empresa Cinco Tipos, aunque ahora estaría en propiedad de la denominación comercial Tep SRL. En el amplio galpón funcionan máquinas de impresión que eran únicas en la zona al inicio de la primera gestión de Urribarri como gobernador, y que de acuerdo a lo que se sabe se utilizaron casi exclusivamente para elaborar materiales para el Estado provincial. Se trata de una estructura edilicia amplia, ubicada en Racedo 415 de la capital provincial, desde la cual se distribuyó durante los últimos ocho años también todo lo que fuera material de campaña del oficialismo, y donde se realizaban las recordadas gigantografías que solían colgarse del edificio del Consejo de Educación.

Según se supo, otros allamientos se realizaron en la vivienda de Aguilera y su esposa Luciana Almada -de donde la Policía Federal se llevó computadoras- y en los domicilios de los socios del cuñado de Urribarri. El socio de la empresa es el diseñador gráfico Emiliano Oscar Giacopuzzi, quien mantiene una larga amistad con Aguilera, al igual que Maximiliano Romeo Sena, quien integraría el directorio de Next SRL.

La investigación judicial abarca también a la esposa del exgobernador, Ana Lía Aguilera; a sus hijos Sergio Damián, exempleado del Ministerio de Gobierno; y Mauro Gabriel;y Bruno Saúl Urribarri, futbolista con pasado en Boca Juniors; y Franco Daniel Urribarri “por fungir de personas interpósitas para disimular el enriquecimiento, sobre todo, del exgobernador y actual diputado provincial”, según la denuncia de Mulet y Pagliotto. También están mencionados la esposa de Aguilera, tal como se señaló; y el hermano de ella, Alejandro Luis Almada, a quien se señala como socio o prestanombre de Aguilera, pese a su condición de policía en actividad.

En la causa está latente la posibilidad de que también se imputen otros delitos, por caso, el de negociaciones incompatibles con la función pública. A Urribarri se lo investiga también en una causa en la que se sospecha que hubo irregularidades en las contrataciones para el desarrollo de la Cumbre del Mercosur en Paraná.

En la Justicia Federal, la jueza María Servini de Cubría inició una pesquisa sobre los gastos que insumió la campaña de su frustrada candidatura presidencial y el origen de esos fondos.

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Pagliotto le apuntó a otros funcionarios

Pagliotto reiteró ayer sus acusaciones contra Urribarri. “No hace falta ser un avezado investigador, un hombre de la ciencia económica y de las finanzas, para darse cuenta que si vos a lo largo de 20 a 25 años, sin tener oficio, sin tener profesión, ser industrial, comerciante o empresario y solo has vivido de la administración pública con una carga de familia numerosa, jamás podrías, sin haber echado mano a cuestiones non santas, haber llegado a amasar semejante patrimonio”, indicó.

Las declaraciones fueron hechas a Radio del Sur de Concordia. “La flota de vehículos, el mobiliario y las sociedades, no sólo de él sino de sus hijos y sus parientes políticos como es el señor Juan Pablo Aguilera, que eran muchachos sumamente modestos y sin actividades comerciales o empresarias ni profesionales, han experimentado una evolución patrimonial inexplicable racional y seriamente, solamente basada en la apropiación irregular e ilegítima de los dineros públicos. Son esos dineros mal habidos, los que les permite en un par de años amasar un volumen patrimonial que es inexplicable”, agregó.

El presidente de la seccional Paraná del Colegio de Abogados de Entre Ríos cargó también contra el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, a quien acusó de compartir negocios con el exgobernador. También criticó a los legisladores Pedro Báez y Ángel Giano, por defender al exgobernador.


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Esperan que la pericia se haga en setiembre

El abogado Rodríguez Allende señaló ayer que los allanamientos estuvieron apuntados más a determinar la situación de Aguilera como empresario que a determinar elementos relativos a la denuncia contra Urribarri por enriquecimiento ilícito.

El abogado indicó que se buscaba saber qué empresas contratadas por el Estado entrerriano tenían relación con Aguilera. Según Rodríguez Allende, su defendido no tiene participación accionaria directa en ninguna. Ayer, dijo, se allanaron tres imprentas, una de las cuales ya está cerrada

Tal vez el dato más interesante sea que, a su entender, durante agosto se designarán los peritos que llevarán adelante la pericia contable que constituye la prueba determinante para establecer o no la existencia del delito denunciado. Podría entonces realizarse en setiembre, dijo Rodríguez Allende que el Procurador del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amilcar García, la informó que habrá, además de los peritos oficiales y de parte, uno de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Destacó que su principal cliente, el exgobernador, le solicita la mayor celeridad posible para llegar a la instancia definitiva en el caso.

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